Tlaxcala, Tlax.- Desde marzo de 2026, los pobladores de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe mantienen posiciones encontradas por un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pretende construir una Unidad de Medicina Familiar sobre terrenos destinados históricamente a actividades deportivas para ambas comunidades. Para los pobladores, la construcción de un hospital no es el problema, sino la forma en que las autoridades presentaron el proyecto, la falta de información y la toma de decisiones sobre unos terrenos que, aseguran, fueron otorgados por las propias comunidades con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, por lo que ahora exigen transparencia en las decisiones sobre su uso.
Sin previo aviso, el pasado 13 de marzo, el Ayuntamiento de Chiautempan y Protección Civil del Estado comenzaron con el derribo de árboles para dar paso a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar del IMSS en los campos de Guadalupe Ixcotla -un proyecto que originalmente estaba contemplado para Zacatelco- lo que generó inconformidad entre habitantes de la comunidad y posteriormente derivó en actos de violencia y dos detenciones. Pese a que se trata de un proyecto del propio instituto, hasta el momento, el IMSS no ha emitido una posición clara sobre la construcción ni ha asumido el papel de principal interlocutor con las comunidades.
En cambio, han sido el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Chiautempan quienes han defendido públicamente el proyecto y sostienen que las comunidades fueron consultadas y que existe respaldo para su construcción. Esta versión es cuestionada por los comités opositores, quienes aseguran que las reuniones no constituyeron consultas válidas y que los pobladores no contaron con información suficiente para tomar una decisión sobre el destino de los terrenos.
A esto se suma que, hasta el momento, los comités aseguran que no conocen públicamente una maqueta del proyecto ni estudios técnicos sobre las condiciones del terreno, suelo o drenaje, que permitan conocer con claridad qué se pretende construir y cuáles serían sus implicaciones.
¿Cómo llegó el proyecto a Guadalupe Ixcotla?
En julio de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la construcción de 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Tlaxcala, entre ellos proyectos contemplados para la capital tlaxcalteca, Apizaco, Huamantla y Chiautempan. El anuncio ocurrió después de la inauguración del primer CECI empresarial en la Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX-I), en Tetla de la Solidaridad.
Para enero de 2026, Zacatelco figuraba entre los municipios considerados para recibir uno de estos centros, mientras que también se había informado sobre la posibilidad de un segundo proyecto en territorio tlaxcalteca. Sin embargo, en ese momento todavía no existía información pública clara sobre la ubicación que tendría el proyecto posteriormente planteado en Chiautempan.
De acuerdo con el testimonio de Domingo Fernández, poblador de Guadalupe Ixcotla, la información sobre la llegada de la infraestructura médica a la comunidad no fue compartida inicialmente de manera abierta con los habitantes. Según su versión, el proyecto comenzó a conocerse mediante rumores y sin una comunicación directa entre las instituciones involucradas y las comunidades.
“Obviamente, todo surge de esta problemática. Sí hubo un tema de mala información desde el principio con las instituciones que empezaron a participar, primero de forma privada con quienes fueron electos como comité para ver el tema de los campos y con algunas comisiones de la comunidad”.
El poblador sostiene que, ante la falta de información, se conformó un comité para atender el tema de los campos deportivos y que, desde sus primeras reuniones, sus integrantes asumieron una postura de rechazo al proyecto.
Para la Dra. Parastoo Anita Mesri, el rechazo no es «un capricho», sino una defensa del territorio, el medio ambiente y la legalidad comunitaria, debido a que el proyecto ocuparía terrenos comunales destinados al deporte, se ubicaría en una zona ambientalmente vulnerable y, asegura, carece de transparencia sobre permisos e impacto ambiental. También denuncia la existencia de consultas simuladas, represión policial y contradicciones del Ayuntamiento, por lo que exigen que cualquier decisión se tome mediante asambleas abiertas y con participación comunitaria.
La primera intervención física que los pobladores identifican como parte del proyecto ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando maquinaria comenzó a trabajar en los terrenos deportivos y fueron derribados 13 árboles jóvenes. De acuerdo con los integrantes del comité, durante ese momento no habrían recibido información ni documentación sobre la obra y personal de las áreas de Protección Civil y Ecología del Ayuntamiento de Chiautempan se encontraba en el lugar, lo cual, aseguran, derivó en el descontento de la población de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe.
Desde ese momento, los comités organizados solicitaron conocer los documentos relacionados con la intervención, pero aseguran que estos no fueron presentados en ese momento. Al no tener una respuesta efectiva, comenzaron a organizarse comités para investigar el proyecto atribuido al IMSS y defender el uso de los terrenos deportivos, mismo que fue donado por habitantes de ambas comunidades en 1985.
¿A quién corresponde el predio?
Los antecedentes jurídicos de los terrenos constituyen otro de los puntos centrales de la disputa. De acuerdo con una primera nota realizada por Escenario Tlaxcala, durante la década de 1970 las comunidades de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe acordaron destinar al menos 50 mil metros cuadrados de la Barranca Briones para áreas verdes, deporte y esparcimiento.
En 1985, el predio fue expropiado por causa de utilidad pública y, posteriormente, el 11 de julio de 2001, se formalizó ante notario público la donación de los terrenos al IMSS.
Estos antecedentes forman parte de la discusión actual sobre el origen, destino y situación jurídica del predio, particularmente respecto a las facultades para modificar el uso de los terrenos, pues las personas que realizaron la donación, en su mayoría adultos mayores, aseguran no haber sido notificadas sobre estos cambios durante estos últimos meses.
De la tala de árboles a las denuncias ambientales
De acuerdo con Parastoo Anita Mesri, asesora jurídica del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y el Comité Asignado para Investigar el Proyecto CECI, ubicado en el campo 5, las primeras acciones relacionadas con el proyecto ocurrieron el 13 de marzo, cuando personal del Ayuntamiento de Chiautempan derribó 13 árboles jóvenes en terrenos deportivos comunales de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe. A partir de entonces, las Asambleas Generales Comunitarias de ambas localidades acordaron conformar comités para investigar el proyecto atribuido al IMSS y defender los terrenos.
El 5 de julio comenzaron las excavaciones en la zona de la Barranca Briones, sin que, de acuerdo con los comités, las autoridades comunitarias hubieran sido notificadas previamente. Ante ello, integrantes de los comités acudieron al lugar para dialogar con las autoridades y conocer los permisos correspondientes a la obra.
Durante la intervención del campo número 5, los pobladores señalan que Manuel Alejandro Soledad Guzmán, funcionario de la Secretaría de Gobernación federal, no presentó documentación previa, pese a que se le reiteró que las asambleas comunitarias no habían aprobado el proyecto. La situación generó tensión entre los presentes y, de acuerdo con integrantes del comité, derivó en agresiones contra sus representantes, quienes denunciaron acciones de “desalojo violento”.
Los comités llevaron sus reclamos ante instancias estatales
Tras estos hechos, los comités comenzaron a recurrir a distintas instancias ambientales. El 22 de julio presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero la dependencia respondió que carecía de atribuciones para intervenir y señaló que el asunto correspondía a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
El 4 de agosto, los integrantes del colectivo solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente estatal información sobre la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la obra, así como copias certificadas del documento y la suspensión definitiva del proyecto. Un día después, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Tlaxcala para solicitar una inspección en la Unidad Deportiva y determinar posibles responsabilidades por el derribo de árboles y otros daños ambientales.
Las gestiones llegaron nuevamente al ámbito federal el 18 de agosto, cuando los comités solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la MIA del proyecto, además de la suspensión y no aprobación de la obra. Ese mismo día acudieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar un estudio hidrológico e hidráulico y una inspección de la barranca.
Finalmente, el 25 de agosto, los comités hicieron públicas sus inconformidades y denunciaron el posible daño ambiental y la falta de información sobre el proyecto. Afirmaron desconocer estudios de suelo y drenaje, así como maquetas de la obra, y acusaron un presunto manejo mediático adverso y acoso moral contra quienes participan en el movimiento de resistencia.
Un acta que permanece fuera de la discusión pública
La asamblea de consulta y el alcance de sus acuerdos permanecen, sin embargo, como uno de los principales puntos sin resolver. Mientras los pobladores que respaldan el proyecto aseguran que en julio se realizó una votación a mano alzada y que existe un acta firmada por los representantes de la asamblea, los comités opositores sostienen que no hubo una consulta válida ni un acuerdo comunitario que autorizara modificar el uso de los campos deportivos.
Escenario Tlaxcala no tuvo acceso al acta referida por los habitantes que respaldan la obra, por lo que este medio no pudo verificar de manera independiente qué se discutió, quiénes participaron, cuál fue el resultado de la votación ni los términos del acuerdo que, según esta versión, quedó asentado en el documento.
A ello se suma que las distintas partes mantienen versiones encontradas sobre la situación jurídica del terreno, los permisos del proyecto y las condiciones bajo las cuales puede modificarse el uso de los espacios deportivos.
Así, el conflicto entre Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe no se limita a la construcción de una unidad médica. También plantea quién puede decidir sobre el destino de estos terrenos, qué valor tienen los acuerdos comunitarios y qué información recibieron los habitantes antes de que comenzaran los trabajos.
En medio de ambas posiciones permanece el mismo problema que, según los propios habitantes, marcó el inicio del conflicto, la falta de información clara sobre el proyecto, sus permisos, el destino del terreno y los alcances de la consulta comunitaria.
Sin acceso al acta de la asamblea y a los documentos que permitan contrastar las distintas versiones, Escenario Tlaxcala no pudo determinar qué acuerdos fueron efectivamente adoptados por las comunidades ni bajo qué condiciones. Por ahora, esa ausencia documental mantiene abierta la principal disputa, quién decidió sobre el destino de los terrenos y con qué respaldo comunitario.
Los pobladores aclaran que no se oponen a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar, ante las limitaciones que enfrentan los servicios de salud en la región. Su inconformidad se centra en la falta de transparencia, la viabilidad ambiental del proyecto y el respeto a sus derechos como comunidades originarias, pues consideran que cualquier decisión sobre el destino de estos terrenos debe contar con respaldo comunitario y estar debidamente documentada.
También te puede interesar: RSF y medios de todo México exigen a Sheinbaum frenar agresiones a periodistas
