Tlaxcala, Tlax. Una de las exigencias de los transportistas al Gobierno del Estado, además de prohibir definitivamente las plataformas digitales de transporte como Uber o Cabify (en Tlaxcala, Pronto), es la de otorgar mayor seguridad en vías carreteras pues los robos a transportistas colectivos han incrementado, esto en voz de los propios conductores.
Y es que, acorde a los manifestantes, son alrededor de 30 y 40 las unidades que han sido robadas en lo que va del año, en tanto al cierre de 2018 sumaron casi 100 casos de robo a unidades vehiculares.
Sin embargo, las cifras oficiales van en contra de los dichos de los conductores, y es que, acorde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo 2019 solo se reportaron dos robos con violencia en los meses de enero y marzo, sin haberse reportado otro hecho delictivo contra el transporte colectivo.
Los mismos datos pero de 2018 reportan solo 3 sucesos de robo a transporte público colectivo y dos a transporte público individual (taxis), no 100 como aseguraron algunos de los inconformes representados por Hugo Salado del Razo, Indalecio Saucedo Sánchez, Luis Texis Hernández y Bernardo López Nieto, concesionarios y dirigentes de organizaciones transportistas.
Exigencias al gobierno, sin sustento en estudio alguno
Este 15 de julio, como fue anunciado, cientos de transportistas cercaron el primer cuadro de la capital Tlaxcalteca, ahí, Hugo Salado del Razo, cuestionado sobre cuánto ha representado en pérdidas para el sector transportista la llegada de plataformas digitales, respondió:
“No, de verás no, en ese tipo de situaciones y preguntas pues me dejas quieto, porque no tengo el dato completo, porque tendríamos que hacer un estudio, y sobre ese estudio ya te tendría yo, en un momento dado, qué contestar. Sería yo mentiroso si te digo que un millón, no es cierto”.
Asimismo, cuestionado sobre el alza en las tarifas del servicio de taxis, el representante transportista prácticamente admitió que pedían diálogo con el gobierno local sin antes tener una justificación para sus exigencias, pues no hay hasta el momento estudio socioeconómico que sustente toda propuesta.
“Vamos a tener estudios socioeconómicos y de factibilidad para que en un momento dado se vayan dando las cosas”, sin referir cuándo es que se estarían realizando dichos estudios.
