Tlaxcala, Tlax.- El 7 de abril de 2026 en Francisco I. Madero, Nanacamilpa, Tlaxcala, campesinos y transportista que se manifestaban de manera pacífica fueron reprimidos por fuerzas policiales enviadas por el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros. La demanda fundamental de esta protesta es garantizar precios justos y de garantía para la venta y comercialización del maíz y otras semillas, así como seguridad para los transportistas, cada vez más indefensos por la inseguridad que se padece en el país y el aumento del precio del diesel.
Esta represión no es un hecho aislado, sino la expresión violenta del sistema capitalista-neoliberal y de sus representantes en los gobiernos, quienes conciben al campo como un negocio y mercancía, y no como un espacio de vida y autonomía. El campo es cada vez más relegado, a pesar de que es la base de la alimentación de la población.
La represión de la protesta social es una estrategia gubernamental para descalificar movimientos y demandas sociales, mecanismo que se acompaña con narrativas en las que se justifican los operativos de represión bajo la idea de garantizar derechos de terceros como el “Paso libre” o el “restablecimiento del orden”. Esto invisibiliza que la causa primera de la protesta social es la falta de voluntad gubernamental para responder a las demandas.
Para justificar esta violencia también se coloca desde la narrativa oficial la idea de que hubo provocación por parte de los campesinos y transportistas y hubo un bloqueo violento. Además, se busca imponer la idea de que se actuó con el “uso proporcional de la fuerza”, pero en los hechos golpearon a los campesinos y hurtaron su maquinaria, la policía usó la fuerza contra personas desarmadas, esto no es proporcional, es violencia de Estado. También se les amenaza señalando que comenten un delito federal, mecanismo de criminalización de la protesta social que ha sido utilizado sistemáticamente para desestructurar movimientos sociales.
En la estrategia gubernamental de descalificación de la protesta social, se omite decir que golpearon a los manifestantes y que hubo privación ilegal de dos campesinos, quienes horas después fueron liberados.
El gobierno encabezado por Lorena Cuéllar, ha criminalizado sistemáticamente la protesta legítima y responde con represión donde debería haber diálogo, como sucedió en mayo de 2023, cuando la policía estatal reprimió a mujeres que pedían agua en Calpulalpan, y al inicio de su gobierno en contra de las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo, augurio de lo que sería su gobierno. Su comunicado oficial es un intento cínico de lavar su responsabilidad en la agresión contra la ciudadanía.
Te recomendamos leer: Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo
Es importante recordar que la protesta social se basa en derechos como la libertad de expresión y de reunión. Además, debe considerarse como una expresión social legitima en tanto se constituyen como un medio para el ejercicio de derechos fundamentales y de vital importancia para la construcción de sociedades democráticas.
Un gobierno democrático debe reconocer que nunca la represión de la protesta social debe ser un camino a seguir, por el contrario, debe mantener las puertas del diálogo abiertas y responder a las demandas legítimas, garantizando siempre la integridad de quienes se manifiestan. Desde este espacio, nos unimos a las exigencias de los campesinos, particularmente de los pequeños agricultores, por precios justos y apoyo a su labor para lograr la soberanía y seguridad alimentaria en nuestras comunidades. También nos sumamos a la demanda de los transportistas de tener mayor seguridad ante el clima de violencia que se vive en las carreteras.
Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala
