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A un año de la recomendación emitida por la CNDH, no se ha hecho nada para sanear el río Atoyac: Organizaciones Civiles

Tlaxcala, Tlax. Ha pasado un año exactamente desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 10/2017 para atender la violación de los derechos humanos de un ambiente sano, al saneamiento, a la información, a la salud y otros, de quienes habitan y transitan por la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en los estados de Puebla y Tlaxcala. Al día de hoy, organizaciones civiles denuncian que no se han realizado acciones que respondan de manera efectiva a estos puntos.

De acuerdo con información del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, sólo la cuenca del río Atoyac recibe, anualmente, más de 81 mil 700 toneladas de sustancias contaminantes, es decir, 224 toneladas al día.

Las asociaciones civiles exigen a un año de la emisión de las recomendaciones exigen:

  1. Que las autoridades convoquen ya a la conformación del Grupo Interinstitucional, con participación de las organizaciones de la sociedad civil.
  2. Que se detengan las obras, las licitaciones y las erogaciones presupuestales en tanto no se haya conformado el Grupo Interinstitucional y no se haya creado un mecanismo adecuado de evaluación y verificación de las obras propuestas, con participación de científicos independientes y organizaciones de la sociedad civil.
  3. Que se tomen medidas urgentes para detener ya los vertimientos de aguas residuales industriales en los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas dentro de la cuenca y se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas que no den tratamiento adecuado a sus residuos antes de verterlos en los ecosistemas.
  4. Una audiencia pública con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar los pasos a seguir, ante el flagrante incumplimiento de la Recomendación 10/2017 por parte de todas las autoridades recomendadas.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, aseguró “nos asiste la razón en el marco del derecho internacional”. Comentó que se buscará que la Suprema Corte de Justicia llame a comparecer a las autoridades por el incumplimiento con tratados internacionales. “Los gobiernos están cometiendo crímenes de lesa humanidad ahora que se trata de una incidencia”, puntualizó.

Agregó también que uno de los grandes pendientes es la investigación de las emisiones al aire que producen estos contaminantes expuestos a cielo abierto. Al respecto, Octavio Rosas miembro del Centro Fray Julián Garcés, habló de la Norma Oficial Mexicana 001-1996 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece los límites máximos permitidos de contaminación, para indicar que esta normatividad está rebasada en muchos puntos, particularmente en el tratamiento igual que da a la variedad de contaminantes industriales, que a su vez varían de los desechos municipales.

Aunado a este último punto se presenta una nueva problemática vislumbrada en la publicación del Diario Oficial de la Federación en relación con el proyecto de una nueva Norma Oficial Mexicana que de acuerdo a su revisión resulta ser más laxa que la existente.

Miembros de estas asociaciones denuncian que lo que están haciendo los gobiernos municipales y el ejecutivo es más bien  una simulación debido a que solo contemplan una acción: inversiones millonarios para la construcción de plantas de tratamiento de agua residual. Además, les preocupa que las acciones inconexas, caras, insuficientes e ineficaces entre los diferentes niveles de gobierno puedan presentarse como el Plan de Saneamiento que demanda la CNDH; así mismo, su inquietud aumenta tras la sospecha de una posible privatización del saneamiento que implicará la concesión a empresas privadas y los cobros por los daños a la población que es la afectada.

La omisión es preocupante, tanto como lo es la violación al derecho a la información que manifiesta el Centro Fray Julián Garcés, pues revela que al haber solicitado datos sobre el avance en la creación del Grupo Interinstitucional, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dependencia en la que recae esta obligación, declaró esa información como inexistente. Al interponer recursos de revisión, con fecha del plazo de vencimiento el día de ayer, no hubo respuesta.

Respecto a la responsabilidad de la CONAGUA, las asociaciones civiles manifestaron que su actuación ha sido insuficiente al punto en que “el estado mexicano ha destruido su capacidad de vigilancia”. Refieren que del año 2007 a 2012 esta dependencia realizó únicamente 9 visitas de inspección en los 5 municipios que alcanza la Recomendación 10/2017 (Tepetitla, Ixtacuixtla y Nativitas, en Tlaxcala; Huejitzingo y Texmelucan, en Puebla) para cubrir a las 2000 empresas industriales que abarcan ese territorio.

Estas repercusiones ambientales, económicas, de salud e incluso culturales son el reflejo de un problema amplio de derechos humanos que repercute en las 70,000 personas que habitan en estos municipios, y que trasciende hasta las 2 millones de personas que viven cerca de los ríos Atoyac y Xochiac. Se trata de un problema que se ha ido agravando pues los primeros indicios documentales datan de un foro de 1980, donde, de acuerdo con el señor Arturo Olvera, miembro del Consejo Ciudadano para la Dignificación del Ixtacuixtla, “los daños ya se veían venir”.

Isabel Cano, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, oriunda del municipio de Tepetitla, a 8 años del fallecimiento de su hija ocasionado por la contaminación en el agua y el aire dijo recordar que hace años los padecimientos los sufrían los adultos, “ahora son niños y no contamos con médicos preparados, en los hospitales ya no nos reciben. El pueblo está lleno de enfermos. Esto ya es un grito de desesperación; no es un pedir, es una exigencia. De estas aguas comemos”.

También de la Coordinadora, la doctora Alicia Lara Vázquez, dijo que la propuesta colectiva de saneamiento que pretenden compartir con el Grupo Interdisciplinario que están demandando en el resultado “del quejar de las comunidades que piden a gritos las soluciones”. Escenario Tlaxcala no recibe dinero por convenios oficiales y no pretendemos hacerlo. Necesitamos de ti que eres parte de esta comunidad de lectores. Suscríbete a nuestro ejército de guerreros y luchemos juntos por más periodismo independiente y contra la desinformación.

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