Para estas fechas, aunque todavía quedan algunas reclamaciones pendientes, pareciera que los conflictos postelectorales se van aplacando poco a poco. ¿Qué pasará entonces con la participación ciudadana en Tlaxcala de ahora en adelante? ¿Será que se podrá mantener durante más tiempo, de manera que la población del estado le dé seguimiento a todo lo que se comprometió durante el periodo electoral?
Para ubicar un poco mejor esto, será bueno recordar que, casi en todas partes, lo que se entiende por participación ciudadana es un proceso que proporciona a las personas una oportunidad de incidir en la deliberación y la toma decisiones públicas, y que esto ha sido desde hace mucho un componente del proceso democrático de toma de decisiones. De hecho, en México tenemos establecido, desde hace también muchos años, el Sistema de Planeación Democrática, por el que, de acuerdo a Víctor Alfaro, de la UNAM, las dependencias de gobierno deberían establecer relaciones entre ellas, con las organizaciones de la sociedad civil y con autoridades de los estados y los municipios, para planear y coordinar la realización de acciones de común acuerdo. También, para cada uno de los estados, existe la figura de los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (Coplade) que, como lo expone Felipe Castillo (mexico.leyderecho.org), son “organismos públicos… encargados de promover y coadyuvar a la formulación, actualización, instrumentación y evaluación de los planes estatales de desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los gobiernos federal, estatal y municipal tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.”, y también la misma figura en el ámbito municipal, el Coplademun, que tiene la facultad de efectuar tareas de planeación en el ámbito municipal, y de promover y convenir programas y recursos con otros municipios y los gobiernos de los Estados, y con la Federación. Y además de estas figuras por las que podríamos participar en la planeación estatal y municipal, aquí tenemos la Ley de Consulta Ciudadana para el estado de Tlaxcala, por la que podemos aprovechar al menos la figura de Iniciativa Popular para poner ante el Congreso o los ayuntamientos propuestas que tengan por objeto crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes o decretos estatales o reglamentos municipales, para que el Congreso o el Ayuntamiento las estudie, analice, modifique y las apruebe o las rechace. (Artículos 20 a 25)
Y entonces, ¿qué pasa con la participación ciudadana en México y en el estado?, ¿por qué parece que sólo se limita a los periodos electorales o a la gestión y solución de problemas inmediatos, de interés meramente grupal o hasta individual? Por un lado, porque aquí como en todo el país, nunca ha habido difusión clara y suficiente de las herramientas que se han construido para facilitar y promover la participación de la ciudadanía en los procesos de deliberación y toma de decisiones sobre los asuntos públicos, y porque, cuando sí se hace, es para dar cabida a personas y grupos casi siempre afines a los planes y proyectos ya acordados con el gobierno en turno, sean corruptos o no, pero siempre en beneficio de esas mismas personas. Y, por otro lado, aunque siempre ha ido de la mano con lo anterior, que tanto las autoridades como los funcionarios de las dependencias se amparan en definiciones de participación ciudadana como la que se expresa en el artículo 2 de nuestra Ley de Consulta Ciudadana en Tlaxcala, a saber: “se entiende por participación y consulta ciudadana el proceso por el cual los órganos de gobierno requieren la opinión y participación de los ciudadanos, por medio de los mecanismos que esta ley establece, con la finalidad de sustentar socialmente la toma de decisiones en materia de formación de leyes y de políticas públicas.” Es decir que, hasta ahora, y así en la mayoría de los procesos, autoridades y funcionarios han simulado procesos de participación ciudadana solamente para justificar mediáticamente la toma de decisiones que ya tomaron, aunque esas decisiones vayan en contra de la vida de la misma ciudadanía a la que afirman haber consultado.
Y entonces, ¿a quién le toca ahora este asunto del ejercicio de la participación ciudadana? En primer lugar, claro, a las ciudadanas y los ciudadanos que debemos sacudirnos el individualismo y la apatía para informarnos, utilizar las herramientas de que disponemos tanto legales como de organización comunitaria y ejercer con ellas nuestro derecho a participar en todos los procesos de deliberación y toma de decisiones sobre los problemas que nos afectan. Pero también, quizá y sobre todo, a las autoridades que recién llegan, que deberán sacudirse la tentación de la simulación y la presión de la corrupción, para crear las condiciones, formas, mecanismos y espacios que verdaderamente promuevan y faciliten la participación de la ciudadanía del estado en los procesos de compartir información, analizarla y procesarla, realizar diagnósticos y con base en eso participar también en los procesos de deliberación y toma de decisiones sobre los asuntos públicos y sobre todo sobre la solución a los problemas que nos afectan a todas y todos en Tlaxcala.
¿Será que esta vez sí, las autoridades electas y sus equipos de gobierno asumirán el reto y su responsabilidad de gobernar, no para ni a pesar de, sino con la población?
Por Federico Luis Pohls Fuentevilla
[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
