Tlaxcala, Tlax.- El síndico municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Gilberto Flores Maldonado, denunció que la administración anterior (2021–2024) habría cedido el control económico del mercado municipal al ex-edil Eddy Roldán Xolocotzi por un periodo de 50 años. Esta acusación, aseguró, le ha costado ser excluido de algunas sesiones de Cabildo durante la actual administración.
Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gilberto Flores Maldonado afirmó que el documento denominado Contrato de Comodato, establece como beneficiario del mercado municipal al exedil y actual presidente honorífico del DIF de Contla de Juan Cuamatzi, Eddy Roldán Xolocotzi. El acuerdo, añadió, fija un pago anual de 10 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento del inmueble.
Escenario Tlaxcala tuvo acceso a este oficio, expedido por el notario público Cesáreo Santamaría Madrid, titular de la Notaría Pública Número Uno de la demarcación de Lardizábal y Uribe, mediante el cual se avala a Eddy Roldán Xolocotzi como presidente del Consejo de Administración del mercado. El documento, emitido en Chiautempan, establece la entrega del uso, goce, disfrute y explotación del mercado municipal y su estacionamiento a dicho consejo por un periodo de 50 años, con vigencia del 12 de agosto de 2024 al 12 de agosto de 2074.
En el apartado “I” del documento se le confiere, además, la facultad de cobrar rentas y administrar el inmueble sin intervención del gobierno municipal.
De acuerdo con información compartida por Flores Maldonado, la aprobación del Consejo de Administración del Mercado Municipal fue el 12 de agosto de 2024 durante una sesión extraordinaria de cabildo del municipio, misma en la que señala no haber estado presente debido a que solicitó un periodo de licencia, por lo que su suplente Pablo Xelhuantzi estuvo en representación.
Posteriormente, señaló que el 30 de agosto de 2024 se formalizó el contrato de comodato entre el Ayuntamiento, representado por la síndico Leticia Flores Sarmiento, y Eddy Roldán Xolocotzi, en su carácter de presidente del Consejo.
De acuerdo con lo expuesto por el síndico, Gilberto Flores, la Ley Municipal establece en su artículo 34, fracción XV, la obligación de remitir anualmente al Archivo General las actas de cabildo. No obstante, al realizar una consulta en el Archivo Histórico, detectó que el municipio de Contla no había entregado las correspondientes a los años 2024 y 2025. Esta información le fue confirmada por el jefe de departamento, Eleazar Pérez Hernández.
Asimismo, indicó que durante el proceso de entrega-recepción la autoridad omitió compartir información. Explicó que existe un plazo de 15 días para notificar al Órgano de Fiscalización, el cual, a su vez, debería haber informado al síndico; sin embargo, afirmó que dicha notificación no se realizó.
Gilberto Flores ha señalado que desde la difusión de los documentos en los que expone la situación, ha sido excluido de al menos una sesión de Cabildo y eliminado de los grupos de comunicación por parte del presidente honorífico del DIF, Eddy Roldán Xolocotzi, ex edil de Contla.
En ese sentido, en un video publicado en sus redes sociales contextualizó que cada trimestre se presenta la cuenta pública del municipio; sin embargo, precisó que durante el último trimestre de 2025 no se le proporcionó la información correspondiente para su revisión y validación.
Por esta razón, en enero de 2026 decidió no firmar la cuenta pública remitida al Congreso del Estado. Conforme a la ley, este documento debe contar con la firma de la presidenta municipal, el tesorero y el síndico; sin embargo, este último se negó a suscribirla al señalar que no le fue proporcionada la información necesaria para su análisis y eventual aprobación, situación fue notificada tanto al Órgano de Fiscalización como a la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado.
Como resultado de no firmar, días posteriores fue notificado de que ya no tendría la facultad de revisar la información ni se le proporcionaría documentación alguna, bajo el argumento de que dicha atribución corresponde al Órgano de Fiscalización.
Por lo que hasta el momento, el síndico continúa a la espera de que sea resuelto el hecho de lo señalado, y sus facultades y obligaciones sean ejecutadas al margen de las leyes.
Por su parte, el exedil Eddy Roldán Xolocotzi y los integrantes del Cabildo 2021–2024 publicaron un video en respuesta al síndico Flores Maldonado, donde aseguraron que el comodato otorgado contó con sustento legal y respondió a un objetivo específico de protección patrimonial. Señalaron que existía el riesgo de que terceros intentaran apropiarse del mercado y sus locales, principalmente a partir de laudos laborales heredados de administraciones anteriores.
En este sentido, precisaron que el mercado municipal forma parte de los bienes de dominio público del Ayuntamiento, por lo que el acuerdo no implicó en ningún momento la transferencia de propiedad a particulares.
Añadieron que el síndico Gilberto Flores Maldonado tenía conocimiento de este documento y que, aunque no lo firmó, estaba al tanto de su contenido. Asimismo, señalaron que presuntamente habría divulgado esta información después de que no se le autorizara el cobro por algunos locales del mercado. Situación que Flores Maldonado ha negado.
Pese a que el ex edil, Eddy Roldán, niegue dicha acusación, el Contrato de Comodato evidencia que se encuentra violando diversas normas, tanto a nivel federal como local. En un escenario como el denunciado —relacionado con la presunta apropiación de un mercado construido con recursos públicos en Contla de Juan Cuamatzi— se configuraría una transgresión al Código Penal Federal de México, específicamente en sus artículos 217, por uso ilícito de atribuciones y facultades, y 224, por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, contravendría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en sus artículos 52 al 64 tipifica faltas graves como abuso de funciones y desvío de recursos públicos. En el ámbito estatal, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece en su artículo 34, fracción VIII, que los ayuntamientos no pueden realizar actos con efectos posteriores al periodo para el que fueron electos, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier intento de adjudicar bienes públicos con beneficios más allá de su gestión.
No obstante, este hecho habría sido autorizado ante el notario Cesáreo Santamaría, lo que no lo exime de responsabilidad legal, ya que ningún acto notarial puede validar disposiciones contrarias a la ley; además, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala prohíbe el uso del patrimonio municipal para fines personales, por lo que dichos actos serían nulos y sujetos a sanciones administrativas y penales.
