Tlaxcala, Tlax. Pese a una huelga de hambre donde se alcanzaron acuerdos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el organismo que presuntamente debe proteger los derechos de las personas incumplió con la remuneración a Griselda Gracia Peña que procedió como lauda laboral en 2018, aunque su despido fue en 2011.
Aunque la afectada no refirió datos sobre cuánto es lo que la CEDH, presidida por Víctor Cid del Prado Pineda, por motivos de seguridad, solicitó al Gobierno del Estado interceda para que le sea entregado el laudo laboral luego de 4 años, 7 meses y 15 días de haber laborado en la comisión.
Informó que, tras su despido por el ex presidente, Francisco Mixcoatl Antonio, justificando el cambio en el Consejo Consultivo de la CEDH, Gracia Peña obtuvo un fallo a favor al dilucidarse la sentencia el 7 de febrero de 2018; no obstante la nueva presidencia interpuso un amparo del cual no fue favorecido y la justicia federal ordenó el pago del laudo.
Al no lograr los acuerdos, el 10 de julio Gracia Peña inició una huelga de hambre que duró solamente 2 días, ya que Del Prado Pineda pretendió negociar el fallo del Tribunal Federal.
Ante esto Griselda Gracia señala que fue engañada por Del Prado Pineda pues le ofreció una cantidad mínima a lo que realmente le correspondía por ley, siendo aproximadamente el 5% de la cantidad real que demandó un juez federal, incluso señala que a la fecha quedaría asentada en un acta que presentaría ante el Consejo Consultivo, lo cual no ocurrió.
Insistió que al ser un fallo de un organismo federal a un estatal, este no es negociable y debe ser acatado; de ahí que pidió al Gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, interceda y otorgue una partida extraordinaria a la CEDH para que acate el fallo y pague el laudo laboral pendiente.
Indicó que solo ha tenido una sola reunión con Víctor Cid ocurrida el 11 de junio de 2019 donde el ombudsman prometió pagar a la afectada, desde entonces no hubo más acercamientos.
Recordó que la CEDH tiene 3 millones de pesos injustificados y señalados como daño patrimonial por el Congreso de Tlaxcala y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), por lo que cuestionó el destino de ese monto y el motivo de porqué no ha recibido su pago.
