Alejandra Méndez Serrano*
El rescate de la cuenca Atoyac-Zahuapan es hoy una de las mayores prioridades para las comunidades ribereñas, pero no lo ha sido para las autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Aunque las estadísticas oficiales de mortalidad publicadas anualmente por el INEGI registran en la cuenca más de 28 mil muertes debidas a algún tipo de cáncer entre 2002 y 2017, a las que deben sumarse miles más ocasionadas por enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal, las mutaciones genéticas o abortos espontáneos, ni los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, ni las autoridades federales ambientales y de salud han actuado para resolver la crisis ambiental y de salud que violenta los derechos humanos de las y los pobladores de las comunidades.
La exposición cotidiana a todo tipo de contaminantes tóxicos como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, solventes y residuos orgánicos, es un factor decisivo que explica las anormales tasas de mortalidad por estas enfermedades y, de hecho, la misma Recomendación 10/2017 de la CNDH estableció —sin ambigüedad alguna— el nexo causal entre los vertimientos de contaminantes en los ríos y afluentes, la falta de saneamiento de las aguas residuales y las afectaciones a la salud de la población.
Resulta curioso que los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, muy preocupados en marzo de 2017 por aparecer como dispuestos a cumplir la ley y acatar la Recomendación, hoy sólo hablen muy esporádicamente de su cumplimiento y sostienen que “están a la espera” de que las demás autoridades manifiesten su disposición a celebrar el hoy infausto “convenio de colaboración interinstitucional” para el diseño e implementación del Plan de Restauración Ecológica de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, recomendado por la CNDH y aceptado por todas las autoridades, el cual, por cierto, debía incluir a las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseáramos.
Sólo en el año 2017 (el primer año desperdiciado por las autoridades para dar inicio al salvamento ambiental y social de la cuenca), murieron 2 mil 335 personas por el cáncer, esto es, 10% más que en 2016, cuando murieron, por esa misma causa 2 mil 114 personas. Tendremos que esperar un año más a que INEGI informe cuántas muertes inútiles más han sido provocadas por la inacción del Estado mexicano y podremos hacer un balance de los últimos gobiernos federales y estatales.
No obstante, la responsabilidad de resolver la crisis ambiental, social y de salud en nuestra cuenca Atoyac-Zahuapan recae ahora en las nuevas autoridades federales, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de la República, Josefa González Blanco (titular de Semarnat), Blanca Jiménez (directora de la Comisión Nacional del Agua) y el resto de las recién establecidas autoridades federales, que han recibido de la administración anterior, una herencia de abandono institucional, de corrupción y encubrimiento criminal. Estas autoridades deberán establecer mecanismos y rutas críticas para retomar la Recomendación 10/2017 de la CNDH y actuar decididamente para darle cumplimiento donde las autoridades del gobierno de Peña Nieto activamente promovieron la simulación para no cumplirla.
Asimismo, las nuevas autoridades deben tomar las medidas necesarias para que la sociedad civil, las comunidades y otros grupos organizados (campesinos, pequeños productores, ciudadanos) tomen parte en las deliberaciones, en la construcción del indispensable Plan de saneamiento de la cuenca, así como en su implementación, en su seguimiento y evaluación. Si los ofrecimientos de transformación hechos por el Ejecutivo han de ser tomados como una oferta seria de cambio profundo en la relación entre el Estado y la sociedad, ello significa otorgar la más alta prioridad para que las comunidades puedan expresar no sólo su malestar, sino también sus ideas y propuestas para alcanzar la solución definitiva a una crisis que nunca debió ocurrir.
La solución a la emergencia pasa necesariamente por atender, con respeto, seriedad y rigor, las propuestas que organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. condensamos en la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, la cual es resultado de un proceso de intenso diálogo con integrantes de las parroquias, campesinos y ciudadanas y ciudadanos de decenas de comunidades en la cuenca y que recoge las principales preocupaciones de las y los pobladores de las comunidades afectadas por la contaminación industrial y urbana de los ríos y afluentes, los suelos agrícolas, los alimentos y el aire que respiramos.
Las comunidades saben que en la cuenca Atoyac-Zahuapan se vive hoy una miseria sui generis, es decir, una miseria que es producida por la imposición de un falso discurso sobre el “progreso”, identificado con la protección de los intereses de una industria depredadora, dedicada a la producción de objetos destinados al consumo en otras partes del mundo, mas no para el beneficio de los pobladores locales. Esa miseria está asociada también a la pérdida de fuentes de alimento y agua y de la cultura comunitaria que aquellas propiciaban y de la que formaban parte. Esta miseria es directamente proporcional a las ganancias de las empresas que externalizan sus costos de saneamiento a la población y a los anémicos — financieramente hablando— gobiernos municipales, lo cual significa que, mientras los accionistas de Bayer-Monsanto, Volkswagen, BASF o cualquier otra empresa presente en la cuenca cosechan los “beneficios” provenientes de las ventas de sus productos en el mercado global, su depredar cotidiano del territorio de la cuenca y la salud de la población está destruyendo a miles de personas cada año, a las familias que deben sufragar crecientes costos por tratamientos médicos y funerales o la pérdida de cosechas e ingresos por la imposibilidad de venderlos para sobrevivir, porque están contaminados con un sinfín de sustancias tóxicas.
La solución definitiva a la crisis ambiental de la cuenca Atoyac-Zahuapan depende de que las comunidades organizadas eleven su exigencia de participación a las nuevas autoridades federales, para recordarles la deuda ambiental y social que el Estado tiene con la población, pero también depende de que la nueva administración federal haga un viraje de 180 grados en la política neoliberal de simular su interés por solucionar los problemas y fingir que el respeto de los derechos humanos es sólo parte de una retórica hueca, útil solamente en eventos internacionales.
En la cuenca Atoyac-Zahuapan hay una experiencia colectiva acumulada de más de 20 años de trabajo ininterrumpido para lograr el saneamiento integral de la cuenca y la justicia para las comunidades. En todos estos años, el saber social comunitario se ha refinado y ha pasado de la denuncia al debate con rigor científico y a la propuesta seria y viable. Esa experiencia es un aporte sustancial para darle viabilidad a la sociedad mexicana en el futuro. Las autoridades del nuevo gobierno no pueden darse el lujo de desperdiciar la oportunidad de responder de una manera genuinamente democrática a la demanda de justicia ambiental y social de las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Miles de vidas dependen de ello. Ojalá estén a la altura.
* Directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
