- Las reformas laborales deberían regular esta modalidad de trabajo para brindar certidumbre para los trabajadores y los patrones, no prohibirla.
- El Convenio No. 144 de la OIT establece que el Gobierno está obligado a tomar decisiones tripartitas, por lo que debió consultar a los empleadores y patrones.
- Alrededor de 12 millones de personas salieron del mercado laboral a causa del Covid-19, dejando una crisis de empleo en medio de una crisis económica.
El sector patronal agremiado al Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) y adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamenta que justo en medio de las crisis de salud y neconómica que ha generado la enfermedad del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado una iniciativa que reforma a diversas disposiciones como la Ley Federal del Trabajo, la
Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas en empleos, a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
El presidente del CET-COPARMEX, José Noé Altamirano Islas expuso que este hecho pone en riesgo a millones de empleos formales que aún subsisten a nivel nacional e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC. Además, la iniciativa causaría efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.
De igual forma, agregó, podría convertirse en una barrera burocrática, al requerir autorización por parte de la STPS para las personas físicas o morales para brindar sus servicios, ahora con un carácter especializado que deberá renovarse cada 3 años y su inscripción en un padrón público dando mayor carga administrativa para el patrón, en lugar de que éste se enfoque a la productividad de su negocio. «Como sector patronal nos hemos pronunciado al respecto y refrendamos estar de acuerdo con que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal».
La COPARMEX en Tlaxcala está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir, enfatizó Altamirano Islas. «Resaltamos que la subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, fomenta el empleo, la economía formal y la inversión».
El llamado es a construir un nuevo andamiaje legal a partir del consenso con el sector privado, ya que se tenía el compromiso del Gobierno Federal de que así fuera y ello no se cumplió.
Los trabajadores no desean que se inhiba la creación de empleo, sobre todo en un momento muy delicado en el que nos enfrentamos a la crisis económica más severa y posiblemente de mayor duración del último siglo. Durante la jornada de Sana Distancia, 12 millones de personas salieron del mercado laboral, refirió. En el contexto actual, la recuperación ha sido insuficiente, ya que aún 4 millones de personas no han logrado reincorporarse, de las cuales un millón corresponde al sector formal. Acciones como la prohibición de la subcontratación implicarán más dificultades para la recuperación del empleo.
Por otro lado, advirtió que aumentará la informalidad, que es uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México. «En nuestro país, el 56% de la población ocupada tiene esa característica, por lo que endurecer los mecanismos de contratación aunado a la falta de apoyos fiscales, podría derivar en agravar la informalidad y, por ende, profundizar la precariedad laboral».
“Tras la crisis provocada por el COVID-19, las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización. El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. Debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado», planteó el dirigente del CET.
Por tanto, Noé Altamirano se pronunció porque el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal retomen el compromiso de diálogo social que permita avanzar en una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Dejemos de estigmatizar una figura que genera bienestar para los mexicanos y sus familias.
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