A casi 10 años del devastador derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, los habitantes afectados exigieron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que ponga fin a la impunidad de Grupo México y haga justicia para las 22 mil personas perjudicadas. Desde 2014, estas personas han esperado una respuesta a la negligencia de la mina Buenavista del Cobre. Las demandas fueron expresadas a través de mensajes proyectados en el Palacio Nacional.

“Con mensajes proyectados en la fachada del recinto, alzamos la voz una vez más y le pedimos a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que no olvide al Río Sonora; que no deje que la empresa del segundo hombre más rico de México intoxique su gobierno, como ha intoxicado la vida de más de 22 mil personas en el río”.

El acto político, llevado a cabo el 09 de junio del presente año alrededor de las 20:00 horas, contó con la participación del movimiento social de personas afectadas por el derrame tóxico de la minera Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, los Comités de Cuenca Río Sonora, quienes llevaron a Palacio Nacional un mensaje claro y urgente: las autoridades deben frenar la impunidad que la empresa Grupo México ha tenido durante los últimos dos sexenios.

“El derrame de 40 millones de litros de tóxicos que provocó la empresa en 2014 sigue teniendo hasta hoy graves consecuencias en nuestra salud física y mental, así como en el medio ambiente, pues, como demostró SEMARNAT en el dictamen presentado en 2023, el río continúa con presencia de metales pesados”.

Martha Patricia Velarde Ortega, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora y residente del municipio de Bahía, denunció la impunidad que ha rodeado el derrame de Grupo México. Durante la protesta, Velarde comentó que, a pesar de los múltiples dictámenes y amparos favorables, la empresa ha ignorado las graves afectaciones al Río Sonora.

“Enfrentamos serios problemas de salud. En un solo municipio con menos de 2,000 habitantes, se han registrado 35 muertes entre el 15 de enero y el 15 de mayo. Estas muertes no se pueden atribuir oficialmente porque el gobierno de Sonora no lleva un registro estadístico relacionado con los metales pesados. Hay mucho trabajo por hacer,” mencionó Velarde.

Frente al Palacio Nacional, los Comités de Cuenca Río Sonora emitieron un pronunciamiento donde exigieron el fin de la impunidad que ha beneficiado a Grupo México durante casi una década.

“Quienes vivimos en el río tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados; hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes, y nadie nos ha dado atención a la salud especializada en toxicología. Las niñas y los niños siguen tomando agua contaminada en las escuelas, pues, según el reciente dictamen de SEMARNAT, todos los pozos que son fuente de agua potable tienen arsénico y 50% de ellos altos niveles de algún contaminante; además, no existen las 36 plantas potabilizadoras que nos han prometido todos estos años”.

Entre las demandas se incluyeron, un libre acceso a agua potable sin metales pesados, atención especializada y la reparación total del daño sufrido. De lo contrario, sin resultados, los afectados proseguirán con la lucha sin descanso, hasta que la empresa responsable enfrente las consecuencias de sus actos atroces.

Las y los integrantes del Comité expresaron que la presidenta electa cuenta con la oportunidad de cambiar las circunstancias no logradas por sus antecesores, brindando justicia a las víctimas del desastre.

Al término de la acción política, se anunció la espera de una serie de protestas en conmemoración del décimo aniversario del derrame, con el objetivo de visibilizar la lucha de la comunidad del Río Sonora por obtener justicia.