Tlaxcala, Tlax. El periodismo democrático se sostiene sobre la premisa de la rendición de cuentas. Por ello, resulta alarmante que, bajo el noble argumento de proteger la actividad periodística, se pretenda colar en el Congreso del Estado de Tlaxcala una propuesta de Reforma Electoral diseñada no para defender a los reporteros que caminan el territorio, sino para construir un búnker de impunidad para los negocios mediáticos que prosperan en la sombra.
Al analizar los puntos críticos, la propuesta entregada por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. a la mesa de diálogo legislativo pone en evidencia que los mecanismos planteados buscan desmantelar las facultades de fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del INE, precisamente en el terreno donde la claridad es más urgente: el dinero que fluye entre los políticos y las empresas de comunicación.
La iniciativa propone que únicamente los candidatos informen sobre sus agendas con los medios, prohibiendo además la existencia de padrones o registros de proveedores informativos. Esto representa una desregulación absoluta del mercado publicitario electoral. El riesgo es la eliminación del rastro documental para detectar financiamientos ilegales, facilitando el desvío de recursos públicos hacia portales fantasma creados exclusivamente para operar campañas sucias, sin que la autoridad pueda auditar la legitimidad del proveedor.
Más grave aún es la propuesta de «reserva judicial obligatoria», que pretende impedir que los órganos administrativos electorales actúen de forma inmediata ante infracciones en los contenidos. En tiempos electorales, la justicia tardía es justicia denegada. Si se le amordaza al ITE para emitir medidas cautelares rápidas, se abre la puerta a la impunidad en casos de Violencia Política en Razón de Género o campañas de difamación orquestadas. El daño a las víctimas se consolidaría durante toda la campaña, dejando el remedio legal para después de la jornada electoral, cuando el resultado ya esté consumado.
Finalmente, la introducción de sanciones a los funcionarios por supuesto «acoso institucional» no es más que un mecanismo de inhibición. Busca intimidar a los fiscalizadores electorales para que, por temor a represalias legales o laborales en su contra, prefieran no revisar los contratos, las pautas y las relaciones comerciales de los medios vinculados a los proponentes.
La genealogía de esta iniciativa explica a la perfección su podredumbre técnica. No es coincidencia que el principal promotor de este iniciativa a la impunidad sea un personaje con un negro historial de agresiones a activistas de derechos humanos y difamaciones sistemáticas contra periodistas independientes. Quien hoy se ostenta como paladín de la libertad de prensa es el mismo sujeto que recurre a la calumnia para intentar demoler la credibilidad de quienes nos negamos a callar.
Este modus operandi de ataque corporativo se activa cada vez que el periodismo independiente toca sus redes de financiamiento privado. Lo vimos con claridad cuando orquestó y colocó a su candidato al Poder Judicial Federal en material laboral a lanzar calumnias en nuestra contra. Una estrategia tan torpe y carente de sustancia que el desenlace natural fue la derrota de su propio aspirante; después de todo, ninguna postulación sobrevive a una asesoría tan profundamente deficiente y carente de ética.
Es esta misma red de complicidades y negocios al amparo de la opacidad la que hoy pretende legalizarse con su iniciativa de Reforma Electoral. No busca proteger los derechos de las juventudes, de las mujeres o de poblaciones vulnerables del estado ante el poder; busca blindar la impunidad de su propio negocio mediático.
El Congreso de Tlaxcala, históricamente rebasado en su capacidad técnica y condicionado por las negociaciones de cuotas políticas, no puede ser cómplice de esta captura legislativa. No se están defendiendo libertades constitucionales; se estaría legislando a la medida de intereses particulares y tramas de influencia que perpetúan un modelo de comunicación social obsoleto, el cual ve en la desinformación y el morbo un negocio rentable, y en la opacidad su mejor estrategia de supervivencia.
En Escenario Tlaxcala rechazamos esta visión del periodismo. Nuestro producto periodístico en las agendas de política, género, medio ambiente y derechos humanos no requiere de vacíos legales ni de excepciones fiscales para sostenerse; se blinda con rigor, con metodologías de verificación y, sobre todo, con la transparencia de cara a la sociedad.
Sabemos, sin embargo, que para transformar este ecosistema contaminado por la prebenda política se necesita una ruta económica radicalmente distinta. El periodismo libre no puede depender del dinero opaco que esta reforma intenta ocultar. Por ello, convocamos a nuestra audiencia a ocupar un rol activo a través de El Círculo, nuestra membresía participativa donde los ciudadanos auditan y vigilan nuestro comportamiento editorial. Y para quienes entienden que la independencia es un derecho que se financia colectivamente, la suscripción a Ingobernables es el mecanismo político y financiero para asegurar que el poder —tanto el político como el corporativo— nunca más pueda comprar el silencio ni fabricar la verdad en nuestro estado.
Ya va siendo hora de que discutamos las reformas electorales con la mirada puesta en los derechos de los ciudadanos, y no en el blindaje de los negocios de unos cuantos.
