Tlaxcala, Tlax.- ¡Tlalcuapan exige justicia y libertad para Saúl, presidente de comunidad! Esta fue una de las consignas que el 14 de julio de 2025, resonó al exterior del Edificio Sede Apizaco del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Ciudad Judicial, a tres años de la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez. Fue el 14 de julio de 2022, cuando detuvieron a don Saúl, quien es defensor de la montaña.
Al momento de su detención, desempeñaba el cargo de Presidente de Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, fue acusado falsamente de cometer el delito de homicidio calificado, por un linchamiento que se cometió cuando él ni siquiera se encontraba en el lugar. Pero, a pesar de eso, en marzo de 2024 fue condenado a 20 años de prisión.
De acuerdo con el último informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), A.C., la criminalización es uno de los mecanismos más utilizados en nuestro país, en su mayoría por agentes del Estado y empresas, para frenar o impedir la labor de la defensa de los derechos humanos ambientales e interrumpir los procesos de liderazgo y organización en las comunidades o incluso desintegrarlos.
Desde el 2019, don Saúl es parte del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, un grupo que surge por la creciente devastación del bosque de la Matlalcueyetl, provocado por el gusano descortezador, la tala clandestina y el saqueo de flora y fauna. Desde entonces el colectivo instó a las autoridades estatales y federales la atención inmediata de la montaña.
En noviembre de 2024, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación sobre la criminalización de personas defensoras de los derechos en México, enfatizando el uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas.
La criminalización contra don Saúl es una muestra de lo informado por CEMDA y denunciado por Mary Lawlor. San Pedro Tlalcuapan es una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, y eso fue suficiente para que las autoridades judiciales justificaran la condena que le dieron, argumentado que los linchamientos son parte de los usos y costumbres de la comunidad, pero en realidad ese fue el primer linchamiento registrado en la comunidad, y nada tiene que ver realmente con los usos y costumbres.
La condena que enfrenta don Saúl en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, lleva a verificar que, firmar y ratificar acuerdos como el de Escazú, no es suficiente para el que se reconozcan, se promuevan, se protejan y se defiendan los derechos de las personas defensoras ambientales. Este caso es un ejemplo de la grave crisis en materia de derechos humanos que enfrentamos a nivel nacional y estatal, que nos lleva a exigir cambios y mejoras verdaderas en el sistema judicial, a luchar juntas y juntos para vencer la corrupción estatal y federal.
Sobre el proceso, actualmente existe una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. El 3 de marzo de 2025, el asunto fue turnado a la ponencia del Secretario en funciones de Magistrado Francisco Ballesteros González, quien deberá presentar el proyecto de sentencias ante tres magistrados que deberán emitir una sentencia. Este es el último recurso legal que don Saúl tiene para recuperar su libertad y si no resuelven su caso antes del 1° de septiembre, puede tardar meses, incluso un año, por el cambio de magistrados y magistradas del Tribunal por la reciente elección judicial.
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Por lo anterior, es importante que se agilice el actual proceso, se juzgue con perspectiva de interculturalidad y se reconozca la inocencia de don Saúl Rosales Meléndez. Si no es así, se ratificará que la criminalización sigue siendo un mecanismo para impedir el trabajo de las personas defensoras del territorio y de los derechos ambientales, y que la justicia en México continua siendo una constante.
Reyna Soledad Santiago Castillo
Centro Fray Julián Garcés
Derechos Humanos y Desarrollo Local
