Tlaxcala, Tlax. El Índice de impunidad en el Sistema de Justicia Penal 2018, posicionó a Tlaxcala en la octava posición entre los estados peor calificados con el 98.9 % de casos que quedan impunes a la par de entidades como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Yucatán con niveles de impunidad del 99.99 al 99.0%.

Algunos de los hallazgos sobre el índice señalan que más del 55% de los procedimientos determinados por el ministerio público estatal terminan en archivo temporal, así como se encontró que el porcentaje de actividad investigativa es mínimo con el 54.4% de casos congestionados.

Por igual, es mínima la cantidad de procedimientos vinculados a proceso con 2.9%.

En cuanto a mecanismos de justicia alternativa, utilizados para descongestionar al sistema y así dar solución a conflictos penales se indica que Tlaxcala es el primer lugar en cuanto a casos que se derivan a esta modalidad con el 29.6% y alrededor de 58% de los casos permanecen “en trámite”.

Sobre imputados puestos en libertad por calificarse no legal su detención, Tlaxcala forma parte de los 10 estados con mayoría de casos con el 3.2%; así como se encontró que el 25.9% de los casos llegan a una finalización del proceso y el 9.5% de imputados no son vinculados.

Para el caso de los servicios periciales y forenses se encontró que Tlaxcala carece de un manual de organización y operación, un modelo de gestión de casos, así como de un sistema de información y registro que genere información estadística, así como tampoco se encontró dato sobre protocolos para el tratamiento de restos humanos y cadáveres.

Otra de las fallas detectadas en el estado es que en los servicios de Seguridad Pública y Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS), no opera en la práctica personal de servicio profesional de carrera, así como tampoco se encontró información en materia legal; del mismo modo, el informe señala que no hubo datos sobre servicio profesional de carrera en asesoría de víctimas.

Mientras en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en las defensorías públicas, a pesar de que se encuentra contemplado en la ley el servicio profesional de carrera, no se opera.