Tlaxcala, Tlax.- A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en Tlaxcala, persisten desafíos para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Entre ellos destacan la objeción de conciencia del personal médico, las barreras institucionales para acceder a servicios de salud y la falta de actualización formal de los ordenamientos estatales.
Estos pendientes fueron abordados durante el foro «Retos y Pendientes de la Despenalización del Aborto», realizado este jueves en el Patio Vitral del Congreso del Estado, con la participación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (DDESER) Tlaxcala, la Asociación Civil “Católicas por el Derecho a Decidir”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) y la diputada local Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.
Uno de los temas centrales fue la objeción de conciencia del personal médico, que, si bien constituye un derecho individual, no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres y personas gestantes accedan a servicios de interrupción del embarazo. Para ello, las instituciones de salud deben garantizar personal no objetor suficiente y mecanismos de referencia oportunos que eviten negativas injustificadas, retrasos o situaciones de revictimización.
Otro de los pendientes es la eliminación formal de las disposiciones que la Suprema Corte declaró inconstitucionales. Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, el 2 de diciembre de 2025, el máximo tribunal declaró inválidos los artículos 242 y 243 del Código Penal de Tlaxcala, que criminalizaban la interrupción voluntaria del embarazo y establecían excepciones a su penalización. La resolución estableció efectos retroactivos para la invalidez de estos artículos.
En materia de salud, la Corte también invalidó diversas disposiciones de la legislación estatal, entre ellas la exigencia de autorización del Ministerio Público para acceder a la interrupción del embarazo y determinadas restricciones relacionadas con la atención a víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, el Congreso local no ha informado públicamente qué acciones realizará para retirar formalmente del texto de sus ordenamientos las disposiciones invalidadas ni ha explicado el estado de cumplimiento de la sentencia. La Suprema Corte ordenó notificar sus puntos resolutivos al Poder Legislativo estatal desde diciembre de 2025. Aunque la invalidez decretada por el máximo tribunal no depende de una nueva votación legislativa, el Congreso pudo haberse pronunciado sobre el cumplimiento de la resolución y avanzar en la depuración de su legislación.
A estos desafíos se suman la capacitación del personal de salud, la difusión de información clara y accesible sobre los servicios disponibles, la eliminación de prejuicios en la atención médica y la garantía de un trato digno, confidencial y libre de discriminación. También resulta necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia para que las instituciones cumplan con sus obligaciones.
Durante el encuentro, la directora de DDESER, Rosario Texis Zúñiga, y las organizaciones participantes destacaron la importancia de mantener el diálogo y avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El foro se desarrolló mientras, en el exterior del recinto, un grupo de personas que se opone a la despenalización del aborto se manifestaba; posteriormente, algunas ingresaron al inmueble e interrumpieron las actividades.
Pese a este incidente, el encuentro permitió colocar nuevamente sobre la mesa los pendientes que enfrenta la entidad. A casi un año de la resolución de la Suprema Corte, el desafío para Tlaxcala ya no se limita a dejar de criminalizar el aborto, sino a garantizar que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer su derecho a decidir y acceder a servicios de salud seguros, oportunos y sin discriminación.
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