Tlaxcala, Tlax.- La profesionalización de las policías municipales y la atención a la salud mental de sus integrantes marcaron parte de la agenda de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, con iniciativas presentadas por las diputadas Miriam Esmeralda Martínez Sánchez y Sandra Guadalupe Aguilar Vega.
Durante la jornada también se plantearon medidas para proteger los vehículos en estacionamientos comerciales y establecer agravantes en el delito de feminicidio cuando existan antecedentes de órdenes de protección, por parte de las diputadas Anel Martínez y Maribel León. Además, el Pleno recibió el informe de la Comisión Especial encargada de recabar elementos para el procedimiento de juicio político CQD/Q/PRDT/CG/037/2026.
Proponen capacitación regional y atención a la salud mental de policías
La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez propuso establecer mecanismos de cobertura regional para ampliar las oportunidades de capacitación y profesionalización de las policías municipales. La iniciativa plantea reformar las leyes de Seguridad Pública y Ciudadana, y del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Como parte de su exposición de motivos, la legisladora citó datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2024, según los cuales únicamente 695 de los mil 919 integrantes de las corporaciones policiales municipales de Tlaxcala contaban con Certificado Único Policial, equivalente al 36.2%. La proporción nacional reportada fue de 62.8%.
Ante este panorama, la diputada propuso que la Academia Estatal de Seguridad Pública organice la formación mediante esquemas de cobertura regional, en lugar de depender de que cada municipio gestione por separado la capacitación de sus elementos. También planteó un programa anual que considere el número de policías, las necesidades de cada corporación, sus condiciones operativas y la disponibilidad de instalaciones.
Por su parte, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó una iniciativa para incorporar la atención psicológica y psiquiátrica obligatoria y periódica como parte de los sistemas de seguridad social del personal policial.
La propuesta también plantea reconocer el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y el síndrome de desgaste del trabajador como riesgos de trabajo, ante la exposición de los elementos de seguridad a situaciones de violencia, acontecimientos de alto impacto, amenazas y jornadas laborales extensas.
Como sustento, la legisladora citó un estudio publicado en 2023 en la Revista Mexicana de Ciencias Penales, sobre la salud mental de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaxcala. La evaluación psicométrica se aplicó a 18 policías: tres requerían atención especial y la ansiedad generalizada fue la alteración clínica de mayor presencia, identificada en el 23% de la población estudiada.
A partir de estos antecedentes, la iniciativa propone que la atención no se limite a situaciones de crisis, sino que incluya prevención, detección temprana, valoración periódica y seguimiento especializado, bajo criterios de confidencialidad y respeto a los derechos humanos.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis y dictaminación.
Plantean protección para vehículos y agravantes por feminicidio
Por su parte, la diputada Anel Martínez Pérez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, con el propósito de establecer medidas de seguridad y protección patrimonial para las personas usuarias de estacionamientos en supermercados, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales.
La propuesta contempla que los establecimientos cuenten con seguros contra daños o robo, reglamentos internos de funcionamiento y seguridad, además de información visible sobre las coberturas contratadas y los procedimientos para presentar reclamaciones.
También plantea incorporar mecanismos de control de acceso, registro, iluminación y vigilancia, de acuerdo con las características y capacidad de cada estacionamiento, sin distinguir entre aquellos que ofrecen el servicio de manera gratuita o mediante el cobro de una tarifa.
En otro tema, la diputada Maribel León Cruz propuso reformar el Código Penal del Estado de Tlaxcala para establecer una agravante relacionada con el feminicidio cuando la víctima hubiera contado previamente con una orden de protección impuesta a su agresor.
Para ello, plantea adicionar la fracción VII Bis al artículo 229, con el propósito de incorporar esta circunstancia entre las relacionadas con el delito. El proyecto también contempla que la pena pueda incrementarse hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea adulta mayor, persona con discapacidad, se autodetermine como indígena o tenga un vínculo de parentesco con el agresor.
Asimismo, considera los casos en que el delito se cometa frente a una víctima indirecta o cuando el responsable sea servidor público y se valga de esa condición para cometerlo. La legisladora también propuso sustituir el término “persona con discapacidad” por “persona en situación de discapacidad” en la redacción del artículo.
La iniciativa de Anel Martínez fue turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; mientras que la propuesta de Maribel León quedó en manos de esta última comisión.
Comisión Especial entrega informe sobre juicio político
Durante la misma sesión se presentó el informe de actividades de la Comisión Especial encargada de recabar elementos para la sustanciación del procedimiento de juicio político identificado con el expediente CQD/Q/PRDT/CG/037/2026.
El documento comprende las actuaciones realizadas desde la instalación de la Comisión, el 18 de septiembre de 2026, hasta la conclusión de los trabajos encomendados. Entre ellas se encuentran la recepción y solicitud de elementos probatorios, así como la recopilación de documentación relacionada con el expediente.
El informe precisa que los elementos fueron integrados y relacionados de manera descriptiva, sin emitir un pronunciamiento sobre su admisibilidad, autenticidad, alcance o valor probatorio, aspectos que deberán analizarse en las etapas procesales correspondientes.
Tras su presentación, el documento fue turnado a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, para dar continuidad al trámite. Asimismo, se declaró extinta la Comisión Especial, al considerar cumplida la encomienda para la que fue instalada.
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