Según la Real Academia el concepto de represión lo define como el “acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”.
Haciendo alusión al concepto de represión, es posible afirmar que en Tlaxcala los movimientos sociales, las comunidades, las luchas o los pueblos, han enfrentado de manera constante episodios de represión. Cada vez que defienden el territorio, la vida, la tierra, el agua, la respuesta del Estado ha sido en numerosas ocasiones el uso de la violencia como mecanismo de castigo y control.
Un ejemplo reciente ocurrió el pasado 25 de junio, la comunidad de San Pedro Ecatepec, que pertenece al municipio de Atlangatepec, que fue objeto de una fuerte intervención policial. Elementos de la policía estatal utilizaron gases lacrimógenos contra habitantes de la comunidad que se manifestaban en defensa de su territorio y en rechazo a la imposición del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.
Este hecho no es aislado, el 8 de mayo de 2023, comunidades de Calpulalpan, que protestaban por la falta de agua potable también fueron reprimidas en esta administración gubernamental. De acuerdo con los testimonios y reportes documentados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispersaron gases lacrimógenos contra las personas manifestantes y posteriormente se registraron detonaciones de armas de fuego. Habitantes del lugar denunciaron que hubo personas heridas como consecuencia de estos hechos.
De igual manera, durante la movilización del 8 de marzo de 2023, miles de mujeres salieron a las calles para exigir el fin de la violencia y reclamar el respeto a sus derechos a vivir una vida libre de violencia. La respuesta de las autoridades fue el despliegue de una tanqueta para dispersar la protesta con chorros de agua, además del uso de gases lacrimógenos.
Este proceder del gobierno no es un error o una equivocación, es una práctica sistemática que ocupa para contener la inconformidad social, mediante mecanismos de intimidación que tienen como objetivo disolver movimientos o imponer proyectos que lo único que hacen es devastar el territorio, la vida de las personas y de todos los seres vivos que habitamos.
Frente a este panorama, resulta indispensable mencionar que el conflicto social no se resuelve mediante el uso de la fuerza. Las demandas que tienen las comunidades, las luchas o los movimientos sociales, relacionadas con el acceso al agua, la protección del territorio o la exigencia de una vida libre de violencia, requieren respuestas institucionales basadas en el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales. La función del Estado debe ser garantizar las condiciones para el ejercicio de estos derechos y no convertir a quienes se manifiestan en enemigos a vencer.
Cabe recordar que la protesta social está relacionada con los derechos a la libre expresión, la libertad de reunión y la participación en los asuntos públicos y estos derechos están contenidos en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizarlos y protegerlos, no de responder a ellos mediante el uso desproporcionado de la fuerza.
La recurrencia de estos episodios permite sostener que en Tlaxcala la represión no constituye un hecho aislado, sino una forma de actuación del gobierno. El uso de los cuerpos de seguridad para disuadir y criminalizar la protesta social revela una preocupante tendencia a responder con la fuerza a las demandas de quienes exigen el respeto y la garantía de sus derechos.
Margarita Sánchez Cruz
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
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