Tlaxcala, Tlax. De acuerdo con el Primer Informe de actividades 2017-2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se emitieron dos recomendaciones en las que se señala como responsables a un maestro y elementos de la PGJET- como responsables de cometer amenazas y tortura respectivamente.
El texto da a conocer que del período de junio de 2017 a mayo de 2018, la CEDH emitió 2 recomendaciones que según esta dependencia, son dirigidas a las “autoridades responsables de violaciones a derechos humanos” y son públicas aunque no vinculatorias. Éstas también incluyen las medidas que repararían el daño de los agraviados.
La primera lleva por nombre: Recomendación 01/2018 y fue expedida el 2 de mayo del año en curso, en ella se establece por destinatario al Director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE), pues el maestro de la materia de inmunología del Plantel 05 en Zacatelco violó derechos humanos de una joven.
El maestro, cuyo nombre no se da a conocer en el Informe, violó los derechos a la legalidad y seguridad jurídica así como a la integridad y seguridad personal. Todo lo anterior se debe a que prestó un servicio público educativo de forma indebida o ineficiente, asimismo, ejerció amenazas contra la persona que comenzó el proceso de queja.
Cuando se solicitó a la autoridad responsable hacer llegar un informe, ésta negó los hechos, pero la Recomendación determinó que el maestro debería ser sujeto de un procedimiento administrativo y que mientras éste se resuelva, debería ser suspendido de forma provisional.
16 días después de la publicación de esta recomendación, José Luis González Cuellar, director del CECyTE aceptó el documento de la CEDH y dijo que se iniciaría el procedimiento administrativo.
Por su parte, la Recomendación 02 /2018, fue emitida el 30 de abril del año en curso, tuvo por destinatario al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala y al Secretario de Gobierno del Estado.
Lo anterior, porque los ahora policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJET) antes llamada Policía Ministerial, detuvieron en 2015 a quienes emprendieron la queja, aunque no son los únicos responsables porque también se señalan como responsables a los Defensores Públicos de la PGET, así como los agentes del Ministerio Público de la misma dependencia.
Los policías cometieron violaciones al derecho de la libertad personal por cometer detención arbitraria, aunado a lo anterior, cometieron tortura. Tampoco respetaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ya que los uniformados ejercieron abuso de autoridad.
En lo que se refiere a los defensores, ellos cometieron ejercicio indebido de su función y brindaron un servicio insuficiente, mientras que los agentes del Ministerio Público hicieron una integración irregular de la averiguación previa.
Para los fines de esta recomendación, la CEDH pidió iniciar procesos administrativos contra los responsables y pidió a ambas autoridades pagar salarios y prestaciones desde enero de 2015 hasta abril de este año, a quienes interpusieron la queja ya que dejaron de percibir ingresos económicos debido a la privación de la libertad. El documento también estipula que se deberán cubrir los gastos médicos y ofrecer atención médica y psicológica.
