Tlaxcala, Tlax.- Mucho antes de que existieran los movimientos por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+, hubo personas que desafiaron las normas sexuales y de género impuestas por su tiempo. Sus historias no quedaron registradas en libros ni en relatos oficiales, sino en expedientes judiciales, denuncias y procesos penales que hoy permiten reconstruir una parte poco conocida del pasado tlaxcalteca.
Desde el siglo XVII, los archivos judiciales e históricos de la entidad dan cuenta de relaciones entre hombres que fueron registradas, en su mayoría, bajo esquemas de control social, vigilancia y persecución por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas.
Hoy, esas historias vuelven a salir a la luz a través de la exposición «Memoria Histórica Diversa: Procesos históricos de visibilización de las disidencias sexuales», presentada por el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala.
La muestra reúne fotografías, documentos y expedientes que permiten conocer algunas de las experiencias que permanecieron silenciadas durante generaciones y que forman parte de la historia de la diversidad sexual en la entidad.
Diversidad sexual en Tlaxcala: la memoria histórica que permaneció oculta en los archivos
Para comprender estos expedientes es necesario considerar el contexto jurídico y social de la época, de acuerdo con la investigación Entre Cuilonimiquiztlan y Sodoma, homosexualidad, cultura y ley en el México Colonial, el Dr. Óscar González Gómez, afirma que durante el virreinato la homosexualidad era considerada un «pecado nefando» y una conducta contraria al orden religioso y monárquico, por lo que podía ser castigada con la muerte, la confiscación de bienes y la exhibición pública de los condenados.
La persecución recaía principalmente sobre personas pertenecientes a castas como mestizos, mulatos y negros, mientras que los casos relacionados con sectores privilegiados solían recibir un trato distinto. Dependiendo de la gravedad atribuida por las autoridades, las sanciones también podían incluir azotes y trabajos forzados en obrajes.
1. ¿Placer o sodomía? el caso de Bernardo Cerón y Miguel Díaz de Zepeda
Entre los documentos exhibidos destaca un expediente fechado el 5 de agosto de 1694, en el que se documenta el proceso judicial contra dos vecinos de la ciudad de Tlaxcala; Bernardo Cerón, comerciante de origen español, y Miguel Díaz de Zepeda, músico arpista descrito en los registros como mulato libre, ambos fueron acusados por los delitos de molicie, masturbación, sodomía y sacrilegio.
De acuerdo con el documento, los hechos habrían ocurrido al interior de una capilla del convento de San Francisco, ubicado en la actual capital tlaxcalteca. El proceso fue impulsado por las autoridades coloniales, entre ellas Cipriano Díaz de Figueroa, entonces gobernador de Santa María de la Nueva Tlaxcala (nombre por el que se le conocía a Tlaxcala durante la etapa virreinal), así como por los alcaldes de la Sala del Crimen de la Real Audiencia.
La sentencia fue emitida por integrantes de la Real Sala del Crimen, quienes determinaron castigos distintos para cada uno de los acusados, mientras que Bernardo Cerón fue condenado al destierro de la ciudad de Tlaxcala y enviado a prestar servicio en el Hospital de San Hipólito, en la actual Ciudad de México, Miguel Díaz de Zepeda, por su parte, fue sentenciado a realizar dos años de trabajo forzado en un obraje o en una panadería.
El expediente, perteneciente al Fondo Histórico Judicial-Criminal del Archivo General e Histórico de la entidad, permite comprender la forma en que las autoridades virreinales investigaban, juzgaban y castigaban conductas relacionadas con la diversidad sexual en Tlaxcala. A su vez, constituye un testimonio de que las relaciones sexuales entre hombres existían en la sociedad novohispana, aunque eran perseguidas y sancionadas bajo una lógica de criminalización y castigo.
2. Denuncias de hechicería y agresiones sexuales entre hombres en el siglo XVIII
Otro de los expedientes exhibidos corresponde a una averiguación registrada en Tlaxcala el 2 de agosto de 1701 contra Francisco Martín, denunciado por Diego Felipe y Juan Domingo. El documento señala que los tres eran «naturales y vecinos de Santa Ana» y que la investigación formal se abrió bajo la acusación de que Francisco Martín era hechicero.
Dentro de los testimonios presentados, Juan Domingo relató dos episodios que vinculó tanto con actos de índole sexual como con supuestos efectos de brujería y enfermedad, en uno de ellos, declaró que mientras se encontraba bañando, Francisco Martín le dio una palmada en una nalga. Según su testimonio, después de ese incidente comenzó a padecer dolores en la cadera y una sensación constante de hormigueo.
Asimismo, denunció un segundo hecho ocurrido durante la noche y de acuerdo con la declaración, observó a Francisco Martín ingresar desnudo —o, como señala el documento, «en cueros»—, levantarle la ropa y tocarle «las partes bajas». Juan Domingo aseguró que, como consecuencia de estos acontecimientos, permaneció enfermo durante seis meses, situación que le impedía trabajar y obtener sustento para su familia.
Ante estas circunstancias, los denunciantes acudieron ante las autoridades coloniales para solicitar justicia. Este expediente muestra cómo, durante este periodo, las acusaciones relacionadas con conductas sexuales y agresiones entre hombres podían interpretarse bajo creencias asociadas a la hechicería, la enfermedad y la desviación moral, además de evidenciar que este tipo de experiencias quedaron registradas principalmente a través de procesos judiciales y denuncias formales de la diversidad sexual.
3. Travestismo forzado y abusos laborales en una finca de Huamantla
El tercer expediente de la exposición documenta las denuncias presentadas por un grupo de trabajadores indígenas contra Josefa de la Barrera, labradora y propietaria de la hacienda de Señora Santa Ana, ubicada en el actual municipio de Huamantla. Los denunciantes, identificados en el documento como «naturales», exigían el pago de su trabajo y denunciaban una serie de abusos y malos tratos cometidos dentro de la finca.
Entre los señalamientos expuestos ante las autoridades se encontraban castigos físicos, condiciones laborales precarias así como maltratos ejercidos tanto por la propietaria como por el mayordomo y otros sirvientes de la hacienda, en la denuncia, los trabajadores afirmaron haber sido azotados además de recibir cantidades insuficientes de maíz para su alimentación.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente se encuentra en los castigos impuestos por Josefa de la Barrera, quien obligaba a hombres y mujeres a intercambiar sus prendas de vestir y las labores tradicionalmente asignadas a cada género. El documento relata:
«…hacer vestir y mudar de traje a los indios e indias; a los varones vestidos con naguas y güipiles, poniéndolos a moler tortillas, a hilar y a otros oficios y cosas de casa; y a las indias vestidas con cotones y calzones, llevándolas al campo a arar con las yuntas…»
Este testimonio, al igual que los expedientes documentados en 1694 y 1701, forma parte del Fondo Histórico Judicial-Criminal del Archivo General e Histórico. Más allá de los abusos laborales denunciados, el caso permite observar la importancia que tenían la vestimenta y la división social de las tareas entre hombres y mujeres dentro de la sociedad colonial.
4. Sodomía, embriaguez y castigo en el siglo XIX
Otro de los documentos recuperados por la exposición corresponde a un proceso judicial fechado el 15 de julio de 1856 en Chiautempan, este expediente fue instruido por el juez Luis María de la Torre en contra del tejedor Tomás Hernández y el tocinero Hipólito Hernández, ambos, acusados del delito de sodomía.
Dentro del proceso, Tomás Hernández presentó una declaración en su defensa en la que argumentó encontrarse en estado de ebriedad al momento de los hechos, luego de haber consumido una bebida conocida como «catalán» en la tienda de Picazo. Tras ampararse en esta condición, negó las acusaciones formuladas en su contra y señaló a Hipólito Hernández como responsable de un supuesto intento de robo.
Sin embargo, pese a los argumentos expuestos durante el proceso, las autoridades emitieron una sentencia condenatoria y señalando que los acusados fueron castigados con ocho meses de trabajo en obras públicas.
Este caso refleja cómo, durante el siglo XIX, las conductas relacionadas con la sexualidad continuaban siendo objeto de vigilancia y sanción por parte de las autoridades. Asimismo, muestra cómo el consumo excesivo de bebidas alcohólicas era frecuentemente utilizado en los procesos judiciales como una explicación de comportamientos considerados reprobables tanto por la justicia estatal como por la sociedad de la época.
Al igual que los expedientes documentados en el siglo XVII y XVIII, este proceso judicial evidencia las experiencias vinculadas con la diversidad sexual bajo el registro de denuncias, investigaciones y mecanismos de castigo.
De los archivos judiciales a la memoria histórica de la diversidad sexual en Tlaxcala
En conjunto, los cuatro expedientes muestran distintas formas de control social ejercidas durante la época virreinal y en la nueva etapa de soberanía nacional. Ya fuera mediante procesos judiciales, castigos, acusaciones de hechicería, imposición de roles de género o el consumo de alcohol, los documentos revelan cómo las autoridades y las estructuras sociales regulaban la sexualidad, la apariencia y el comportamiento de las personas.
A través de los documentos históricos que esta exposición presenta, se puede recorrer la historia de la diversidad durante los siglos XVII al XIX, evidenciando los juicios y las sanciones impuestas a personas cuyas identidades, expresiones de género o prácticas sexuales se apartaban de las normas establecidas en su tiempo. Al mismo tiempo, plantea un recorrido hacia el siglo XXI, un periodo marcado por avances importantes en materia de visibilidad, reconocimiento y derechos para la comunidad LGBTTTIQA+.
De esta manera, el Archivo General e Histórico busca rescatar e invitar a conocer las experiencias de la diversidad sexual en Tlaxcala que permanecieron silenciadas durante generaciones y contribuir a la construcción de una visión más inclusiva y diversa de la historia local, recuperando voces que durante siglos quedaron relegadas a los expedientes judiciales.
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