Tlaxcala, Tlax.- En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas en México, persisten importantes desafíos para la inclusión laboral, educativa y social de la Comunidad Sorda en Tlaxcala.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, 8.8 millones de personas de 5 años y más en México declararon tener alguna discapacidad. Tlaxcala ocupó el lugar 18 a nivel nacional, con un 7.1% de su población en esta condición, es decir, 624,800 personas.
Mientras que el Censo Económico Tlaxcala 2024, registró que en 2023, se identificaron 2,095 unidades económicas que contrataron a personas con algún tipo de discapacidad. Entre las más comunes fueron la dificultad para caminar, subir o bajar escaleras con 1,158 personas y dificultad para hablar o comunicarse, con 135 personas.
De acuerdo con Diego A. González perteneciente a la comunidad Sorda, en entrevista para este medio, refirió que pese a algunos avances, la inclusión real aún no existe en Tlaxcala. Explicó que las Personas Sordas enfrentan barreras en la educación y el empleo, principalmente por la falta de accesibilidad en la comunicación.
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“Hay Personas Sordas que necesitan trabajo para sus gastos, pero falta accesibilidad y falta inclusión”, señaló.
En ese sentido, las empresas que más han impulsado el empleo para la comunidad Sorda han sido principalmente las microempresas que ha empleado a un aproximado de 2,649 personas con algún tipo de discapacidad; además, estas microempresas representan el 98% de los establecimientos en Tlaxcala, lo anterior, de acuerdo con el Censo Económico Tlaxcala 2024.
Diego González mencionó que muchas Personas Sordas no logran llegar a educación superior por la ausencia de intérpretes, apoyos lingüísticos y oportunidades económicas. Además de referir que los espacios y actividades para la Comunidad Sorda debe adaptarse al mundo oyente.
Enfatizó que las tareas cotidianas para las personas—como acudir al banco, solicitar una cita psicológica o resolver trámites gubernamentales— se vuelven procesos complicados o imposibles cuando no hay intérpretes, además de representar un gasto extra para acceder a los servicios.
“Si tengo un problema, me dicen que llame a una línea. ¿Cómo accedo a esa línea si no puedo hablar?”, cuestionó.
Respecto al entorno educativo, Diego remarcó que falta formación, talleres y reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna de la Comunidad Sorda, no como un sistema alternativo de comunicación.
“Muchos piensan que somos sordomudos. Nosotros somos sordos. Nuestra lengua es la lengua de señas”, afirmó.
Explicó que aún no existen verdaderas oportunidades laborales para Personas Sordas. Para acceder a plazas o trabajos formales, suelen pedirse exámenes escritos en español, lo que constituye una barrera para quienes no dominan este idioma como primera lengua.
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En ese sentido, la Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa publicada en 2023, en México el 5% de la población sin discapacidad no tiene ningún grado escolar. En contraste, los estudios de las Personas con Discapacidad se concentran mayoritariamente en la primaria (46%).
Solo el 16.4% de la población con discapacidad alcanza la secundaria y apenas el 6.3% llega al bachillerato. En el nivel universitario la brecha se profundiza: únicamente el 4.9% de las Personas con Discapacidad accede a estudios profesionales, frente al 12.6% de la población sin discapacidad.
1 millón 832 mil 200 personas con discapacidad se encuentran marginadas del sistema educativo formal desde el nivel preescolar, lo que representa el 19.7% de este sector poblacional. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 refiere que la proporción de analfabetismo es incluso mayor entre jóvenes con discapacidad.
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Diego insistió en que la interpretación no debe verse como un favor, sino como un derecho fundamental que garantiza la comunicación.
“Las personas intérpretes no nos apoyan; son un puente de comunicación y es mi derecho expresarme con mi lengua”, dijo.
¿Qué políticas públicas se necesitan? Entre las prioridades para avanzar hacia la inclusión, Diego planteó:
Diego plantea que entre las principales políticas públicas que se necesitan para priorizar los derechos de la Comunidad Sorda y tener una verdadera inclusión son:
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Educación con accesibilidad plena en LSM.
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Servicios públicos que cuenten con intérpretes o videollamadas con interpretación.
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Oportunidades laborales reales y bien remuneradas.
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Reformas que garanticen acceso a servicios básicos sin barreras lingüísticas.
