El 19 de enero del año en curso se aprobó y publicó en el DOF la Ley general de Economía Circular, aprobada por unanimidad de los seis grupos políticos en el Congreso. De acuerdo con el DOF, esta ley busca incrementar la vida útil de los productos y valorizar los residuos de la industria o comercios nacionales e internacionales. Para su implementación se pretenden construir Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), proyectos impulsados por el Plan México que combinan inversión pública y privada para construir centros de tratamiento de residuos. Ello implica una serie de estudios, trámites y disponibilidad de tierras para su desarrollo que no se obtienen, generalmente, de una manera rápida y sin tantos tramites.
El gobierno Federal ha señalado innumerable número de veces lo favorable que es la implementación de proyectos con orientación hacia la economía circular, la cual ha sido mostrada como una Estrategia Nacional dentro del Plan México que puede resolver problemas sistemáticos para el desarrollo económico y a la par cuidar y conservar al medio ambiente. Por otro lado, las comunidades en donde se pretenden instalar los PODECOBI se han manifestado y posicionado en contra, en tanto que son todo lo contrario a lo que prometen y ponen así en tela de juicio el discurso con que se promueven estos proyectos.
La economía circular
Al momento, están en marcha un proyecto de economía circular en el estado que se aprobó por decreto el 8 de junio de este año. El problema es que, para que estos proyectos existan, se requirió de un trabajo y plan gubernamental Estatal previos que le permitieran participar en la convocatoria según lo señaló la propia presidenta Claudia Sheimbaum en la mañanera del 12 de julio del 2025. Por lo visto, quienes aprueban y respaldan en sintonía estos megaproyectos del Plan México son, tanto los gobiernos federal, estatales, y municipales, así como todas las bancadas políticas en el Congreso, en acuerdo con grandes capitales financieros e industriales, trabajan coordinadamente para que estos proyectos se lleven a cabo, relegando, una vez más a las comunidades donde se pretenden construir estos megaproyectos.
Los proyectos de economía circular en Tlaxcala
En San Pedro Ecatepec en el municipio de Atlangatepec, se pretende imponer un PODECOBI que consta de 200 hectáreas, mucho más grande que el propio pueblo de San Pedro. Según el gobierno, el área destinada al Polo propuesto es propiedad del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, entidad de la Administración Pública estatal.
El PODECOBI pretende llevar el nombre de Natalia Teniza Portillo, una total contradicción pues ella siempre estuvo vinculada y fue solidaria con las causas sociales de su tiempo, contribuyó a que se repartiera la tierra entre los campesinos pobres y expropió cuatro haciendas en Tlaxcala: Santa Elena, San Antonio, Mazaquiahuac y San Blas. Casi como burla a su legado se eligió llamarle así al PODECOBI, porque ahora es el gobierno quien despoja a los pobres de su tierra.
Hoy en día, la comunidad de San Pedro está en defensa para que su tierra no sea convertida en basurero. Desde el gobierno han intentado persuadirlos con la promesa del progreso y se han enfrentado violencias físicas, hostigamiento político y abuso de poder policial. El 24 de junio, fueron agredidos y asediados por 50 patrullas, abarcando casi un kilómetro de unidades vehiculares y les intimidaron con un helicóptero, cuando lo único que buscaba la comunidad era un dialogo. ¿Es necesaria tanta violencia para un proyecto que se promueve como promesa de “Bienestar”? ¿Por qué la imposición violenta cuando la comunidad ya manifestó su rechazo a estos proyectos?
Lo mismo, pasó en Calpulalpan en la manifestación por acceso al agua en 2023 o el caso más reciente, el 5 de julio en Ixcotla, Chiautempan que están en defensa de sus campos de futbol. La recurrencia de estos hechos sostiene que en Tlaxcala la represión no constituye un hecho aislado, sino una forma constante de actuación del gobierno. El problema con la forma gubernamental para imponer estos megaproyectos radica en que se valen de: discursos persuasivos, falsa simulación de participación comunitaria, no consulta de las comunidades afectadas y la existencia de colusión institucional para eludir sus responsabilidades de impartir justicia, así brindándose respaldo entre sí mismas.
La justicia socioambiental, debe de ser construida con y para las comunidades en sus mismos términos, respetar sus decisiones es una tarea urgente para el gobierno. Mientras que el gobierno no responda a las demandas de las comunidades en términos de lo socioambiental no se puede pretender hablar de la justicia social.
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
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