Tlaxcala, Tlax. Frente a una «campaña de odio y desinformación», mujeres de tres organizaciones civiles agrupadas en el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, han solicitado de manera urgente la intervención del Congreso del Estado para resolver el conflicto interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-TLAX), que ha colocado a la comisionada Marlene Alonso Meneses en la mira de la violencia machista.
En un documento dirigido al Congreso y en especial a la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, las representantes de «Mujeres con Poder», Yeny Charrez Carlos; Todos para Todos, Silvia Nava Nava, y Eréndira Jiménez Montiel de «Nxsotros», advierten que ni el poder Ejecutivo ni el Judicial han podido resolver el conflicto que apunta a «un desenlace peligroso (…), con circunstancias que cada día se agravan y que de seguir así podemos esperar algún atentado en contra de la vida de Marlene Alonso Menses».
Es pertinente recordar que después de la determinación en diciembre del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para sobreseer el juicio para la protección de los derechos de Marlene Alonso Menses, los comisionados dieron por sentado que la resolución validaba su decisión de remover a Alonso Meneses de la presidencia del IAIP, lo que ha intensificado los señalamientos de ambas partes.
«Desde ataques a la identidad, capacidad y sexo, se ha incitado a una campaña de odio y desinformación (que), al ser un tema de interés público (constatamos) existe un problema de violencia de género que ha desembocado en la posible comisión de delitos (…) y una tentativa contra la vida libre de violencia de Marlene Alonso Menses y las mujeres que participamos del activismo. No puede pasarse por alto la aceptación pública por parte de los comisionados David Cabrera Canales y José Morones Servín», señalan.
Por tal motivo, el Observatorio Ciudadano ha pedido de manera urgente una audiencia pública para tratar las irregularidades jurídicas, administrativas y de violencia de género que se han desplegado a lo largo de este conflicto que suma casi un año, y frente a la posibilidad de que el Congreso inicie juicios políticos contra los tres comisionados.
