Bajo la máxima de autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIPTlax), se continúa trabajando en los recursos de revisión, sin embargo, algunas dependencias estatales se han negado a dar respuesta al organismo, informó el comisionado David Cabrera Canales.
Tal es el caso del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que tiene diversos recursos de revisión en contra, empero, en uno de ellos, en materia de transparencia, el órgano cuestionó la presidencia: “Dijo – Usted no es el presidente, por lo tanto yo no tengo que atender el requerimiento que se está haciendo”, es decir, la instancia se negó a dar respuesta a una requisición de ley.
Lo mismo, indicó Cabrera Canales que, a partir de su nombramiento como presidente del máximo órgano de gobierno, solicitó al OFS realizar el procedimiento de entrega-recepción, mismo que no se ha realizado incurriendo así en una responsabilidad.
Mismo caso ocurrido con la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), por lo que Canales declaró que ningún ente obligado tiene facultad para negar la presidencia del organismo autónomo así como no hay pretexto para no entregar la información de transparencia pues se estarían violando las leyes Federal y Local en materia, así como se vulnera un derecho humano.
Por lo que advirtió el comisionado que habrá consecuencias en modo de medidas de apremio, más no multas pues no existe un convenio de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) que respalde y faculte al IAIPTlax para recabar multas, lo que debió hacerse DESDE el pasado 2016
Empero señaló que Marlene Alonso Meneses no realizó los debidos trámites que haría efectiva las multas.
Justamente la SPF ha incurrido en otra omisión que es la de mudar los recursos presupuestados a las cuentas del IAIPTlax en posesión de Cabrera Canales pues lo hacen a las que están en poder de la comisionada en cuestión.
“Es que nosotros estamos haciendo el deposito porque existe un decreto”, es la respuesta de la SPF que da al IAIPTlax, siendo que dicho decreto constitucional declara que por única ocasión el congreso local determinaría la presidencia del Instituto, mismo que ya fue superado.
David Cabrera indicó que será el juicio político el que determine y de resolución al asunto.
