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Libro “Reporte Miroslava” pone en riesgo a la familia de la periodista: Propuesta Cívica

La organización Propuesta Cívica es coadyuvante de la investigación y acompaña a la familia de la periodista. Desde su óptica, ese libro se hizo con información incorrecta y falsa, además de tener un sesgo político electoral y pone en riesgo a la familia de Miroslava Breach.

Redacción / Raíchali

Chihuahua.- La organización Propuesta Cívica señaló que el libro “Reporte Miroslava”, escrito por Guadalupe Lizárraga, tiene información incorrecta y falsa, es tendencioso en sus conclusiones, tiene tintes político electorales y pone en riesgo a la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo del 2017 en la ciudad de Chihuahua.

Propuesta Cívica es coadyuvante en la investigación emprendida por las autoridades para esclarecer el crimen, y es acompañante de la familia de Miroslava. Por ello solicitó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas que garantice la seguridad de la familia de la periodista.

También hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que investigue cualquier amenaza o acto de intimidación en contra de la familia a partir de que salió ese libro.

En el libro se hace énfasis en que desde el gobierno estatal del panísta Javier Corral y de la Feadle fabricaron pruebas para incriminar con el asesinato al grupo delictivo de Los Salazar, que opera principalmente en Chínipas, y al exalcalde de ese municipio, Hugo Amed Schultz, quien aceptó su culpabilidad en el caso. Sin embargo desde Propuesta Cívica refutan esas acusaciones.

En una publicación hecha en su portal digital, respaldado por la familia de Miroslava, la organización señala que se hizo un análisis comparativo exhaustivo del libro con las pruebas admitidas y desahogada en juicio oral por Juez de enjuiciamiento federal, imparcial e independiente y señala varias anomalías.

En este caso hasta el momento sólo se ha sentenciado a Schultz y a Juan Carlos Moreno Ochoa, señalado de organizar a varias personas para llevar a cabo el asesinato.

En las entrevistas practicadas a la familia, donde se señala a Hugo Amed Schultz Alcaraz y a Carlos Arturo Quintana alias “El 80” como probables partícipes del homicidio, “se recuerda que las víctimas no son testigos claves, ni directos o indirectos de los hechos”, indica la organización.

En este sentido establece que las Fiscalías tienen la obligación de generar hipótesis de investigación, líneas que apuntan a la actividad periodística de la víctima y su corroboración a través de múltiples estudios, como el análisis de contexto realizado por la FEADLE y el estudio de las notas periodísticas por parte de los Policías de investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

En el caso de Miroslava, las entrevistas de la familia fueron una ínfima parte del acervo probatorio desahogado en el proceso judicial de Juan Carlos Moreno Ochoa, y parte de los datos de prueba ofrecidos para la vinculación a proceso de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en las causas penales 259/2018 y 150/2020 respectivamente. Por tanto, es irresponsable comunicar que la responsabilidad de las líneas de investigación y las sentencias recaen únicamente sobre las víctimas en delitos de alto impacto, subraya Propuesta Cívica.

El libro indica que tuvo acceso a los 26 tomos del expediente del crimen de Miroslava Breach, pero la organización precisa que son 24.

Puntualiza que el hecho de integrar en la publicación la declaración ministerial del hijo de la periodista resulta irrelevante.

“No se omite mencionar que la entrevista del hijo de Miroslava Breach no fue utilizada para el enjuiciamiento de Juan Carlos Moreno Ochoa a petición de la familia y de Propuesta Cívica. Más aún, la responsabilidad de Ramón Zavala no fue sometida a acreditación judicial pues, como revelaron investigaciones posteriores, dicha persona fue asesinada antes de ser juzgada por el homicidio de Miroslava. Por tanto, pierde interés periodístico o relevancia pública su entrevista”.

Propuesta dice que las entrevistas de testigos y víctimas directas de delitos de alto impacto (haciendo énfasis en niñas, niños y adolescentes) pueden o no servir para identificar al responsable, circunstancia que depende de los factores de resiliencia de la persona frente a los hechos, así como su capacidad de memoria y retención.

“En el caso del hijo de Miroslava, no es lógico ni de sentido común señalar que, por haberse encontrado a escasos metros de los hechos y ser un “jóven”, tuvo la oportunidad de identificar plenamente al gatillero”.

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Respecto a la supuesta participación de Javier Corral en la manipulación de evidencia y fabricación de responsables, ni la defensa Moreno Ochoa ni de Schultz Alcaráz presentaron argumentos o evidencia alguna que acredite la existencia de estos hechos, como se puede advertir de las audiencias de las causas penales 259/2018 y 150/2020, las cuales son de acceso público, establece el comunicado de la organización.

En el libro se añade también una supuesta entrevista con el testigo conocido como “Apolo”, hijo del líder del grupo Los Salazar, y quien en audiencias fue uno de los testimonios que estableció el vínculo entre ese grupo criminal con el asesinato de Miroslava Breach. En la entrevista para “Reporte Miroslava”, “Apolo” y Schultz principalmente acusan haber sido torturados para involucrarse como responsables en el caso.

Misroslava 3

Al respecto Propuesta Cívica señala que “el testigo no fue sujeto a tortura ni ha tratos malos ni degradantes, así señalado por el mismo Apolo, en una entrevista practicada a él el pasado 25 de marzo de 2023 y que consta en los registros de investigación, en la cual existió participación de peritos médico legista y psicólogo. Apolo declaró en audiencia pública que era su voluntad y derecho humano declarar y ser escuchado por la autoridad judicial”.

“Por otro lado, suponiendo sin conceder, la existencia de afectaciones hacia las personas sentenciadas y sus familias no repercutió en los procesos penales iniciados en su contra, pues no se desprende del expediente ni de los procesos penales que a través de estos actos se hayan fabricado pruebas o confesionales utilizadas en el caso, máxime cuando tales peritajes no fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes ni por parte de Juan Carlos Moreno Ochoa, ni por Hugo Amed Shultz Alcaraz”.

Una de las hipótesis del libro de Lizárraga es que el criminal conocido como “El 80” es el presunto autor intelectual del homicidio de Miroslava, pero la organización informa que las diligencias e investigación del caso descartaron su participación.

“En el caso de Miroslava, la teoría del caso de la FEADLE permitió abrir líneas de investigación hacia integrantes de Los Salazar y actores políticos, tales líneas se comprobaron y quedaron sustentadas en 53 medios de prueba, que fueron corroborados por un Juez de enjuiciamiento y Tribunal de Alzada en el proceso penal en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa y la Juez de control que autorizó el procedimiento abreviado de Hugo Amed Schultz”, asevera la organización.

Acerca de dar nombres de personas integrantes de la familia de la periodista Breach Velducea, Propuesta Cívica lo considera grave, ya que la investigación que mantiene abierta con órdenes de aprehensión pendientes de cumplir en contra del autor intelectual y otro material en el caso, vinculadas al grupo delictivo “Los Salazar”.

“La revelación de los nombres de toda la familia de Miroslava en una publicación de investigación periodística es un descuido gravísimo que pone en riesgo real e inminente la integridad, libertad y vida de la familia frente a personas que se encuentran en libertad y, hasta donde se tiene conocimiento, operan en los estados de Sonora y Chihuahua con fuerte presencia”.

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Además de considerarse un hecho posiblemente constitutivo del delito, añade la organización, es una brecha de seguridad alarmante ante las capacidades del crimen organizado para actuar en contra de la familia de la periodista.

Si bien Propuesta Cívica se dice consciente de que el periodismo no tiene la responsabilidad de acreditar todos los hechos plasmados en las publicaciones, sobre todo la crítica hacia el actuar de las autoridades, en el caso de “Reporte Miroslava” no se cumple con un estándar de debida diligencia periodística, enfatiza.

“Carece de parámetros mínimos de verificación y corroboración de fuentes, tampoco muestra información imparcial ni objetiva hacia la crítica la investigación, demostrando una tendencia hacia la búsqueda de responsabilidad de Javier Corral y de manera obsesiva intenta demostrar la supuesta inocencia de los victimarios, de quienes fue demostrada su plena responsabilidad penal ante las autoridades judiciales correspondientes, y que a lo largo de sus procesos existió un estricto respeto a sus derechos humanos y a sus garantías procesales”.

 

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Hostigamiento a caravana migrante en Tlaxcala, una constante del INM

  • En Tlaxcala se usaron prácticas de militarización del INM en Caravana Migrante Viacrucis 2024

Tlaxco, Tlax. El pasado 26 de mayo la Caravana Migrante Viacrucis 2024, integrada por personas  provenientes de Perú, Venezuela, Haití, Cuba, Honduras, Guatemala y Nicaragua, fueron intercetadas por un operativo realizado por  el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Tlaxco; lo que los mantuvo más de diez veinte horas varados, sin continuar su camino a Estados Unidos.

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Fotografía: Cristihan Martínez y Andrés Martínez /Nierika Images

La Caravana Migrante Viacrucis 2024 salió desde Chiapas en marzo de este año y el pasado 26 de mayo llegaron a Tlaxcala después de que agentes del INM del Estado de Puebla los subiera al tren con dirección a Tlaxcala.

No obstante, al llegar a la entidad tlaxcalteca, alrededor de las cinco de la tarde, elementos del INM y la Guardia Nacional los detuvieron sin precisar los motivos.

Este hecho forma parte de una política migratoria militarizada. El reporte Bajo la bota,  la militarización de la política migratoria en México, indica que la intervención de la Guardia Nacional en tareas migratorias, el despliegue de elementos castrences en puestos fronterizos y la colocación de militares y ex militares en puestos claves del INM son los rasgos principales que evidencial cómo una función civil es ejecutada por elementos de la milicia.

Durante el operativo, migrantes que se encontraban arriba del tren conocido como «La Bestia» reportaron a medios de comunicación y asociaciones civiles que fueron cercados, amenazados y violentados de manera verbal por elementos del INM, la GN y policías estatales.

Esto pese a que se encontraban mujeres embarazadas, niñas, niños y personas con alguna discapacidad física.

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Fotografía: Cristihan Martínez y Andrés Martínez /Nierika Images

Ana*, quien estuvo en el lugar de los hechos, compartió para Escenario Tlaxcala que al lugar arribaron alrededor de quince camionetas tipo «pick up» con elementos de la GN, quienes se encontraban armados, esto con la intención de que las y los migrantes se bajaran del tren, se subieran a las camionetas y los trasladaran a otro lado.

El informe Bajo la Bota,  indica que éstas prácticas se hacen con perfilamiento racial, es decir, atendiendo a los rasgos de las personas, sin realizar ningún tipo de prueba individualizada en un país donde transitan, anualmente, 400 mil personas de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante esta redada, migrantes solicitaron la presencia de medios de comunicación y asociaciones civiles para poder entablar diálogo con las autoridades correspondientes, debido a que habían separado los vagones del tren en donde se encontraban los migrantes para detener su curso.

Ana* subrayó que para evitar que la Caravana Migrante continuara su curso, Genaro García Wong, titular de la Oficina de Representación del INM en Tlaxcala, dijo que los migrantes iban a ser trasladados al Estado de Guerrero.

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Fotografía: Cristihan Martínez y Andrés Martínez /Nierika Images

Genaro García Wong ya había sido titular del INM en Sonora, tomando posesión en 2020 y también fue representante del INM en Veracruz. Durante su mandato ha enfrentando acusaciones por despidos injustificados y hostigamiento laboral. 

Wong es un contralmirante de la Secretaría de Marina en retiro y forma parte de los 113, 833 elementos de origen militar involucrados en tareas de migración.

El 85% de agentes de la Guardia Nacional carece de Certificado Único Policial, indispensable para trabajar con civiles.

Los «rescates» (eufemismo utilizado por el gobierno de AMLO para nombrar a las detenciones) realizados por la GN y El INM son los más altos hasta el 2022: suman 846 mil detenciones.

Esta es una cifra mayor que la registrada en el sexenio de Calderón ( 509 mil ) y de Peña Nieto ( 823 mil), de acuerdo con números de Bajo la bota.

Contención, disuasión y maltrato contra migrantes

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Fotografía: Cristihan Martínez y Andrés Martínez /Nierika Images

«Para diversas asociaciones que estaban en el lugar, la propuesta de que los migrantes fueran trasladados a Guerrero parecía muy peligrosa, debido a los altos índices de violencia que mantiene ese estado por temas de narcotráfico».

En entrevista con Guillermo Yrizar, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla e integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), México ha adoptado medidas migratorias de acuerdo a las presiones geopolíticas y económicas de los Estados Unidos.

Al respecto, mencionó:

«Lo que pasó en Tlaxcala es la política migratoria de contención, de disuasión y de maltrato a los migrantes que no corresponde con el discurso de protección de derechos humanos y lo que marca la Ley.»

Asimismo, aseveró que lo que sucedió en Tlaxcala es parte de la militarización del INM, pues las prácticas de encapsulamiento por parte de elementos de la GN, llevar a los migrantes a lugares desfavorables y lejos de albergues, son acciones comunes para fragmentar las caravanas migrantes y que no puedan llegar a su destino.

Al preguntar a Yrizar respecto a los protocolos de actuación del INM para este tipo de operativos, señaló que uno de los problemas que han observado, es la falta de transparencia que existe, pues se desconoce bajo qué parámetros actúan y bajo qué condiciones.

De igual manera, recalcó que a pesar de los esfuerzos que han realizado por parte de la Ibero Puebla para acceder a información básica de las personas migrantes, el INM se ha negado a proporcionar información,

Escenario Tlaxcala acudió a las oficinas del INM en Tlaxcala y entablamos diálogo con la Jefa de Archivo de INM Tlaxcala, Martha Ramírez. Además, nos comunicamos con la Subdirectora de Análisis de Información y Monitoreo del INM, Adriana Ángeles Hernández, para conocer los protocolos de actuación y los motivos del porqué se desembocó el operativo.

Sin embargo, no hubo ningún tipo de respuesta a nivel institucional.

Aunque al lugar de los hechos acudieron visitadores y defensores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Ana* señaló que su participación no cumplió con su cometido, debido a que quienes estaban mediando la situación de los migrantes con el INM, para no ser trasladados a Guerrero, fueron las Asociaciones Civiles.

Después del diálogo Genaro García Wong les propuso que tenían dos opciones, ir a Guerrero o a Tuxpan, Veracruz. Sin embargo, los migrantes no aceptaron ninguna de las propuestas, razón por la que continuaron su camino hacia Hidalgo.

Al preguntar a Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala, si este organismo tenia conocimiento del actuar del INM, respondió lo siguiente:

«A quien le corresponde investigar todas esas circunstancias es a la Comisión Nacional pero lo que sí te puedo decir es que estuvimos presentes. Y sí puedo referir que los derechos humanos son para todas y todos sin importar la condición migratoria y pueden transitar «. 

Hasta el momento se sabe que la caravana migrante se encuentra en Texcoco y ,de acuerdo con información emitida por el INM, los migrantes cubanos serán repatriados a su país.

 

*Ana es un nombre utilizado para proteger la identidad de una persona que estuvo directamente involucrada en los hechos.


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Jóvenes zapotecas hablan de la primera vez que ejercerán su derecho al voto: “Queremos una mujer como presidenta de México”

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#Oaxaca 30 May (#Istmopress) – Les llaman la generación Z, recién cumplieron los 18 años de edad y es la primera vez que ejercerán su derecho al voto y además se ha dicho que el voto joven será el decisivo en la elección del 2 de junio; ellas y ellos son: Paulina, Mario, Alejandra y Raúl, cuatro jóvenes zapotecas originarios de Juchitán y Unión Hidalgo, Oaxaca.

“Siento mucha emoción, es algo que anhelaba, y por primera vez voy a votar”, dice Mario Pérez, que cumplió 18 años el pasado mes de abril.

Para Paulina Ladxidua Urbieta Jiménez y Alejandra Lorenzo López de 18 años de edad, su esperanza es que una mujer gane las elecciones y sea la primera en gobernar su país.

Emocionadas y un poco nerviosas porque el día 2 de junio está próximo, ambas jóvenes reconocieron que tampoco esperan “la gran cosa” con la llegada de una mujer como presidenta, pero sí la prefieren, en lugar de un hombre.

Dijeron que desde que tienen uso de razón, solo han visto hombres encabezar la nación mexicana, por lo que en esta ocasión quieren que sea una mujer.

-¿Qué le dirían o pedirán a la mujer presidenta?- las jóvenes coincidieron que “disminuir la violencia en Oaxaca y los feminicidios” es una de las peticiones que urgen, pues sienten miedo de caminar por las calles, ya no de noche, si no a todas horas.

Raúl Martínez es originario de Unión Hidalgo y aunque es hombre, también le gustaría que una mujer fuera presidenta de México.

“Las mujeres son mayoría en nuestro país de acuerdo con Inegi, entonces, pues que ellas decidan, creo que es tiempo de que ellas gobiernen. Sí en un hogar son las meras, meras, seguramente lo serán para gobernar una nación como México”, dijo.

Señalaron que el empleo es otra de sus preocupaciones, pues los cuatro ingresaran a su nivel superior en el mes de agosto, y les preocupa, qué al egresar, no haya fuentes de empleo.

“A muchos jóvenes no les gusta la política, pero es necesaria, en mi caso, ya me puse a ver sus propuestas, vi los debates para poder decidir, el 2 de junio ojalá y México alcance a decidir por una mujer”, precisó Alejandra.

Los cuatro jóvenes reafirmaron que ejercer por primera vez su derecho a voto, les genera responsabilidad, pero al mismo tiempo, es un paso que todo ciudadano en México da.

“Siento que votar es decidir y ese derecho no lo podemos echar por la basura, no todas ni todos podemos decidir, por eso creo que el domingo 2 de junio, al menos para mí, es una fecha inolvidable y esperada, pero lo mejor, es que podremos elegir a una mujer como gobernante de México, eso vale más”, dijo Mario.

Por último, recalcaron que están listas y listos para ir a votar el domingo. “Yo iré con mi mamá y mi familia, más o menos como a las 11:00 de la mañana, estoy muy emocionada, quiero que mi dedo pulgar está pintado con tinta, en señal de que vote para que una mujer gane la elección”, reafirmó Paulina Ladxidua.

Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress

 

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Sentencia reconoce a Comité del Agua de Atlihuetzian como autoridad competente en la gestión del agua

De acuerdo con el análisis de Daniel Hernández Hernández, investigador del Colegio de Tlaxcala y ,conforme a datos del INEGI, del 2012 hasta el 2018 se han construido 109 fraccionamientos en el municipio de Yauhquemehcan: 66 en Santa Úrsula Zimatepec, 22 en San José Tetel, 11 en San Benito Xaltocan, 5 en Huacaltzingo, 3 en San Dionisio y 2 en Santa María Atlihuetzian –aunque el Comité comunitario del agua, de 2018 a la fecha, ha registrado la construcción de 10 fraccionamientos.

Ese total de 109 fraccionamientos ocupa 2,110.34 hectáreas del municipio, incluyendo áreas de vocación agrícola.

Desde  el año de 2007 se elaboró y publicó en el Periódico Oficial el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la comunidad de Santa María Atlihuetzian, en el que se define el uso de suelo: sólo se puede construir un 30% y el otro 70% debe conservarse como área verde o agrícola.

En el Plan Parcial se prevé el crecimiento natural de la población y se establecen desde entonces las zonas urbanizables y las de preservación.

El crecimiento acelerado de los fraccionamientos en áreas con vocación agrícola está ocasionando el agotamiento de la disponibilidad hídrica, tanto superficial como subterránea, con la sobreexplotación de los pozos, lo que trae en consecuencia la falta de agua para la población.

Esto se agravará en la comunidad de Atlihuetzian, en la que sólo hay dos pozos que surten el agua cada tres días por semana durante dos horas a las localidades que conforman la comunidad.

Los constructores y las autoridades municipales son las principales responsables de este problema, ya que los primeros presionan y las últimas son quienes otorgan los permisos de construcción las constancias de uso de suelo y los permisos para los fraccionamientos, violentando la norma establecida.

Otro de los problemas a los que se contribuye es a la contaminación del río Zahuapan, ya que los constructores sólo hacen fraccionamientos sin importar hacia dónde se descargan las aguas negras.

Muchos de estos fraccionamientos no cuentan con plantas de tratamiento como se estipula en el reglamento de construcción.

Para construir en Santa María Atlihuetzian se debe de contar con la constancia de factibilidad en los servicios dada por el Comité del Agua y la constancia de autorización de conexión al drenaje dada por la Presidencia de comunidad, como parte de los requisitos señalados en el artículo 21 de la ley para la construcción del Estado de Tlaxcala.

En febrero de 2023 en el cerro de Tepenacasco, perteneciente a la comunidad de Atlihuetzian, se pretendía construir un fraccionamiento con 15 casas en un terreno de 4000 m2, a pesar de que el actual programa parcial de ordenamiento territorial de Atlihuetzian sólo permite una vivienda por cada 1000 m2, por ser área agrícola.

La forma de operar de estos fraccionamientos es pedir una toma de agua para hacer la barda y entonces construir más casas de lo permitido, intentando que los vecinos no nos demos cuenta de ello.

El Comité del Agua se negó a otorgarle la factibilidad de servicios al dueño por no cumplir la norma. El 24 de mayo el dueño interpuso una demanda de amparo contra el Comité, argumentando que se le estaban violentando su derecho humano al agua consagrados en los artículos 4, 8 y 16 de nuestra Constitución.

El 10 de julio del 2023 presentó una ampliación de demanda donde señala que el municipio ya le había concedido el permiso para construir la barda perimetral, así como el contrato para suministrar el servicio de agua potable de tipo residencial.

El 30 de abril del presente año, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito del estado de Tlaxcala, resuelve que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al constructor contra el acto reclamado.

Por el contrario, la sentencia reconoce como autoridad competente al Comité de Agua Potable, para cuidar y gestionar de manera prioritaria el servicio de agua potable para quienes habitan la comunidad.

Este proceso nos enseña que con esta resolución se crea un precedente útil para otros casos, en el que la autoridad judicial reconoce la figura del Comité del Agua Potable como el que tiene el derecho y la mejor información para decidir si autorizar o no la constancia de factibilidad en los servicios, bajo el argumento jurídico de la norma establecida.

Nos enseña también que, al haber un Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, el Comité del Agua puede sustentar su decisión en éste para determinar la factibilidad o no del servicio de agua potable.

Por otra parte, nos muestra que sí es posible enfrentar a los desarrolladores de vivienda que solo buscan la ganancia y no el cuidado de los territorios y particularmente del agua.Invitamos a la población tlaxcalteca a involucrarse en los procesos organizativos de sus comunidades, ya que solo así se pueden resolver los problemas que nos afectan.

Reconocemos este logro como fruto de la participación de la Mtra. Balbina Rodríguez Rodríguez quien asesoró y llevó a cabo la defensa jurídica del Comité, y del trabajo de los integrantes de dicho Comité, Alfonso Lozano Suárez, tesorero; Rubén Díaz Junco, secretario; Andrés Carmona Gutiérrez, presidente, y Luis Alberto Lobatón Lozano, vocal, que atendieron y dieron contestación a todas y cada una de las solicitudes de información, solicitudes de informes preliminares, y por su incansable lucha en defensa del agua y en contra de los abusos de los desarrolladores de vivienda.

También a la asesoría del Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Dr. Sergio Salgado Román y la Dra. Yacotzin Bravo Espinosa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como al Centro Fray Julián Garcés que también nos ha apoyado en esta defensa del agua y del territorio.

Colectivo Atlihuetzian en Resistencia


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Padres de familia denuncian omisión por parte de la SEPE-USET tras caso de bullying

  • Sofía N., tras sufrir bullying en su escuela e inacción por parte de la SEPE-USET, ha tenido que dejar de estudiar. Tiene 7 años.

Acuamanala, Tlax. Este día, los padres de la menor Sofía N. ofrecieron una rueda de prensa para denunciar la omisión de la Secretaría de Educación Pública (SEPE) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT) ante actos de violencia sufridos por su hija en la Escuela Rural Federal Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad de Guadalupe Hidalgo en Acuamanala.

Durante la conferencia, los padres explicaron de manera cronológica, cómo es que Sofía N., desde 2022, ha sido víctima de bullying por parte de sus compañeros y autoridades escolares.

De acuerdo con la información que se emitió en la rueda de prensa, Sofía N. ingresó a la escuela en el ciclo escolar 2022-2023 a primer grado de primaria bajo la tutela de la maestra Gisela Sánchez Espinoza.

Desde el inicio, la docente mostró conductas inapropiadas, llamando «burros» a sus alumnos y evadiendo responsabilidades ante los primeros incidentes reportados.

Ante la negativa de la maestra a cambiar su comportamiento, los padres llevaron el caso al director Miguel Ángel Ordóñez, quien intervino, pero no implementó un protocolo adecuado para prevenir represalias.

Al iniciar segundo grado, nuevamente bajo la tutela de la misma maestra, Sofía N. comenzó a sufrir acoso físico y verbal de sus compañeros. A pesar de las múltiples quejas y solicitudes de intervención, la maestra Sánchez Espinoza minimizó los incidentes y propuso confrontaciones directas entre los niños, exacerbando la situación.

Los padres informaron que la falta de acción efectiva por parte de la escuela propició un ambiente de violencia y hostilidad en contra de Sofía N.

La violencia aumentó cuando, tras defender a un compañero con discapacidad, Sofía N. fue agredida con piedras por alumnos de cuarto grado. La respuesta de la escuela fue nuevamente inadecuada, con la maestra mostrando desinterés y evasividad, de acuerdo con la madre de la menor.

El caso de bullying continuó el pasado 18 de abril, cuando Sofía N. fue agredida por una compañera que le jaló el cabello y rompió su botella de agua. En esa situación, la intervención de la maestra no solo fue ineficaz, sino que además se burló de Sofía N. ante sus compañeros.

El 9 de mayo se llevó a cabo una reunión con padres, autoridades escolares y supervisores, donde se acordó retirar a la maestra Gisela Sánchez del grupo y designar a una ATP para dar clases en su lugar.

Sin embargo, el 14 de mayo, una nueva reunión con padres y autoridades revocó este acuerdo, reinstalando a la maestra y permitiendo solo la supervisión de sus clases.

Los padres indicaron que ha pasado más de un mes desde que presentaron la queja ante la Unidad de Género y Cultura de la Paz de la USET, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala y la Procuraduría del Menor. A pesar de haber sostenido una reunión en USET donde se les aseguró una próxima solución, hasta la fecha no han recibido ninguna notificación ni acercamiento por parte de las instituciones mencionadas.

Finalmente, los padres de Sofia N. externaron que la maestra que violentó a su hija sigue al frente del grupo, mientras que Sofía N. tuvo que dejar la escuela por temor a sufrir más violencia, al rechazo ya los señalamientos hechos por compañeros y padres de familia.

Los padres concluyeron que las autoridades han enviado un mensaje claro: «los docentes son intocables», independientemente del daño y las faltas cometidas, el respaldo y apoyo estarán de su lado.


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“La Guardia Blanca”: 3 historias que desnudan el despojo territorial en México

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El documental La Guardia Blanca narra la historia de tres comunidades en México víctimas de la cooperación entre empresas, políticos corruptos y grupos criminales armados, para despojarlas de su territorio y recursos naturales.

Por Raúl F. Pérez Lira

Fotografías cortesía del director

Una explosión cercana hizo que Roberto de la Rosa Dávila saliera de su casa para ver qué ocurría. Sus vecinos hicieron lo mismo. Quedaron consternados por el gran estruendo, pero tenían una idea de lo que estaba ocurriendo. Era finales de 2010 y la comunidad de Salaverna, en Zacatecas, ya estaba siendo amenazada por la mina de Tayahua, de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú.

Roberto de la Rosa es el último habitante de Salaverna. Todos sus vecinos abandonaron la comunidad después de años de hostigamiento de parte de la mina y de que las continuas explosiones causaron daños estructurales en sus casas. Él mismo tuvo que abandonar su casa y construir una nueva, a partir de los escombros de las que fueron abandonadas. Hasta la fecha, se resiste a abandonar su hogar.

Él uno de los personajes principales de La Guardia Blanca, el nuevo documental del realizador canadiense Julien Elie, el cual cuenta la historia tres historias de comunidades en México que fueron amenazadas, hostigadas y desplazadas por proyectos mineros, hidroeléctricosy madereros, así como los entramados criminales utilizados por las empresas para apoderarse del territorio.

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El cinefotógrafo Ernesto Pardo durante la producción del documental.

“Lo que me interesa en esta película es cuestionar cómo funcionan estas zonas afuera de la ley, afuera de cualquier forma de estado de derecho y donde empresas, a veces con grupos criminales, a veces con funcionarios corruptos, trabajan mano a mano”, dijo Julien en entrevista con Raíchali. “Hay gente que vive en esas zonas, yo me quise enfocar en la gente”.

El documental toma su título de una vieja expresión utilizada en México para nombrar a los grupos armados, normalmente empleados, que utilizaban las haciendas y los grandes terratenientes para ejercer su autoridad sobre campesinos y obreros. En la película, uno de los periodistas entrevistados llama así a los grupos armados que utilizan las empresas para desplazar a los habitantes de las comunidades y poder hacer uso de sus recursos naturales.

En 1 hora y 49 minutos, Julien y su equipo ―entre los cuales están el premiado cinefotógrafo Ernesto Pardo y la compositora Mimi Allard―, pasan de las montañas desérticas de Zacatecas a los abundantes ríos de Paso de la Reina en Oaxaca, donde al menos seis de sus líderes han sido asesinados por defender el Río Verde de proyectos hidroeléctricos; luego, siguen a una ciudad en el estado de Chihuahua, a donde se han mudado decenas de integrantes de la comunidad indígena ralámuli de Coloradas de la Virgen desde que Julián Carrillo y varios de sus familiares fueron asesinados por la defensa de su bosque.

“Yo creo que es la misma historia, son los mismos mecanismos sobre todo, la manera de acercarse al territorio, de dividir al pueblo, de amenazar a la gente, de robar el territorio y de destruir las tierras”, continuó Julien en la entrevista, “la intención es que se mezclen estas historias como si fuera la misma”.

Desde que la película fue grabada, la situación de inseguridad ha empeorado para la familia Carrillo y otras de Coloradas de la Virgen que también fueron víctimas de desplazamiento forzado, al mismo tiempo que el retorno a su comunidad no se ve posible en el futuro cercano. Julien y su equipo organizaron una función especial en el estado de Chihuahua sólo para ellos.

“La familia de Julián Carrillo es víctima de una violencia tremenda, total. En este caso no es sólo que tiran el bosque y matan a gente”, explicó Julien, “pero también matan a un pueblo, a un idioma también, no es un genocidio pero es como acercarse a matar a una comunidad entera”.

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Una escena de la película en el Río Verde en Oaxaca.

A pesar de su nombre, en el documental no aparecen los grupos armados que llaman la “guardia blanca”. Julien explica que decidió enfocarse en las víctimas, más que en estos grupos y las empresas que actúan en conjunto. “Las amenazas no siempre se ven, pero se sienten”, dijo al terminar la presentación pública que su equipo realizó en la ciudad de Chihuahua el 27 de mayo. Aunque sí mencionan el nombre de Carlos Slim, Julien explica que al día siguiente este podría morir y la mina seguiría ahí.

La película se estrenó en Hamburgo, Alemania, en octubre de 2023 y desde entonces ha recorrido salas de cine en Portugal, Francia, Canadá, los Estados Unidos y México. En este país, el documental es parte de la selección de la Gira Ambulante y estará en alrededor de 25 salas de cine.

En México, al menos el 68 por ciento de las mineras son canadienses. Julien está consciente de esto y espera que la película pueda tener más alcance en su país de origen, aunque hasta la fecha ha sido poco. Quizás sea porque la gente piensa que los documentales no son una obra cinematográfica y no asisten a las salas a ver este tipo de cine, explicó en la entrevista, a pesar de la riqueza visual y sonora de La Guardia Blanca.

“En Canadá somos los campeones de la destrucción del territorio”, dijo Julien, “hay empresas que hacen cosas similares en Canadá, lo diferente es que no matan a periodistas, no matan activistas activistas, no amenazan de esta forma, porque el estado de derecho es muy fuerte, pero hay cosas similares que nos afectan a nosotros y a las comunidades indígenas”.

Para enterarte de las próximas fechas en las que esta película podrá verse en las salas de cine, puedes revisar el sitio web de Ambulante y DocsMX.

Esta nota es republicada gracias a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Consulte la original aquí.


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Recuento de violencia en campañas políticas de Tlaxcala

  • En Tlaxcala, se han registrado múltiples episodios de violencia y agresiones contra candidatos durante las elecciones, incluyendo ataques a viviendas, robos, golpizas e incluso disparos durante eventos de campaña.

Tlaxcala, Tlax. En las últimas semanas, se han registrado múltiples ataques y agresiones contra candidatos a diversos puestos de elección popular en Tlaxcala, donde el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha recibido siete peticiones de protección.

Estas solicitudes han sido canalizadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría General de Justicia del Estado  (PGJE) para su atención inmediata.

A continuación, se enlistan los incidentes más recientes relacionados con las candidaturas, registrados por medios locales y que involucra a personas candidatas durante el periodo de las campañas:

Israel Cervantes Hernández (Morena)

  • Fecha: 1 de mayo de 2024
  • Incidente: Robo y amedrentamiento
  • Localidad: Santa Cruz Aquiahuac
  • Partido de adscripción: Morena
  • Detalles: Un comando irrumpió en su casa, robando dinero en efectivo y celulares.

Ariadna Itzel Santiesteban Serrano (PAC)

  • Fecha: 12 de mayo de 2024
  • Incidente: Disparos contra su casa
  • Localidad: Santa Isabel Xiloxoxtla
  • Partido: Partido Alianza Ciudadana (PAC)
  • Detalles: Sujetos desconocidos dispararon armas de fuego afuera de su vivienda. La candidata no estaba en casa en ese momento y presentó una denuncia formal en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Azael Rivera (PAC)

  • Fecha: 16 de mayo de 2024
  • Incidente: Golpeado en la cabeza y el rostro
  • Localidad: Tepeyanco
  • Partido: Partido Alianza Ciudadana (PAC)
  • Detalles: Fue agredido físicamente por un desconocido mientras se encontraba en un lavado de autos.

Memo Berruecos (PNAT)

  • Fecha: 23 de mayo de 2024
  • Incidente: Ataque con piedras a su equipo de campaña
  • Localidad: Texcacoac
  • Partido: Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PNAT)
  • Detalles: Sujetos desconocidos arrojaron piedras a su equipo de campaña, dañando vehículos y causando temor.

Valentín Meléndez (PT)

  • Fecha: 26 de mayo de 2024
  • Incidente: Disparos durante su evento político
  • Localidad: Teolocholco
  • Partido: Partido del Trabajo (PT)
  • Detalles: Disparos dejaron un herido y una persona detenida. La herida fue llevada al Hospital General de San Pablo del Monte.

Lorena Pluma (PVEM)

  • Fecha: 30 de mayo de 2024
  • Incidente: Amenazas en mantas
  • Localidad: Magdalena Tlaltelulco
  • Partido: Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
  • Detalles: Mantas con amenazas fueron colgadas en un puente.

Omar Maldonado (Morena)

  • Fecha: 30 de mayo de 2024
  • Incidente: Amenazas en mantas
  • Localidad: Santa Cruz Tlaxcala
  • Partido: Morena
  • Detalles: Una manta con amenazas fue colocada en su casa de campaña.

Violencia y agresiones en el Proceso Electoral 2023-2024: 749 ataques políticos registrados

El Proceso Electoral 2023-2024 ha sido marcado por una ola de violencia política, con un total de 749 ataques registrados hasta la fecha, según un informe de Integralia Consultores.

Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 28 de mayo de 2024, período que abarca estas elecciones, se han contabilizado ataques que afectan a diferentes sectores políticos: 316 dirigidos a aspirantes o candidatos, 131 a políticos o expolíticos, 130 a funcionarios o exfuncionarios, además de 133 casos de daños colaterales y 39 contra familiares.

Las amenazas constituyen la forma más común de agresión, con 233 casos; seguidas por los asesinatos (231), atentados con arma de fuego (159), desapariciones (21), secuestros (18) y otros eventos (87).

Es importante recordar que en el proceso electoral previo, en 2018, se reportaron 382 casos de violencia política.

Morena lidera la lista de agresiones con 61 casos, seguido por el PRI con 58 y el PAN con 43. Movimiento Ciudadano registra 30, el PRD 29, el PVEM 20 y el PT 13.


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Roban equipo de trabajo y hallan oficinas de organización civil Código DH en Oaxaca

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#Oaxaca 27 May (#Istmopress) – A través de un comunicado público, integrantes del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGODH) denunciaron el allanamiento y robo ocurrido este fin de semana, en sus oficinas ubicadas en la capital de Oaxaca.

Además de robarse dinero en efectivo, sustrajeron computadoras portátiles cámaras fotográficas y de video, entre otros bienes de valor.

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Código DH es una organización de la sociedad civil, que se fundó en el 2011, es decir, 13 años en la defensa integral de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, trabaja principalmete en los Valles Centrales, la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec.

Esta colectiva es sucesora del “Comité de Liberación 25 de Noviembre”, creado para articular esfuerzos de defensoría jurídica a favor de las personas detenidas y procesadas como consecuencia del conflicto en Oaxaca en 2006 y eventos posteriores.

“Vemos con preocupación este acto que constituye una grave violación a nuestra labor de defensa de derechos humanos en un contexto de inseguridad y violencia que hemos señalado reiteradamente” dijeron en un comunicado.

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Además agregaron, que este incidente no solo vulnera la privacidad y la seguridad de su información, sino que también pone en riesgo la integridad de quienes realizan la labor de defensa de derechos humanos y a las víctimas que acompañan, por ejemplo a los integrantes de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar y defensoras y defensores en Unión Hidalgo, Oaxaca.

La integrantes consideraron que este allanamiento y robó representa una obstrucción a su labor en favor de la justicia, la verdad y la reparación.

“Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva sobre este incidente y solicitamos medidas cautelares para garantizar la seguridad de nuestras oficinas y del personal que trabaja incansablemente en la defensa de los derechos humanos en Oaxaca”,dijeron.

A esta exigencia de justicia, también se unieron integrantes de la organización civil, Educa AC, quienes exigieron a las autoridades esclarecer esta acción que vulnera a una de las colectivas más importantes, que brinda acompañamiento a defensoras y defensores de Oaxaca.

Código DH, realiza una labor de defensa integral de derechos humanos que consiste principalmente en: asesoría jurídica, apoyo psicosocial, capacitación, incidencia en políticas públicas, análisis y difusión de información.

También, enfoca su trabajo en los temas siguientes: detenciones arbitrarias, tortura, violencia de genero, procesos comunitarios en defensa de la tierra y del territorio, libertad de expresión.

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Es importante mencionar, que el 21 de julio de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a integrantes del Comité de Liberación 25 de Noviembre, debido a la situación de riesgo e inseguridad por su trabajo jurídico en casos de alto perfil relacionados con el conflicto social de 2006 y 2007 en Oaxaca. Parte de estas medidas sigue vigente al día de hoy para miembros de Código DH.

Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress

Fotos : código DH

RED

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2018: fraude electoral en Puebla, una mirada desde las casillas

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Por Lado B @ladobemx
30 de mayo, 2024
Mariano Morales Corona

Mi experiencia como secretario “B” de la elección del 1 de julio de 2018 en Puebla.

Hechos:

  1. Asaltos armados a 25 secciones electorales (casillas); sólo en la ciudad de Puebla, ya que también hubo en otras zonas del estado. Por más que se hicieran llamados y denuncias, nunca llegaron autoridades electorales ni de la Fepade ni de las policías. (El periodista Sergio Mastretta hizo un recuento que puedes leer acá, y compiló muchos testimonios en su página Mundo Nuestro).
  1. Sólo apareció la policía para defender a dos detenidos por los colonos con las manos en la masa (boletas, dinero, armas), después de haber asaltado, en una camioneta oficial, la sección 1534. Al intentar huir chocaron y volcaron. La policía los defendió de los colonos, quienes luego de horas fueron dispersados con golpes de tolete. Los detenidos fueron liberados.
  1. Destrucción, quema y robo de urnas.
  1. Las casillas asaltadas fueron grandes, todas ellas en la periferia, es decir, en zonas de voto popular, entre las 2 y las 6 pm (probablemente después de las encuestas de salida).
  1. Compra de voto (sólo para gobernador y diputados locales), con complicidad de imprentas, vigilantes, presidentes o funcionarios de casilla y de algunos representantes de partido.

El primer hecho que facilita el fraude es la duración de la jornada electoral: 19 a 20 horas, prácticamente sin descanso. Llegamos a las 7 am, preparamos todo; abrimos a las 9 am; cerramos a las 7:30 pm, anulamos lo no utilizado y procedimos al conteo, primero las federales, luego las estatales. Más o menos a las 2 am del segundo día entregamos las urnas. Es difícil permanecer atento tantas horas.

También puedes leer: Puebla, democracia en duda: reventar la elección

El procedimiento era el siguiente: llegaba el votante, se identificaba con su credencial del INE, se le ubicaba en el listado nominal, se sellaba su participación en la lista; se arrancaban las boletas que le correspondían y se le entregaban al ciudadano quién iba a las mamparas y tachaba los escudos de su preferencia, doblaba sus papeletas y las depositaba en las urnas, ubicadas con el título de la elección y un color diferente para cada una de ellas, coincidente con el de las papeletas.

Antes, al instalar la casilla, se contó toda la papelería electoral. La Presidenta de casilla pidió que un representante de partido firmara en la parte de atrás, todas las boletas. Propuso que fuera la de Morena (de ese partido habían llegado dos representantes que no se conocían entre sí). Así se procedió.

Las boletas venían encuadernadas y engrapadas y con un suaje puntuado para poder arrancarse fácilmente de los lomos de los blocks. Los blocks o cuadernos de boletas venían de 100 en 100 con numeración continua. Estos últimos, los lomos de los cuadernos de la boleta fueron devueltos, cada uno de ellos en una sola pieza, con el resto de la papelería electoral.

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De tal manera que así tenían que haber aparecido el 100% de las boletas o votos: ya recortadas por la línea punteada, sin la información que permanecía en los lomos de los cuadernos.

Y, sorpresa, que en las papeletas para la elección de gobernador y de diputados locales, muchas aparecieron así:

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Boletas no desprendidas de sus cuadernillos, con la información que debía quedar en los lomos de los cuadernillos; sin suaje. Obviamente, boletas que provenían del exterior; los lomos de las que habíamos utilizado, completos, ya estaban guardados.

Se lo hice notar a la presidenta de casilla, quien lo desestimó. “Deben ser equivocaciones nuestras”, dijo. Y alegando la hora, rechazó que volviéramos a abrir los testimonios ya guardados y sellados. Al tomar estas fotos de “prueba”, pude percatarme que todas ellas estaban marcadas en la opción PAN.

Ese mismo día, a buena hora, lo reporté al partido que alegaba fraude en su contra; un par de días después a uno de sus abogados. Quien, luego de consultarlo con los directivos de la coalición, me respondió que no había necesidad de hacerlo, porque ya tenían la certeza de que los presuntos resultados o la presunta elección se echarían para abajo y el proceso se repetiría. Lo que finalmente no sucedió. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por válida la elección y los presuntos resultados, dando el triunfo a la coalición Por Puebla al Frente y a su candidata al gobierno del estado de Puebla: Martha Érika Alonso.

La nueva forma de compra de voto

El procedimiento fraudulento fue el siguiente: el elector ya traía su voto y al entrar a la mampara cambiaba la papeleta que recién se le había otorgado (la desprendida o recortada) por la que ya traía consigo previamente votada o marcada (la no recortada). Entregaba después afuera de la casilla su papeleta sin “tachar” a cambio del pago pactado.

Este fraude supone complicidades y delitos mayores.

Primero ¿quién imprimió boletas de más?

Bajo ¿qué vigilancia se imprimen las boletas? Tengo entendido que es bajo la vigilancia del Ejército. ¿Fueron cómplices?

Muy probablemente la presidencia de la casilla y la representante de partido que firmaría las boletas formaban parte del equipo fraudulento; porque las boletas premarcadas (cuyos lomos lo evidencian, como puede verse en las fotos) venían también firmadas al reverso.

Con toda seguridad ubican previamente las casillas donde no hay representación de algún partido (en la casilla en la que me tocó, fue uno de los presuntos representantes de Morena), lo sustituían por algún “supuesto” representante de ese partido que habría firmado previamente las boletas duplicadas.

Las conclusiones de los investigadores de la Universidad Iberoamericana son muy cercanas a la realidad: sobre todo por la diferencia de más de 64,000 votos entre las elecciones presidencial y la de gobernador. Su conclusión apunta en buena dirección: “El Instituto Electoral del Estado de Puebla manipuló la elección del 1 de julio”, afirma la investigación de la Ibero.

  1. Alteración de actas.
  1. Alteración de resultados. (La Ibero Ciudad de México desarrolló un trabajo meticuloso, coordinado por el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, que habla de la alteración de los resultados para la gubernatura y señala al Instituto Estatal Electoral de haberlo implementado.)

Prevención del fraude

¿Se puede hacer algo? Sí.

Aparte de lo que hagan las autoridades, como vigilar efectivamente la impresión de boletas, en la vigilancia de la jornada electoral, en la rápida detención de los violentadores de casillas…

Los funcionarios de casilla, representantes de partido y observadores, pueden exigir que las boletas sean firmadas por tres o cuatro de los representantes de partido o funcionarios electorales. Esto en realidad no quita tiempo y permitirá detectar las boletas duplicadas o “que vienen de fuera”.

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CEDHT recomendó medidas tras violación de derechos humanos en Zacatelco

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  • La CEDHT recomendó al Consejo de Honor y Justicia de Zacatelco investigar y subsanar una violación de derechos humanos, incluyendo capacitación para servidores públicos y una disculpa pública, tras el uso indebido de candados de seguridad sobre una víctima.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) ha emitido la recomendación 04/2024 a la policía municipal de Zacatelco, en relación con un caso que involucra la presunta violación de derechos fundamentales de una persona menor de edad.

La recomendación se basa en una investigación iniciada de oficio por la CEDHT, tras la publicación de una nota periodística que señalaba posibles abusos por parte de servidores públicos municipales.

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Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Según el expediente ZAC/09/2023/PVG-RS y la investigación realizada por la Defensoría en Zacatelco, se han identificado violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho al interés superior de la niñez, a la integridad y seguridad personal, y el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.

Es importante destacar que la CEDHT ha reconocido a la víctima como parte afectada directamente, perteneciente a un grupo de atención prioritaria, y considera que este suceso afectó a la sociedad en general y en particular a este grupo vulnerable.

La CEDHT ha recordado que las normas locales, nacionales e internacionales establecen que las autoridades deben actuar con la debida diligencia en todos los asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes, tomando decisiones fundamentadas y motivadas, siempre en consonancia con las normas que regulan sus facultades y obligaciones.

En la información recabada, se observa a una persona del sexo femenino portando uniforme de la policía municipal y a otra persona también del sexo femenino en el suelo, lo que sugiere que se trata de una persona menor de edad. Esta situación, donde se evidencia el uso de candados de seguridad, constituye una clara vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal.

La CEDHT ha señalado que, al tratarse de una persona menor de edad, la autoridad responsable no ha cumplido con la debida diligencia ni ha observado el principio del interés superior de la niñez, lo que ha llevado a una vulneración de la integridad física de la víctima.

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Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Se recomendó realizar gestiones para implementar y ejecutar cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos adscritos a la CSVTMZ y al resto del personal del ayuntamiento sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Además, también sugirieron llevar a cabo una disculpa pública dirigida a la sociedad en general, condenando las acciones y omisiones en las que incurrió la agente del Estado, estableciendo el compromiso de no repetición y expresando claramente que se realiza en cumplimiento a la presente recomendación.

Esta disculpa debe difundirse a través de los medios de comunicación oficiales de la institución.

Además, la CEDHT propuso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado que la persona menor de edad adquiera la calidad de víctima, toda vez que fue vulnerada en sus derechos humanos, para que pueda obtener el registro y los demás beneficios correspondientes, en caso de solicitarlo la parte agraviada.


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