Yossadara Franco Luna
A Gaby y a su familia. Su dolor nos recuerda que una persona desaparecida es una presencia que falta, una vida suspendida y una pregunta que interpela nuestra conciencia.
De la violencia política a la crisis de desapariciones en México
México vivió entre 1960 y 1980 la llamada Guerra Sucia, periodo en el que el Estado recurrió a la desaparición de activistas y opositores políticos. Sin embargo, fue a partir de 1993 cuando la violencia comenzó a adquirir nuevas formas que anticiparon parte de la crisis actual. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se multiplicaron las desapariciones y, sobre todo, las de mujeres jóvenes que concluyeron en feminicidios y revelaron la incapacidad institucional para protegerlas. Con frecuencia se atribuía la dificultad para resolver estos crímenes a la condición fronteriza de la ciudad y a la presencia de múltiples redes criminales que operaban en la región. La proliferación de células criminales y la constante reconfiguración de sus estructuras hicieron prácticamente imposible erradicar el fenómeno mediante operativos aislados.
La situación se agravo a partir de 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico cuyas consecuencias seguimos padeciendo o, mejor dicho, seguimos estando en medio de ella. La estrategia de combate frontal a los grupos criminales no logró contener la violencia. Lo que aconteció fue, más bien, la fragmentación de los cárteles, el nacimiento de otros grupos más violentos y su expansión por disputas territoriales a lo largo del país. En este contexto, la desaparición dejó de percibirse como un fenómeno limitado a ciertos sectores y comenzó a extenderse como una práctica que podía alcanzar a distintos grupos de la población.
El mensaje oficial sostenía que las personas desaparecidas eran criminales y que su ausencia respondía a ajustes de cuentas entre grupos rivales. Se repetía la idea de que se trataba de criminales contra criminales y que, tarde o temprano, terminarían eliminándose entre sí. Aquella narrativa solo simplificaba el problema y contribuyó al nacimiento de una indiferencia social frente a las desapariciones. Lo cierto es que la desaparición se convirtió en una herramienta de control a través de eliminar rivales, reclutar por la fuerza, extorsionar o sembrar miedo. El resultado es siempre el mismo: una persona arrancada de su comunidad y una familia condenada a la incertidumbre.
La política conocida como «abrazos, no balazos» tampoco logró revertir esta situación. Continuó la expansión territorial y operativa de distintos grupos criminales. La desaparición de personas siguió siendo una realidad más cotidiana de lo que se pensaba, al punto que es hoy una de las expresiones más dolorosas de la crisis de violencia e impunidad que atraviesa México.
El problema es de dos tipos. El primero es la existencia de grupos criminales que desaparecen personas bajo criterios no específicos porque el fenómeno siempre ha alcanzado a personas de distintas edades, sexo, condición social y origen. No hay un criterio que permita sentirse a salvo. La victima puede ser cualquiera. El segundo, y quizá igual de cruel que el primero, es su normalización y con ello la indiferencia.
No quiere decir que se aprueben socialmente las desapariciones. Se trata de algo más complejo: el miedo, sumado a la saturación informativa, produce una especie de indiferencia progresiva. El ciclo comienza con la indignación ante un hecho atroz, continúa con el temor y la repetición constante de nuevas tragedias, hasta que aquello que antes parecía intolerable empieza a percibirse como parte de la normalidad. La indignación vuelve a aparecer únicamente cuando ocurre un hecho todavía más brutal que los anteriores, y después el ciclo comienza de nuevo.
Cuando desaparece el otro, desaparece algo de nosotros
¿Ser indiferentes nos convierte en malas personas? No necesariamente. La indiferencia no siempre nace de la ausencia de valores, sino de una lenta erosión de nuestra sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Reconocemos que algo está mal, pero dejamos de sentir que ese mal nos interpela. Así, lo intolerable comienza a percibirse como una parte normal de la vida nacional porque esta acompañada de la desconfianza en el Estado y sus instituciones, la seguridad del propio hogar y, sobre todo, la capacidad de indignarnos. La razón reconoce el mal, pero la sensibilidad moral se va apagando.
Estamos ya frente a la deshumanización del otro. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar: sin el otro no soy yo. La identidad humana no se construye en aislamiento, sino en relación. La desaparición forzada termina siendo también una desaparición de nuestra capacidad de reconocernos en los demás.
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