Pérez recalca que no se trata únicamente de un acto simbólico, sino también de rectificar públicamente el daño causado a su reputación y reconocer que permaneció injustamente privada de la libertad durante casi seis años. El reconocimiento institucional puede contribuir a contrarrestar las acusaciones que todavía aparecen en internet y que obstaculizan su intento de recuperar su vida profesional.

La reparación también requiere que avance la investigación por tortura. Pérez señala que la carpeta iniciada en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura lleva alrededor de tres años sin avances sustanciales, pese a que existen dictámenes médicos y psicológicos elaborados conforme al Protocolo de Estambul, testimonios y registros de llamadas al 911. El Centro Prodh exige que la investigación llegue ante un juez y que se determinen las responsabilidades individuales de los agentes y del Ministerio Público señalados.

«No pueden continuar con el pacto de impunidad en el estado de Tlaxcala, porque esto es enviar un mensaje de que las autoridades pueden torturar a quien se les cruce por la calle y que no van a tener ningún tipo de consecuencia.»

A la investigación se suma la reparación integral del daño, que debe contemplar atención médica y psicológica, rehabilitación y compensación económica. Pérez advierte que estos procedimientos pueden prolongarse entre dos y tres años, un tiempo especialmente difícil para alguien que pasó casi seis años sin trabajar, lejos de su entorno y que ahora necesita recursos para sostenerse y reconstruir su vida.

La documentación de las violaciones denunciadas también requirió años de trabajo fuera de la prisión. Durante el encarcelamiento de Sandra, su madre, Gloria Elvira Aguilar Álvarez, buscó testigos, reunió información y acudió constantemente ante las autoridades para reconstruir lo ocurrido y mantener activa la exigencia de justicia.

Gloria, la persistencia detrás de la Recomendación 06/2023 y el éxito del C5i

Durante tres años, Gloria Elvira Aguilar Álvarez, madre de Sandra, acudió semanalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala para preguntar por el avance del expediente, aportar pruebas y exigir que se investigaran las violaciones que su hija denunció. Su trabajo fue determinante para documentar el caso y contribuir a la emisión de la Recomendación 06/2023.

Neftalí Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reconoce que cuando la organización conoció a la familia, en 2023, Gloria ya había reunido una parte importante de las pruebas. Recorrió el lugar donde Sandra fue detenida, habló con comerciantes y vecinos y consiguió el testimonio de dos personas que presenciaron los hechos.

Una de sus principales gestiones fue insistir en la obtención de los registros del C5i relacionados con las llamadas al 911. Esos datos permitieron contrastar la versión de los agentes sobre la hora de la detención con la información documentada y evidenciar inconsistencias en el relato oficial. La búsqueda de esos registros fue parte del trabajo de investigación que Gloria sostuvo para reconstruir lo ocurrido y aportar elementos que respaldaran la denuncia de su hija.

Su labor no se limitó a presentar escritos. Buscó testigos, reunió información, dio seguimiento a las actuaciones de las autoridades y acudió de manera constante a la Comisión para evitar que el expediente quedara detenido. De acuerdo con Pérez, Gloria fue una pieza fundamental en la documentación del caso: “Sin ella no se hubiera podido o hubiera tardado mucho tiempo más”.

La Recomendación 06/2023, emitida en noviembre de ese año, reconoció violaciones a los derechos humanos de Sandra. Sin embargo, el documento no significó el fin de la exigencia de justicia ni sustituyó las investigaciones penales. La madre continuó insistiendo en que se investigara la tortura denunciada y se determinaran las responsabilidades correspondientes.

Sandra también reconoce que su libertad está ligada a la perseverancia de su mamá. Desde prisión, sus posibilidades de actuar eran limitadas y la comunicación con el exterior representaba una dificultad. Cuando pudo contarle lo que había ocurrido durante su detención, le pidió ayuda. Sandra redactó su primer escrito dirigido a derechos humanos y Gloria se encargó de llevarlo y darle seguimiento.

“Durante todo este tiempo, básicamente fue eso: ella durante todos estos años fue quien luchó por mi libertad, luchó por su hija”, relató Sandra.

Para ella, el acompañamiento de su madre no solo significó mantener activo el expediente, sino contar con alguien que creyera en su versión y no dejara de buscar respuestas. Sandra recuerda que la fortaleza y la perseverancia de Gloria también la ayudaron a sobrellevar el encierro: “Su amor siempre prevaleció, su fortaleza, su perseverancia y gracias a todo eso, pues a mí me transmitió ese mismo sentir para que yo adentro también pudiera estar tranquila y estar bien”.

Gloria resumió la razón que sostuvo su lucha durante años: “Yo he luchado hasta el final porque la conozco, porque es mi hija y porque la amo y porque sé que es inocente”.

Su trabajo permitió reconstruir aspectos de la detención, localizar testimonios y gestionar información relevante, incluidos los registros del C5i sobre las llamadas al 911. Esa labor contribuyó a documentar las irregularidades denunciadas y a reunir elementos que después fueron relevantes en los procesos judiciales. La liberación de Sandra, en junio de 2026, fue resultado de resoluciones judiciales; la documentación impulsada por su madre formó parte de una búsqueda de justicia que se prolongó durante años.

Las irregularidades documentadas en la detención de Sandra también obligan a revisar la actuación de la unidad antisecuestro de la Fiscalía de Tlaxcala, señalada en su denuncia por los actos de tortura que sufrió. Estas corporaciones fueron creadas para investigar delitos de alto impacto, pero su actuación debe apegarse a la ley y respetar los derechos humanos.