Tlaxcala, Tlax. El martes pasado un grupo de 80 presidentes municipales se presentaron ante las instalaciones de Palacio Nacional en CDMX para solicitar hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la consigna de conseguir mayores recursos para sus municipios, acción que fue evitada por elementos de seguridad, mismos que lanzaron gas lacrimógeno antes los alcaldes evitando su propósito, un día después les piden disculpas.

Los hechos ocurrieron el martes después las 6:00 hrs, cuando presidentes municipales de diferentes Estados incluido Tlaxcala, se plantaron en la afueras de Palacio Nacional en forma de manifestación, acompañados de lonas con leyendas como “Salvemos a los municipios” además de música de banda, pirotecnia y varios acompañantes de sus municipios.

De acuerdo a la información del Centro de Información Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las acciones de los manifestantes perjudico la movilidad en la Plaza de la Constitución además que “pusieron en riesgo la vida de trabajadores de Palacio Nacional” por lo que se decidió persuadirlos con gases lacrimógenos.

En el caso de Tlaxcala los alcaldes que participaron fueron los de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez de extracción panista; Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez de extracción priista; Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez presiente independiente y de Terrenate, Felipe Fernández Romero de extracción petista.

Un día después de los hechos los alcaldes acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que asuma su responsabilidad sobre el uso de gas lacrimógeno del que fueron objeto en el Palacio Nacional.
Tiempo después se llevó cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación teniendo un dialogo los alcaldes con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, lugar donde manifestaron su inconformidad en contra de la reducción de recursos económicos.

Por su parte el Subsecretario pidió una disculpa por los hechos ocurridos el día anterior, además de los daños que pudieron haber causado con el uso de gases lacrimógenos.

Al concluir la sesión el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, refirió que se debe dejar un antecedente de lo qué pasó el martes en Palacio Nacional, manifestó que confían en que se concrete un acuerdo en la Segob, pues representan a una parte considerable de alcaldes de todas las fuerzas políticas, inclusive de Morena.

Además de mencionar que “en caso de no recibir una respuesta favorable a sus demandas acudirán de nueva cuenta al Palacio Nacional, pero con 10 mil y 15 mil personas para que nos escuchen”.

Tlaxcala, Tlax. Recientemente Indalecio Saucedo Sánchez, permisionario y líder de la Coordinadora Estatal de Transporte, afirmó que hay pláticas con el gobierno de Tlaxcala para que se aplique un incremento a la tarifa o pasaje por parada mínima.

Parte de sus argumentos es el cumplimiento a la colocación de chips de geolocalización así como acentuó que todo el parque vehicular tiene una antigüedad menor a 10 años.

Sin embargo, cabe señalar que el correspondiente Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado indica que el establecimiento de las tarifas corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE), siempre y cuando se haya realizado el estudio correspondiente de acuerdo al artículo 72, término que resulta ambiguo pues no refiere qué tipo de estudio debe aplicarse.

El siguiente artículo señala que la Secretaría está facultada para cambiar y modificar las tarifas en cualquier momento: Por causas de interés público (más no de las empresas transportistas), y con base al estudio correspondiente.

El artículo 74 menciona que dicho estudio debe componerse de los siguientes conceptos: Registro de ingresos y egresos, demandas de pasaje o carga y demás datos relativos. Y, de nuevo cayendo en la ambigüedad, no especifica qué tipo de «datos relativos».

Empero, la reglamentación hace énfasis en que los transportistas deben llevar esta información de manera sistemática y obligada.

Es de señalar que no todas las unidades cumplen con el artículo 75, que indica que las tarifas autorizadas, modificadas y ajustadas deben mostrarse en un lugar visible al interior de las mismas.

Por igual, las tarifas son modificables de acuerdo a la distancia recorrida, lo cual se enmarca en el artículo 76.

Es decir que ninguno de los conceptos por los cuales se respaldan los transportistas son justificación para que, bajo sus términos, se aplique un incremento a la tarifa. En cambio están obligados a:

Portar licencia vigente tipo «A» ; respetar descuentos y otorgar apoyo a personas discapacitadas e incluso las unidades deben contar con un asiento destinado a «pasajeros con capacidades diferentes», respetar señales de circulación y pasos peatonales; así como hacer la devolución del importe del pasaje cuando el vehículo sufra una descompostura que impida la prestación del servicio.

Asimismo es causa de sanción: aumentar la tarifa sin autorización de la Secretaría, conducir la unidad en malas condiciones, traer sobrecupo de pasaje o carga, conducir en forma peligrosa o negligente, jugar carreras en vía pública, hacer terminal en zonas no autorizadas, tratar mal al usuario, abastecer de combustible con pasaje a bordo, entre otras.

Las sanciones van desde 2 a 60 días de Unidades de Medida y Actualización vigente, de acuerdo a la falta cometida, así como de la remisión del vehículo al corralón.