Tlaxcala, Tlax. El albergue La Sagrada Familia de Apizaco ha atendido en siete años a más de 33 mil 500 migrantes centroamericanos que viajan en el tren para llegar a Estados Unidos; 78.4 por ciento son hondureños y el 2.5% mujeres.
Con el llamado para que el gobierno del estado abra caminos de diálogo para garantizar los derechos humanos de los migrantes e incluir el tema en la agenda pública, el Albergue La Sagrada Familia celebró este día siete años de haberse constituido.
En la apertura de las actividades programadas para este día, el padre Elías Dávila y Sergio Luna, representantes del albergue y del Colectivo por una Migración Sin Fronteras, presentaron el informe de actividades de 2017 y los resultados de las acciones de ayuda humanitaria para los migrantes en tránsito centroamericanos y mexicanos.
Desde su constitución en 2010, el albergue ha atendido a más de 33 mil 570 migrantes y, en lo que va de 2017, a 2 mil 193 migrantes y ha encabezado la defensa legal a favor de 21 centroamericanos violentados durante su tránsito por Tlaxcala hacia los Estados Unidos.
“Este lugar de encuentro se ha mantenido por el apoyo desinteresado de muchas personas e instituciones que comparten la visión de que es necesario construir una mejor sociedad y que los migrantes son personas en condición de vulnerabilidad, que merecen mejores condiciones de tránsito en el contexto global de una política migratoria elitista, de control y selectiva que obedece a intereses económicos sobre para qué y quienes deben migrar”, señaló Sergio Luna.
Según los datos obtenidos por el albergue el flujo migratorio disminuyó en 2017 por la incertidumbre que generó la política migratoria de Donald Trump, el incremento de la violencia contra los sujetos migrantes y el recrudecimiento de la política antimigrante de México.
A pesar de esto, la fuerza económica de los países centroamericanos, jóvenes de 22 años de edad, sigue migrando. En 2017 el 78.4% de los migrantes de tránsito provenía de Honduras, mientras que entre el 2.3 y 88.8% de El Salvador, Nicaragua y México.
Luna dijo que en Tlaxcala se mantiene la serie de impedimentos para que los migrantes agredidos accedan a la justicia. Señaló que pese a las propuestas que presentó el Colectivo Por una Migración sin Fronteras, el gobierno del Estado no definió en el Plan Estatal de Desarrollo una política pública para la atención y el respeto de los migrantes, la designación presupuestal y la creación del Instituto Estatal de Migración.
“Hemos insistido en el trabajo de incidencia para la defensa de los derechos de los migrantes y con el diálogo con las autoridades para retomar los temas necesarios, como corregir la norma de ley de migración, que se implementen acciones de combate a la delincuencia, el diseño de protocolos para la atención de migrantes víctimas de delitos y la creación de la Fiscalía”, señaló Sergio Luna.
