Tlaxcala, Tlax. El pasado noviembre del 2019 en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, reforma a la que se opusieron diferentes empresas prestadoras de servicios de transporte a través de plataformas digitales; sin embargo, fue apoyada por los concesionarios de trasporte público (taxistas y choferes en la modalidad convencional).
La reforma desde su presentación causó controversia por diferentes temas, tales como: el diputado que la presento y sus supuestos intereses, la evidente inclinación hacia favorecer a los concesionarios del transporte público y no al de servicio de trasporte a través de plataformas digitales, el no tomar en cuenta las necesidades y los requerimientos de la sociedad en general, así como el cuestionamiento del porqué una reforma y no una renovación total de la Ley.
¿Quién presentó la reforma de ley?
La reforma en la que se buscan adicionar disposiciones a la ley vigente fue presentada el 26 de noviembre del 2019 por el Diputado de representación proporcional de Morena, Miguel Piedras Díaz, mismo que funge como presidente de la comisión de movilidad, comunicaciones y transportes.
Su cargo como presidente en dicha comisión ha sido cuestionado debido a los intereses que pudiese tener ya que familiares cercanos como su abuela, madre, esposa, hermano y sobrinos son concesionarios del servicio de trasporte público que opera en el Estado, por lo que su actuar político en temas de movilidad es cuestionable por sus intereses familiares.
¿Favorece o no a los concesionarios del trasporte púbico?
A pesar de que en las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley se menciona la aprobación del uso de plataformas digitales, de igual forma se plantean una serie de condiciones las cuales son evidentes frenos para la incorporación de nuevas empresas que brinden esta modalidad de servicio de trasporte.
Ejemplo de ello es la adhesión en el artículo 42 donde se propone que “El servicio de transporte contratado o solicitado mediante plataforma digital o tecnológica, aplicación móvil o cualquier otro que se designe, tiene el carácter de servicio público y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión de transporte público expedida por la Secretaría”.
Lo cual en un principio podría parecer una forma de regulación, sin embargo esto obliga a todas las empresas estar reguladas bajo los estándares de los actuales concesionarios, perdiendo autonomía en muchos factores como la implementación de precios, mismos que son más baratos al de los choferes convencionales.
Otro ejemplo es la no especificación de tiempos para regular la documentación de las empresas y a sus choferes de las empresas que ya operan en el Estado. Por el contrario, especifican que una vez aplicada la ley, no podrá operar algún servicio que no cumpla con lo establecido, por lo cual, de ser así solo operarían los concesionarios de siempre en el trasporte público ya que son los únicos a los que la ley se adecua.
¿Los tlaxcaltecas están siendo tomados en cuenta?
Durante 2019 el congreso realizó una serie de foros referentes al tema de movilidad. Sin embargo, dichos foros fueron realizados por el diputado Miguel Piedras y los lideres transportistas en el Estado por lo que no se tomó en cuenta a los diferentes sectores que brindan servicios de trasporte. Así como tampoco a la ciudadanía en general, lo cual representa una violación a los dispuesto por el articulo 80 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso.
Reforma o modificación total de la Ley de Comunicaciones y Transportes
La actual Ley de Comunicaciones y Transportes tiene una antigüedad de más de 30 años, teniendo disposiciones que no se adecuan a las condiciones que la sociedad y la competencia en el trasporte público requiere. Este factor ha provocado que los líderes transportistas justifican sus peticiones conforme a la ley de 1983.
Este 11 de febrero se buscará la aprobación de la reforma en la Ley de Comunicaciones y Transportes, lo cual de aprobarse generará el crecimiento del monopolio de transportistas. Pero de no aprobarse, se tendrá que buscar una alternativa para la regulación del trasporte público y las plataformas digitales, lo cual puede ser el parteaguas para la creación de una nueva ley.
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