Tlalcuapan, Tlax. El domingo 24 e Julio en la presidencia de comunidad de Tlalcuapan, Comunidades Unidas en Defensa de la Matlalcuéyetl, convocaron a una rueda de prensa donde externaron su solidaridad a Tlalcuapan y se pronunciaron en contra de los atropellos por parte del actual gobierno en contra de Saúl N. y Raymundo N., actuales presos políticos.
En la rueda de prensa estuvieron Juan Meléndez Bello, presidente interino, la Sra. Alicia Melendez Melendez, esposa de presidente de Tlalcuapan Saúl N., la Sra. Bertha Rosete Rosete esposa de Raymundo N. Tiaxca de la comunidad de Tlalcuapan, Gabriela Melendez y Nestor Cuatianquiz pobladores de la comunidad; de las comunidades vecinas asistieron el señor Perfecto Rugerio Tiaxca de San Francisco Tetlanohcan, Osvaldo Cuapio representante del Colectivo 4 de Octubre de Tetlanohcan, Uriel Flores Muñoz integrante de la Comisión de Apoyo de San Pedro Muñoztla y Erick Sastre de la Comisión de Ixcotla.
En rueda de prensa Juan Melendez Bello presidente interino externó a los medios de comunicación que en Tlalcuapan no se le niega el acceso a nadie -esto porque ha habido un gran trabajo por desprestigiar a las y los pobladores de la comunidad- por lo que invitó abiertamente a medios de comunicación y al público a visitar Tlalcuapan.
Por otro lado Bertha Rosete en nombre de su esposo Saúl N. agradeció el apoyo por parte de las comunidades vecinas y a la unión de los pobladores; asegurando que son víctimas de una injusticia porque tanto el edil de Tlalcupan Saúl N.y Ramundo N. tiaxca de la comunidad son inocentes de lo que se les acusa.
Durante el pronunciamiento realizado por Gabriela Meléndez -pobladora de Tlalcuapan- se destacó que a principios de este año los actos delictivos en la comunidad empezaron a tomar mayor fuerza.
Actos como asaltos a mano armada en zonas escolares, intentos de secuestro y robos a casa habitación, impunidad, corrupción y omisión por parte de las autoridades fueron la causa del deceso de un joven el pasado 15 de abril.
Y aunque las Comunidades Unidas en Defensa de la Matlalcuéyetl no apoyan las acciones de violencia y linchamiento sobre otras personas; reconocen el hartazgo que se vive en Tlalcuapan.
Autoridades no conformes con los usos y costumbres en Tlalcuapan
Una de las peculiaridades de Tlalcuapan es que se rige bajo la normatividad de usos y costumbres. Esta forma de organización cuida y defiende su cultura y territorito; razón por lo que Saúl N. y Raymundo N. tiaxcas de la comunidad estén ocupando cargos públicos es porque han realizado acciones que no solo respeta esa la normatividad sino que también realizan acciones que protegen a la Malinche.
Por lo que la vocera de Tlalcuapan aseveró que la detención de Saul N. y Raymundo N. no solo se llevó bajo condiciones arbitrarias y sin apego a la ley; sino que y que este acto de injusticia fue en complicidad con el presidente municipal de Chiautempan Gustavo Jiménez.
Además denunció los casos de hostigamiento en los que han vivido en los últimos días desde la detención de Saúl N. y Raymundo N.; pues no solo hay una fuerte presencia de policías estatales en el territorio, también han habido helicópteros que vigilan las acciones de los pobladores y agresiones físicas por parte de las autoridades policiacas a una de las compañeras que pedía el diálogo.
En esa línea el representante del Colectivo 4 de Octubre Paul Cuapio resaltó que las autoridades gubernamentales no han entendido que la Montaña no es un recurso económico ni político, es un territorio sagrado para las comunidades; por lo que las acciones por parte del gobierno solo las violentan y despojan de su identidad.
Recalcando que estas acciones solo demuestran la hipocresía de la 4ta transformación en el Estado de Tlaxcala y el falso diálogo con las comunidades; por lo que exigieron la liberación inmediata de Raymundo N. y Saúl N. y reclamaron el cese a la intimidación y violencia que proviene del Estado a las formas de vida y convivencia de las comunidades; reclamaron seguridad, justicia, legalidad, paz, libertad y respeto a una vida digan.
Por último responsabilizaron al gobierno de Lorena Cuellar por cualquier acto de violencia hacia su organización u integrantes; enfatizando la omisión del Congreso Local y de la Procuraduría del Estado.
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