A pesar de las múltiples violaciones a derechos humanos que trae consigo la prisión preventiva oficiosa, Lorena Cuéllar se rehúsa a eliminarla.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 7 de mayo, 31 gobernadores de México- incluyendo a la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar- firmaron un oficio denominado «amicus curiae» dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, donde solicitaron que no se elimine la prisión preventiva oficiosa, a pesar de las fuertes críticas y recomendaciones internacionales en contra de esta medida.
Desde 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha instado urgentemente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, conocida también como «prisión preventiva oficiosa» o «automática».
Según este grupo, la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos.
En esa línea, Miriam Estrada-Castillo, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha dado a conocer que «la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones», conclusión que comparte la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a la información emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas acusadas de determinados delitos, lo que ha derivado en múltiples violaciones de derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Al respecto la Dra. Estrada-Castillo, ha declarado lo siguiente:
«Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario.»
En ese sentido, Estrada Castillo también ha externado que esta medida es contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención. Asimismo pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A pesar de las críticas y recomendaciones internacionales, los 31 gobernadores mexicanos, incluida la gobernadora de Tlaxcala, han decidido respaldar la prisión preventiva oficiosa.
Esto ocurre en un contexto en el que la SCJN ha propuesto su eliminación bajo el argumento de que «la prisión preventiva oficiosa se propone en el proyecto como contraria a los derechos humanos y una medida que presenta múltiples efectos dañinos para el sistema penal y para la sociedad».
A pesar de que en Tlaxcala, más de 669 personas se encuentran privadas de su libertad en prisión preventiva, la gobernadora Lorena Cuéllar ha reiterado su oposición a la iniciativa propuesta por la SCJN.
Finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha resaltado que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos como la libertad personal, el debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, contraviniendo el derecho internacional.
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