El fraude eterno: Empresas fantasma en Tlaxcala roban millones de pesos

Tlaxcala. Las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) conocidas comúnmente como empresas fantasma, fachada o factureras durante los últimos cuatro sexenios han mantenido una relación constante con el Gobierno mexicano. Debido a que son compañías carentes de capacidad operativa y recursos, han logrado acceder a millonarias sumas de dinero público durante más de dos décadas, aprovechándose de vacíos legales y la falta de control en los procesos de contratación.

Una investigación realizada por Quinto Lab y el Observatorio de la Corrupción de impunidad (OCI) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha revelado el alcance de este fraude a través del análisis de contratos Federales otorgados a empresas fantasma entre 2002 y 2022. Con base en datos recabados, el Gobierno mexicano asignó un total de 11, 492 millones de pesos a estas compañías. Esto representa un promedio de 1.5 millones de pesos diarios durante 20 años, dinero que, en muchos casos, nunca se destinó a los fines previstos.

Además de los contratos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7,239 millones de pesos en impuestos a estas empresas, a través de cancelaciones y condonaciones de adeudos fiscales, lo que incrementó aún más el daño a las arcas públicas.

Contrataciones del Gobierno de Tlaxcala con empresas fantasma

Una investigación de Puebla contra la corrupción y la impunidad reveló que el gobierno de Tlaxcala, junto con otras entidades, adjudicaron contratos a empresas cuya existencia irregular ha sido comprobada. Por ejemplo, la empresa Beresmo Constructora y Urbanización, S.A de C.V. fue señalada en ese contexto. Esta compañía recibió contratos del gobierno de Tlaxcala, a pesar de que ha comprobado su existencia irregular.

• Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V. Con domicilio fiscal: Calle 5 Poniente 127 B, Chipilo de Francisco Javier Mina, San Gregorio Atzompa, Puebla. Varias investigaciones han señalado que en el domicilio fiscal registrado no se encuentra ninguna empresa, lo que sugiere su carácter de empresa fantasma.

• Jiménez y Cuéllar Asociados, S.A. de C.V. Compartía accionistas con Beresmo Constructora y Urbanizadora. Ambas empresas fueron beneficiadas con contratos millonarios en un corto periodo, y se han reportado irregularidades en las obras asignadas.

• Servicios Kran ha sido señalado por fraudes, su constitución fue avalada por el notario Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, quien ha sido vinculado a la creación de diversas empresas fantasma. 

• Dizoal y Esrome. Ambas empresas fueron registradas a nombre de personas de la tercera edad y se utilizaron para recibir pagos millonarios por parte de la Policía Federal. Se ha señalado que su creación también estuvo vinculada al notario Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano.

• Ligieri de México, S.A. de C.V. Registrada como proveedora de servicios durante campañas políticas, que fue utilizada en la campaña presidencial de 2018 y posteriormente, disuelta en una notaría de Zacatelco, Tlaxcala. La empresa fue registrada a nombre de una beneficiaria de programas sociales, lo que sugiere una posible simulación en su constitución.

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• ENEC Estrategia de Negocios y Comercio, S.A. de C.V. Registrada como proveedora de servicios durante campañas políticas. Al igual que Ligieri de México, esta empresa fue utilizada en campañas políticas y posteriormente disuelta en una notaría de Calpulalpan, Tlaxcala. Se ha señalado que su constitución y disolución presentan irregularidades.
• Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well. Empresas utilizadas en campañas políticas en Tlaxcala. De acuerdo con el SAT, estás empresas emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Incremento de Prácticas Irregulares en 2022: El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala detectó en 2022 un aumento en la práctica de justificar el uso de recursos públicos mediante empresas que no existen físicamente o carecen de la infraestructura y capacidad material para llevar a cabo los servicios contratados. Estas prácticas irregulares fueron identificadas en la comprobación de bienes, servicios y obra pública como ya mencionamos anteriormente.