La discusión sobre la basura en Tlaxcala atraviesa uno de sus momentos más intensos de los últimos años. El cierre de los vertederos de Panotla y Huamantla y el anuncio del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) han colocado la gestión de residuos en el centro de la conversación pública.
Pero el conflicto actual no gira únicamente en torno a dónde depositar los residuos o qué infraestructuras construir. También expresa una diferencia más profunda sobre cómo entender la crisis misma.
A primera vista, el debate parece concentrarse en las soluciones. Sin embargo, detrás de ellas existe una pregunta más básica: ¿cuál es el problema que intentamos resolver?
La pregunta puede parecer fuera de lugar en un contexto donde los residuos continúan generándose todos los días y las decisiones parecen urgentes. Pero cuando una sociedad enfrenta una crisis de basura, la forma en que define el problema suele ser tan importante como las soluciones que propone para atenderlo.
Una primera definición sostiene que la crisis radica principalmente en la falta de infraestructura para tratar y aprovechar los residuos. Desde esta perspectiva, el problema central es la persistencia de un modelo centrado en recolectar, trasladar y enterrar materiales que podrían reincorporarse a procesos productivos. Lo que hoy observamos como una crisis de tiraderos de basura sería, en realidad, el resultado de haber concentrado el manejo de residuos en su etapa final y no en su aprovechamiento.
Pero esta definición no sólo orienta determinadas soluciones. También determina quiénes son considerados actores relevantes para resolver el problema. Ingenieros, empresas especializadas, inversionistas, funcionarios y expertos en tecnologías de tratamiento adquieren un papel central. Los instrumentos privilegiados tienden a ser las plantas de procesamiento, los proyectos regionales, las inversiones de gran escala y los mecanismos de financiamiento para infraestructura.
Sin embargo, esta definición no agota el debate ni es la única.
Otra definición no cuestiona que los vertederos hayan alcanzado sus límites. Lo que cuestiona es que esa sea la causa principal de la crisis. Desde esta visión, la saturación observada sería el síntoma más visible de un problema previo: la incapacidad para prevenir, reducir, separar y aprovechar una proporción significativa de los residuos antes de que lleguen a disposición final. Lo que hoy aparece como una crisis de vertederos sería, en buena medida, la consecuencia de haber postergado durante años la construcción de capacidades municipales para intervenir en las etapas previas del sistema.
Desde esta perspectiva, los actores relevantes son otros. Municipios, escuelas, organizaciones comunitarias, ciudadanos, promotores ambientales e instituciones locales adquieren un papel fundamental. Los instrumentos privilegiados dejan de ser únicamente las infraestructuras y pasan a incluir reglamentos, programas municipales, separación en origen, compostaje, educación ambiental, recuperación de materiales, estaciones de transferencia y cooperación intermunicipal.
En realidad, ambas interpretaciones pueden contener elementos válidos y no son necesariamente incompatibles. La controversia surge cuando se intenta definir qué dimensiones del problema deben recibir prioridad, qué actores deben conducir la respuesta y hacia dónde deben dirigirse los recursos disponibles. En la práctica, las decisiones públicas rara vez intervienen sobre todas las causas al mismo tiempo. Por eso, distintas definiciones compiten por orientar las soluciones.
El decreto para instalar el PODECIBI ilustra precisamente este proceso. Más que anunciar una infraestructura, expresa una forma particular de entender la crisis de residuos. Al privilegiar ciertas soluciones, actores, conocimientos e instrumentos, deja entrever qué interpretación del problema logró convertirse en la respuesta gubernamental dominante. Esto no significa que otras definiciones carezcan de fundamentos, sino que no todas cuentan con las mismas posibilidades de ser tomadas en cuenta ni de influir en la toma de decisiones.
Desde esta perspectiva, la controversia en torno al PODECIBI permite ver qué ocurre cuando una determinada definición del problema se traduce en acción gubernamental. Su materialización en el territorio revela que esa interpretación no era necesariamente compartida por todos los actores involucrados. Lo que parecía una discusión resuelta reaparece como una profunda controversia sobre las causas de la crisis y las formas legítimas de intervenirla.
La oposición expresada por habitantes de San Pedro Ecatepec y comunidades cercanas también muestra otro aspecto importante. En proyectos de gestión de residuos, la discusión pública suele intensificarse cuando una solución ya ha sido preseleccionada o comienza a materializarse en el territorio, como ocurrió en Tula, Hidalgo o San José Chiapa, Puebla. En ese sentido, el conflicto no sólo expresa desacuerdo con una infraestructura específica. También deja ver con claridad quiénes participan en la definición del problema antes de que las decisiones sean tomadas y quiénes sólo logran intervenir cuando sus efectos comienzan a hacerse visibles.
Sin embargo, esta cuestión no se agotará en el debate sobre el PODECIBI. La misma disputa por definir las causas de la crisis, las prioridades de intervención y los actores con capacidad de influencia comienza a trasladarse hacia un terreno menos visible, pero igualmente decisivo: los municipios y comunidades.
Con la Ley de Residuos de Tlaxcala de 2023 y a partir de la publicación del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Tlaxcala en 2025, cada ayuntamiento deberá formular su propio programa de residuos. Más que un requisito legal, este proceso abre la posibilidad para discutir desde los territorios locales cómo se entiende el problema, qué capacidades deben fortalecerse y qué alternativas deben recibir prioridad.
Quizá ahí radique una de las contribuciones más importantes del conflicto actual: haber colocado en la agenda pública una pregunta que durante demasiado tiempo permaneció en segundo plano: ¿Cuál es realmente el problema que intentamos resolver?
Mtro. Marco Antonio Rodríguez Gómez
Territorio y decisiones
Analista de políticas
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