Licencias de maternidad y salud mental materna
Durante la sesión ordinaria, la diputada Sandra Aguilar Vega presentó una iniciativa de reforma para la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el objetivo de ampliar los derechos de maternidad, lactancia y adopción para quienes laboran en el servicio público estatal y municipal.
La propuesta plantea ampliar la licencia de maternidad a 20 semanas con goce íntegro de sueldo, mismas que serán distribuidas en diez semanas antes y diez después del parto, esta reforma contempla la posibilidad de reorganizar ese periodo previo o posterior al nacimiento con autorización del jefe inmediato.
Aguilar Vega sostuvo que la protección de la maternidad constituye un derecho humano respaldado tanto por la Constitución como por organismos internacionales, por lo que la iniciativa además busca garantizar un periodo de lactancia no menor a seis meses tras la reincorporación laboral, priorizando la salud y alimentación de las infancias.
De igual forma, el proyecto propone otorgar licencias por adopción de 20 semanas con sueldo completo para madres y padres adoptantes, ya sea de manera individual o en pareja, con el objetivo de fortalecer la integración familiar y el desarrollo emocional de menores de edad.
Al mismo tiempo, la diputada local por Morena, Gabriela Hernández, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado en materia de salud mental materna, con el objetivo de garantizar atención psicológica e integral a mujeres embarazadas, durante el puerperio y en etapa de maternidad temprana.
Con esta propuesta, la legisladora busca incorporar nuevas disposiciones legales para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones periódicas de salud mental antes y después del embarazo, a fin de detectar y atender oportunamente casos de depresión prenatal y postparto.
Hernández Islas señaló que la iniciativa también contempla capacitación constante para personal médico, psicológico, de enfermería y trabajo social en materia de salud mental materna, con el propósito de humanizar la atención y prevenir la violencia obstétrica. Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
Impulsan oportunidades laborales para jóvenes, refuerzo de la seguridad en el campo y mayores sanciones por robo agropecuario
Mientras tanto, la diputada Aurora Villeda Temoltzin presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Juventud del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de crear un programa de primer empleo que facilite la incorporación de las juventudes al mercado laboral en la entidad.
Durante su intervención, la legisladora señaló que miles de jóvenes enfrentan barreras para acceder a una primera oportunidad laboral debido a la falta de experiencia previa, de ahí que su propuesta busque incentivar a las empresas para contratar a personas jóvenes en puestos de nueva creación, mismos que estarán presentes en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitiría acceder a estímulos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas y otros beneficios contemplados en la Ley de Ingresos del Estado.
Por otra parte, la diputada Anel Martínez Pérez presentó una iniciativa dirigida a fortalecer las acciones de vigilancia, atención y canalización de reportes ciudadanos relacionados con prácticas o métodos que puedan alterar el ciclo hidrológico en zonas agrícolas, una propuesta enfocada en los municipios de la entidad.
Durante su participación, la legisladora afirmó que la iniciativa busca involucrar tanto a productores como a la población en la protección del campo agrícola, al tratarse de una de las actividades económicas y sociales más relevantes de Tlaxcala. Asimismo, explicó que la propuesta pretende reforzar la coordinación institucional para garantizar la vigilancia ambiental, promover mecanismos de denuncia y ampliar la participación de ayuntamientos, presidencias de comunidad, regidurías y áreas municipales vinculadas con el sector agrícola.
Por su parte, el diputado local Jaciel González Herrera presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar como agravante el robo y la sustracción de maquinaria, herramientas y equipo destinado a actividades agropecuarias.
Durante su participación, el legislador sostuvo que la agricultura representa una actividad estratégica para Tlaxcala debido a su aportación a la economía, la producción de alimentos y el sustento de miles de familias, por lo que consideró necesario fortalecer la protección legal de los bienes indispensables para el desarrollo del campo.
Asimismo, señaló que el robo de este tipo de equipos genera afectaciones directas a la productividad agrícola, incrementa los costos para productores y trabajadores del sector, y compromete la continuidad de las actividades del campo. También advirtió sobre el encarecimiento de los insumos y la necesidad de incorporar tecnologías que permitan un uso más eficiente de los recursos.
Las tres propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y dictaminación, conforme al procedimiento legislativo establecido por el Congreso del Estado de Tlaxcala.
Congreso de Tlaxcala aprueba distribución de recursos excedentes y reformas en materia de control constitucional
Además, El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto para autorizar la distribución de recursos excedentes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La propuesta, presentada el diputado Bladimir Zainos Flores, deriva de una iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y funcionarios estatales, mediante la cual se solicitó distribuir un total de 147 millones 520 mil 274 pesos provenientes de ingresos excedentes registrados entre enero y marzo de este año.
El documento refiere que el incremento en los ingresos se debió al comportamiento favorable de las participaciones federales, incentivos económicos y fuentes locales, que registraron aumentos superiores a lo estimado en la Ley de Ingresos 2026.
Asimismo, se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Control Constitucional del Estado, con el objetivo de actualizar y armonizar este ordenamiento con el marco constitucional y legal vigente.
El Dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, mismo que busca fortalecer el funcionamiento de la justicia constitucional local y brindar mayor certeza jurídica en los procedimientos contemplados en la ley.
Entre las modificaciones aprobadas destaca la reducción del número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma o la procedencia de una acción por omisión legislativa, pasando de diez a cinco votos de magistradas y magistrados, en concordancia con la actual integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conformado por siete integrantes.
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