“El Estado perdió capacidad frente a procesos globales, pero no perdió legitimidad.” Esa es una de las ideas más provocadoras del sociólogo Zygmunt Bauman para comprender nuestro tiempo. Las grandes corporaciones tecnológicas, los mercados financieros y las plataformas digitales acumulan hoy un poder que rebasa fronteras con una velocidad que los Estados difícilmente pueden seguir. Basta mirar el valor económico de las empresas tecnológicas, su capacidad para moldear la conversación pública o la enorme cantidad de datos que concentran para darnos cuenta que el mapa del poder cambió.
Sin embargo, frente a esa transformación del poder, yo sigo cada vez más convencida de una idea: necesitamos seguir mirando al Estado.
No porque ignoremos que el poder económico se ha transformado, tampoco porque pensemos que los algoritmos son actores secundarios… Seguimos mirando al Estado porque ninguna empresa, por poderosa que sea, ha heredado aquello que lo distingue desde hace siglos: la legitimidad para decidir en nombre de la sociedad y la obligación de garantizar nuestros derechos.
«Hay que incomodar al poder, sí, pero el poder no solo está en el gobierno. El poder también está en las corporaciones y a veces nadie las investiga.»
Eso fue lo que el pasado 17 de junio me dijo el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, durante una breve conversación sobre el papel del periodismo frente al poder. Mi respuesta fue inmediata: seguimos mirando al Estado porque, como explicó Max Weber, es la institución que reclama el monopolio legítimo del uso de la fuerza.
Días después, el 3 de julio, Antonio Martínez publicó la columna «El latifundio tecnológico y la batalla por lo público», que compartió en sus redes sociales con la frase: «Me puso a pensar Paola Torres». En ese texto sostiene que el poder ya no está concentrado principalmente en los Estados, sino en las grandes corporaciones tecnológicas. Coincido en el diagnóstico sobre la creciente influencia de esos actores. Pero también creo que esa afirmación merece una discusión más profunda. Porque reconocer nuevos centros de poder no significa que el Estado haya dejado de ser el principal responsable frente a la ciudadanía.
Sería ingenuo de mi parte negar que plataformas digitales, fondos de inversión y empresas transnacionales condicionan decisiones económicas, moldean el debate público e incluso influyen en procesos democráticos. Sin embargo, esta conclusión me lleva a regresar a una pregunta mucho más antigua, una pregunta que la sociología y la filosofía política llevan siglos intentando responder: ¿qué es, en realidad, el Estado?
Thomas Hobbes escribió Leviatán en 1651, en medio de las guerras civiles inglesas. Para él, el Estado surgía como un pacto para abandonar la violencia y construir un orden común. Sin una autoridad legítima, sostenía, la vida estaría condenada a la incertidumbre permanente. Por lo que el Estado nacía para proteger.
Dos siglos después, Max Weber formuló una definición que sigue siendo el punto de partida de la sociología política: el Estado es la institución que reclama con éxito el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio. Esa definición suele reducirse al uso de la coerción, pero en realidad implica mucho más. Significa que el Estado es la única institución con la facultad de legislar, recaudar impuestos, impartir justicia, regular mercados, sancionar abusos y garantizar derechos.
El Estado es una institución distinta de otras que organizan nuestra vida social, como la familia, la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación o el mercado; pese a que todas influyen en nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos, el Estado tiene la autoridad jurídica para convertir decisiones en normas obligatorias para todas y todos.
Jürgen Habermas añadió otra pieza fundamental a esta discusión. Para él, la legitimidad del Estado democrático no descansa únicamente en las leyes, sino en la existencia de una esfera pública donde la ciudadanía pueda deliberar, disentir y exigir cuentas al poder. Una democracia no vive solo de elecciones; vive de la posibilidad de cuestionar a quienes toman decisiones públicas.
Y justamente ahí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.
Hoy buena parte de esa esfera pública transcurre en plataformas privadas. Facebook, X, TikTok o Instagram median conversaciones que hace apenas unas décadas ocurrían en plazas públicas, universidades o periódicos. Es cierto, las plataformas poseen una capacidad inédita para ordenar la información que consumimos, influir en nuestras emociones y condicionar buena parte del debate público.
Pero una cosa es administrar la conversación y otra muy distinta es garantizar derechos.
Bauman advirtió que el capital y el poder económico se volvieron líquidos, es decir, que pueden desplazarse de un país a otro con una velocidad que la política difícilmente alcanza. Las empresas tecnológicas operan simultáneamente en decenas de países; los datos viajan sin fronteras y los mercados reaccionan en segundos.
La política, en cambio, sigue teniendo un territorio. Los congresos legislan dentro de sus fronteras, los tribunales resuelven conforme a leyes nacionales y los gobiernos responden a una ciudadanía concreta.
Lo que me hace pensar que el Estado perdió capacidad para controlar muchos procesos globales, pero no perdió legitimidad y mucho menos perdió la responsabilidad que la Constitución le impone frente a quienes habitamos un territorio.
Porque cuando un río se contamina, cuando un bosque cambia ilegalmente de uso de suelo, cuando una comunidad pierde acceso al agua, cuando desaparece una persona, cuando una mujer denuncia violencia, cuando una autoridad decide ocultar información pública o cuando una comunidad exige ser escuchada, seguimos mirando al mismo lugar: al Estado.
No porque ignoremos el poder de las empresas, sino porque ninguna empresa puede garantizar el derecho humano al agua, proteger un bosque, sancionar un delito ambiental, emitir una ley de transparencia, impartir justicia o hacer efectivo un derecho humano.
Ningún algoritmo puede hacerlo. Esas responsabilidades siguen teniendo un solo depositario: El Estado.
Paradójicamente, incluso el enorme poder que hoy poseen muchas corporaciones tecnológicas no surgió al margen de él, sino que crecieron dentro de marcos jurídicos diseñados por los propios Estados. Se beneficiaron de políticas públicas, incentivos fiscales, vacíos regulatorios o decisiones políticas que facilitaron su expansión.
Los algoritmos no sustituyeron al Estado, prosperaron porque hubo Estados que decidieron regular poco, regular tarde o, sencillamente, no regular. Por eso me parece peligroso confundir la transformación del poder con la desaparición de la responsabilidad pública.
Para mí, mientras más fuerte sea el poder económico, más necesario resulta un Estado capaz de poner límites, proteger derechos y garantizar el interés colectivo.
Cuando Martínez Velázquez cuestionó mi quehacer periodístico por «incomodar al poder», volví a una convicción que la sociología política lleva siglos sosteniendo: el Estado sigue siendo el principal responsable frente a la ciudadanía. Por eso, desde Escenario Tlaxcala seguiremos cuestionando e incomodando al poder que ejerce el Estado, particularmente cuando sus decisiones públicas, concesiones, omisiones o privilegios favorezcan intereses empresariales por encima del interés público.
Si bien las empresas deben ser investigadas cuando contaminan, vulneran derechos laborales, destruyen ecosistemas u obtienen privilegios indebidos, existe una diferencia que no debemos diluir: las empresas persiguen intereses privados; el Estado, en cambio, posee la legitimidad y la obligación de proteger el interés público y garantizar derechos. Por eso, mi necedad de seguir mirando al Estado.
Por ejemplo: Cuando una empresa destruye un bosque, la responsabilidad empresarial es evidente. Pero cuando esa destrucción ocurre durante años sin inspecciones, sin sanciones, sin clausuras o con permisos otorgados irregularmente, la pregunta periodística cambia inevitablemente de dirección.
¿Qué hizo el Estado?¿Qué autoridad omitió actuar? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado?
Cómo socióloga y periodista, he investigado conflictos por el agua, contaminación de ríos, desarrollos inmobiliarios en zonas forestales, desapariciones, opacidad institucional y decisiones públicas que afectan el territorio. En todos esos casos aparecen actores privados, intereses económicos y relaciones de poder, pero, al final; las preguntas siempre regresan al mismo sitio.
¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién debía garantizar un derecho y no lo hizo?
Las respuestas casi nunca apuntan hacia un algoritmo o recaen en las empresas; terminan dirigiéndose a una institución pública: el Estado.
Por eso, el debate no consiste en decidir si el poder pertenece hoy al Estado o a las corporaciones tecnológicas, sino en preguntarnos a quién debemos exigir una respuesta cuando los derechos se vulneran. Vivimos en una época en la que el poder se distribuye entre múltiples actores, pero la responsabilidad de proteger el interés público y garantizar derechos sigue recayendo, principalmente, en el Estado. Lo verdaderamente importante es recordar que el poder puede haberse diversificado, pero la responsabilidad democrática no se ha distribuido de la misma manera.
Los algoritmos pueden decidir qué aparece en nuestras pantallas, las plataformas pueden administrar buena parte de la conversación pública, las empresas pueden acumular riqueza e influencia. Pero ninguna de ellas posee el mandato constitucional de proteger nuestros derechos. Esa responsabilidad sigue teniendo un nombre: Estado.
Y quizá ahí también habita una pequeña utopía. No la ingenua de un Estado perfecto o infalible. Tampoco la resignación de aceptar que los nuevos poderes económicos vuelven inútil toda exigencia pública. Mi utopía sigue estando aquí, en Tlaxcala, muy lejos de ese latifundio tecnológico del que hoy me hizo escribir estas palabras.
Está en la soberanía de las comunidades para decidir sobre su territorio; en el derecho de los pueblos a defender sus bosques, sus ríos y su agua; en preservar las fiestas que fortalecen la vida comunitaria y en respetar la dignidad de quienes, desde abajo, han sostenido históricamente este estado. Porque antes que los algoritmos, aquí siguen existiendo comunidades que resisten, personas que organizan asambleas y pueblos que exigen ser escuchados. En esta tierra que quiero creer que no ha sido vencida por la globalización. Esa es la utopía que sigo caminando.
Ahora mi pregunta deja de ser ¿quién concentra el poder? Ahora mi pregunta es ¿qué ha hecho y qué está haciendo la izquierda para evitar que esas corporaciones sigan apropiándose de nuestros territorios, de nuestros datos y, poco a poco, también de nuestra vida pública?
Sí. Sigamos mirando al Estado.
