El movimiento Insurgentes UACh asegura que se alertó a los guardias de seguridad de la universidad para impedir su entrada, aunque al igual que ellos, decenas de personas no lograron entrar a la charla de Maynez. Pese a esto, los estudiantes hicieron llegar sus demandas al candidato de Movimiento Ciudadano, al igual que con Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en días pasados.
Texto de Óscar Rosales Fotografías por Raúl F. Pérez
Chihuahua.- De acuerdo con estudiantes que buscan que la gratuidad universitaria, un grupo de guardias de seguridad de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) impidió la entrada del movimiento Insurgentes UACh a la charla del candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez que se realizó en la Facultad de Derecho en la capital.
Los alumnos y alumnas del movimiento Insurgentes UACh esperaron desde las once de la mañana de este martes al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al exterior del auditorio Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, sin embargo, un “pitazo” alertó sobre su presencia al personal de seguridad de la UACh, quienes empezaron a movilizarse para evitar su acceso.
Pese a lo anterior, los estudiantes lograron entregar a Maynez un documento con su exigencias, mismas que habían comunicado al rector Luis Rivera Campos el pasado 15 de mayo, luego de la toma del edificio de Rectoría de la UACh.
Según Humberto Villar, uno de los voceros del movimiento estudiantil, los guardias de seguridad estaban preocupados porque los rumores advertían que iban a causar daños al auditorio, hecho que negaron.
Debido al impedimento, el grupo decidió reunirse en los jardines de la facultad de Filosofía y Letras, a unos metros del edificio donde se encontraba Maynez.
“Obviamente ya no tienen identificados porque aquí pasan normalmente, siempre tenemos aquí las asambleas, normalmente nos ven a todos aquí reunidos”, explicó Humberto Villar en entrevista a Raíchali.
Fotografía: Raúl F. Pérez
Insurgentes UACh no fueron los únicos que quedaron fuera del recinto universitario. Decenas de estudiantes, incluso candidatos y candidatas de MC de Chihuahua no pudieron entrar a la charla de Maynez debido al lleno total que hubo.
Dentro del auditorio, el candidato de Movimiento Ciudadano mostró su apoyo al movimiento estudiantil.
“Mi solidaridad, mi respaldo con las y los estudiantes que están en el movimiento por la gratuidad de la educación en la Universidad de Chihuahua, me parece un planteamiento que hay que discutir en serio, porque se tiene que discutir acompañado con el abandono del sistema educativo en el país”, externó Maynez.
Fotografía: Raúl F. Pérez
En ese sentido, Jorge Maynez afirmó que el sistema educativo de México es obsoleto, puesto que en la educación básica niños y niñas memorizan cosas que “no les van a servir para nada” y enfatizó sobre la necesidad de que las juventudes puedan estudiar la universidad.”
“Necesitamos llevar a los jóvenes a las universidades, duplicar las becas, alargarlas para que el joven no acabe su carrera con la presión de tener que conseguir un trabajo, aunque no sea lo que estudió”, agregó.
Jóvenes cuestionaron a Maynez sobre si sostendría sus propuestas en el futuro, principalmente aquellas relacionadas a la legalización de la marihuana y la jornada laboral de 40 horas. El candidato de MC respondió que se necesita del apoyo de otros partidos en el Congreso Federal.Jóvenes cuestionaron a Maynez sobre si sostendría sus propuestas en el futuro, principalmente aquellas relacionadas a la legalización de la marihuana y la jornada laboral de 40 horas. El candidato de MC respondió que se necesita del apoyo de otros partidos en el Congreso Federal.
Jóvenes cuestionaron a Maynez sobre si sostendría sus propuestas en el futuro, principalmente aquellas relacionadas a la legalización de la marihuana y la jornada laboral de 40 horas. El candidato de MC respondió que se necesita del apoyo de otros partidos en el Congreso Federal.
Xóchitl les atendió solo un par de minutos
En entrevista, el movimiento estudiantil aseguró que también acudieron a la llegada de Xóchitl Gálvez al aeropuerto de Chihuahua el sábado 25 de mayo, ya que visitó la ciudad para acompañar el cierre de campaña del alcalde con licencia Marco Bonilla.
La candidata de la coalición “Fuerza y corazón por México” (PRI-PAN-PRD) mostró su apoyo y recibió el documento con las exigencias de los y las estudiantes, sin embargo, este encuentro solo duro un par de minutos.
Contrario a lo que sucedió durante la visita de Sheinbaum a Chihuahua, al movimiento estudiantil no fue invitado a subir al escenario del Parque El Palomar durante el mitin de Bonilla, al que acudió la gobernadora Maru Campos, prima del rector de la UACh.
Los integrantes de Insurgentes UACh sostienen que su causa sigue siendo es apartidista, y afirman que se buscó por igual a las dos candidatas y al candidato por la presidencia. Aunque cada recibimiento fue distinto, tanto Sheinbaum, como Xóchitl y Maynez, han respaldado sus exigencias, aseguran.
“Si ya los tres candidatos y los partidos son institucionalistas quiere decir que los tres candidatos nos apoyan, quiere decir que los tres partidos nos apoyan, quiere decir que no hay ningún problema en los plenos para que se dé este recurso”, comentó Mario Moreno.
Rector solo se comunica a través de medios, aseguran estudiantes
El movimiento estudiantil señaló que el rector Luis Rivera Campos no se ha acercado a hablar con ellos desde la toma de Rectoría el miércoles 15 de mayo.
En aquel momento, se le propuso a los y las manifestantes a que se designara a un estudiante representante del movimiento que acompañara al rector a viajar a la Ciudad de México (CDMX) y tener un diálogo con la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre las partes. Para la noche de ese día, más de 20 patrullas y 60 policías cercaron la Rectoría de la UACh.
Rivera Campos y estudiantes entablaron diálogo durante la toma de Rectoría, pero no lograron un acuerdo. Fotografía: Raúl F. Pérez
El vocero Mario Moreno aseguró que la única información que tienen sobre el rector es a través de los medios locales, en donde Rivera afirma que el tema de la gratuidad universitaria solo se puede resolver en los plenos nacionales.
“El rector no se comunica con nosotros, se comunica mediante los medios con nosotros, yo no sé si sea por un tema de miedo o por un tema de este alejamiento que tiene con los estudiantes y que su enlace universitario no le funciona”, señaló Moreno.
Insurgentes UACh asegura que la mayoría de los medios locales han difundido mentiras sobre sus intereses y que, en ese sentido, continuaran las actividades de protesta para que llegue “el verdadero mensaje” a la ciudadanía chihuahuense y contrarrestar el golpeteo mediático.
Esta publicación pertenece a Raichalí. Lee la nota original aquí.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, y en apoyo a las expresiones culturales independientes, publicamos la siguiente entrevista con José Luis Pérez Hernández, actor de teatro, cine y televisión.
Fotograma del cortometraje Verde de Alonso Ruizpalacios
“Parece un lujo ir a un teatro o a un museo”
Güicho, quien se formó como ingeniero electromecánico en el Instituto Tecnológico de Apizaco, sintió la vocación por las artes y se desplazó a la ciudad de México, donde estudió teatro, además de Lengua y Literaturas Hispánicas, en el Centro Universitario de Teatro (CUT) y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, respectivamente.
El alto nivel de marginación cultural que ha sufrido nuestro estado durante décadas, no ha sido mitigado por la llegada de la Secretaría de Cultura durante el sexenio de AMLO, cuenta en entrevista.
Considera que, por el contrario, la centralización de recursos de parte del gobierno federal ha entorpecido aún más a la de por sí lenta burocracia cultural.
“Hay muchos núcleos en nuestro estado de estructuras socioeconómicas bajas que, como decía Óscar Lewis, se sienten extranjeros en su propio país. En este caso, extranjeros en su propio estado” dice José Luis Pérez Hernández, mejor conocido como Güicho.
Al regresar a Tlaxcala, con los conocimientos en ciencias duras y humanidades, decidió iniciar un proyecto multidisciplina para trabajar directamente con núcleos familiares, aprovechando sus propios espacios y contextos.
Tandas culturales: propuesta multidisciplina
Tandas culturales es un espectáculo unipersonal, cultural y educativo para toda la familia. Lo lleva a domicilio y se llaman «tandas» porque son 8 pagos de 250 pesos cada semana, donde el espectador puede elegir el número que más le convenga.
La persona toma un número, elige lugar y fecha. Consiste en tres actividades: cuentacuentos, taller y cuento sobre el ajedrez- origen, evolución-, literatura, historia o matemáticas.
«Es la primera vez que conjunto esto en un solo espectáculo.Por ejemplo, he impartido clases de matemáticas de manera particular y en preparatorias en Apizaco y Huamantla», cuenta a Escenario Tlaxcala.
«Escribo cuentos que expreso con títeres, juntamos la historia y las matemáticas. A través de la literatura se pueden expresar distintos lenguajes», refiere.
Por ejemplo, utiliza algunos juguetes didácticos y dinámicas para entender las matemáticas, utilizando el contexto histórico y la etimología. A partir de eso, se entiende todo de otra manera. Con dinámicas actorales y teatrales se logra un nuevo formato pedagógico.
Toda la familia aprende
El espectáculo puede ser para una familia, vecindad y calle. Además, los maestros pueden llevarlos a sus alumnos y alumnas. De acuerdo al espacio donde lleva el espectáculo, lo adecúa a una población específica. No se explica igual a niños de primaria o a jóvenes de secundaria.
Con el ajedrez, por ejemplo, los niños aprende a respetar al oponente y al juego. «Está comprobado que apoya a niñas, niños y jóvenes en el pensamiento matemático, la comprensión lectura y- en adultos- previene enfermedades neuronales», asegura.
En el caso de la literatura e historia, envía un formulario con una serie de preguntas básicas para conocer un poco más a la familia espectadora, relata Güicho.
Compartimos su contacto y redes sociales para las audiencias tlaxcaltecas interesadas:
FB: José Luis Pérez Hernández «Güicho»
E-Mail: luisdetlaxcala@hotmail.com
WA: 5521985450
Ig: @joseluisperezguicho
YouTube: José Luis Pérez Hernández «Güicho»
FB: Caracol Colectivo Artístico
FB: EL Humedal Espacio Cultural y Educativo
Pueblos periféricos GDL: la basura es negocio criminal
Foto: Jade Ramirez/Archivo. Fecha: 27 de mayo, 2024
Pueblos en Resistencia contra el Negocio Criminal de la Basura en la Zona Conurbada de Guadalajara
Históricamente la ciudad de Guadalajara y su Área Metropolitana, han expulsado los residuos a sus periferias donde han afectado constantemente los ecosistemas, los territorios y la salud de la población.
No solo con residuos sólidos urbanos, sino también de manejo especial, peligrosos y hospitalarios que llegan clandestinamente a los sitios de disposición final mal llamados rellenos sanitarios en nuestras poblaciones.
Los basureros que han sido manejados sin ningún control y que ya han sido cerrados o abandonados, siguen provocando estragos en los cuerpos de agua, como son el de Copalita y el Taray, en Zapopan; el de Matatlán en Tonalá, así como recientemente Los Laureles entre Tonalá y El Salto.
La imposición de este modelo criminal en el manejo de la basura ha sido un desastre para nuestros pueblos, solo por mantener un servicio que beneficia únicamente a los habitantes y comercios de zonas exclusivas de la metrópoli y, sobre todo, a grupos de poder: gobiernos y empresas privadas como CAABSA, GEN o Grupo Hasar’s.
Así como en la salud de nuestra población porque nos vemos expuestos a olores nauseabundos y emisiones de compuestos orgánicos volátiles cotidianamente.
Constantemente padecemos de los incendios que sumen a nuestras poblaciones en nubes tóxicas con dioxinas y furanos, que provocan enfermedades mortales a mediano y largo plazo.
Este modelo tampoco respeta la dignidad de los trabajadores de la basura, quienes son los únicos que verdaderamente ayudan a que el problema no fuese aún mayor, gracias a la separación que realizan.
De mala gobernanza a mafia
No obstante, los gobiernos nos han confrontado como población afectada con los pepenadores a través de sus liderazgos sindicales, diciendo que queremos quitarles sus trabajos. Eso no es así.
Como pueblos, hemos enunciado que nuestra lucha no es contra sus fuentes de empleo; al contrario.
Para que un modelo distinto funcione, es indispensable el trabajo de los pepenadores pero con condiciones más seguras, dignas y más sanas: con seguridad social y todos los derechos laborales que les corresponden.
La mafia de la basura en la Zona Conurbada de Guadalajara está encabezada por CAABSA.
Quiere que este modelo persista, que siga siendo negocio el desastre, que no se separen los residuos, que no se procesen adecuadamente y que se acumulen montañas inmensas, intratables, inmanejables y con remediaciones incosteables, porque para ellos representa mayores ingresos y menores costos.
Corrupción municipal y estatal
Por ejemplo, CAABSA ha obligado a los ayuntamientos metropolitanos a asumir los costos de remediación de Los Laureles a pesar de haber pagado décadas por un servicio ya considerado en el costo del proceso de cierre.
El resto de basureros clausurados o abandonados no cuentan siquiera con dicho plan, es decir, que nadie es responsable.
Consideramos que para que sea posible cambiar el modelo actual, habría que comenzar por descentralizar la gestión de la basura con una coordinación entre municipios, que no implique desviación de sus responsabilidades a través del otorgamiento de concesiones.
No debe apostarse nunca más por la construcción y operación de un modelo metropolitano homogéneo y totalizante, que siga apostando por la construcción de plantas de transferencia que reproducen la lógica insostenible de los vertederos, como está siendo en El Cielo, en la localidad de Jauja en Tonalá.
Un modelo sostenible no debe apostar tampoco por construir megasitios de disposición final, que terminan siendo basureros semicontrolados, con una supuesta autorregulación únicamente de los concesionarios o de los municipios.
Eso pasa en Picachos y Hasar’s en Zapopan; GEN en Ixtlahuacán o Enerwaste en Zapotlanejo.
Decisión comunitaria
No podemos esperar que un modelo metropolitano o intermunicipal pueda controlar los residuos de la zona conurbada en grandes sitios.
Así quieren hacerlo aparentemente en Ixtlahuacán de los Membrillos o con la ampliación de La Cajilota en Tlajomulco: sustituir Los Laureles en la zona sur, aún cuando quieran vendernos la idea de los centros de economía circular como pretendieron en Tala… hasta que la comunidad les frenó esa farsa.
CAABSA insiste con este proyecto a pesar del rotundo rechazo de la población.
En este modelo nuevo debería existir la posibilidad de que los barrios, las colonias y los pueblos que quieran autogestionar sus residuos, puedan hacerlo.
Que los municipios estén obligados a proveer de los servicios con participación de la comunidad en la toma de decisiones.
Tendría que hacerse una recolección diferenciada desde los hogares con campañas masivas de separación de residuos, siempre y cuando exista la infraestructura para su tratamiento: camiones aptos, sitios adecuados y seguros de procesamiento, personal capacitado y maquinaria que garantice un manejo sin riesgos a poblaciones cercanas, guardando las distancias mayores a las que marca la norma.
Unidxs contra el capitalismo
Queremos anunciar que como pueblos y grupos comunitarios organizados estamos juntos en esta lucha, contra los malos gobiernos y contra los empresarios criminales que atentan todos los días contra nuestros territorios y contra nuestra vida.
Políticos van y políticos vienen. Nosotros aquí seguimos. No somos ingenuos en pensar que el problema principal es el manejo de la basura, sino que es todo un sistema sin la más mínima consideración por la vida.
El problema completo de los residuos se encuentra desde la extracción de materias primas y, sobre todo, en la producción industrial.
El manejo de la basura solo es el último eslabón de una larga cadena de perjuicios y crímenes contra nuestros pueblos.
Aún así, lo que exigimos es un alto total a los negocios criminales de la basura que enferman y matan.
Este es nuestro pliego en tono de exigencia:
El retiro definitivo de las concesiones a las empresas privadas del manejo de residuos sólidos urbanos.
Que se inicie la planeación de un modelo de gestión de residuos, con participación de especialistas, organizaciones dedicadas a este propósito y grupos comunitarios organizados.
El cierre definitivo de todos los basureros metropolitanos.
El cumplimiento al 100% del Plan de Cierre y Abandono de Los Laureles por parte de CAABSA.
La vigilancia de la clausura por parte de la PROEPA del basurero clandestino en la localidad de Huaxtla en El Arenal.
El saneamiento de los basureros abandonados de Copalita y el Taray en Zapopan.
La remediación integral del basurero ilegal de Matatlán para que se construya en su lugar un bosque urbano comunitario.
La reubicación inmediata de la Planta de Transferencia Metropolitana del Oriente de la zona de Jauja.
El cierre definitivo y el saneamiento de la planta de transferencia denominada El Cielo.
Justicia y esclarecimiento por el asesinato de la compañera Verónica Guerrero, quien encabezó la lucha contra Matatlán en 2021.
Nota publicada gracias a la Alienza de Periodistas de a Pie. Lee la nota original aquí.
Eladia Torres lamenta la ausencia de MORENA en debates, solicita pluralidad en estos ejercicios democráticos.
Tlaxcala, Tlax. A una semana de las elecciones 2024, la candidata a diputada federal por el II Distrito, Eladia Torres; lamenta que no exista disposición de parte de los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para realizar ejercicios democráticos en donde pudieran expresar y cuestionar sus propuestas.
En noviembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios generales destinados a mejorar la calidad y promover la realización de debates entre las candidaturas a diputaciones federales y senadurías en el marco del Proceso Electoral Federal 2024, con el objetivo de contribuir al ejercicio del voto informado y razonado por parte de la ciudadanía.
A pesar de ello, los debates para las candidaturas a diputaciones federales que ha organizado la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, se ha notado la ausencia de los contendientes por MORENA.
En este contexto, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Eladia Torres, lamentó que los ejercicios democráticos no puedan ser plurales ante la omisión de los contendientes del partido que actualmente tiene mayor presencia en el país.
En esa línea mencionó que los debates representan una oportunidad para que las y los candidatos puedan hacer de conocimiento público sus planes de trabajo, así como de ser cuestionados por la ciudadanía.
Al preguntarle cuáles podrían ser las razones por las que MORENA ha rechazado las invitaciones a participar en diversos debates, Torres Muñoz mencionó:
«La ausencia de los contendientes de MORENA puede tener dos lecturas. Por un lado podría ser porque les da vergüenza por el mal trabajo que ha realizado la actual administración. Ese pésimo trabajo trae como consecuencia a que tengan miedo, porque saben que la respuesta que van a tener de las y los ciudadanos va a ser negativa»
En ese sentido, Eladia Torres, remarcó que pueden existir relaciones de poder que impiden que las y los candidatos de MORENA puedan realizar declaraciones públicas sobre ciertos temas, lo cuál refirió como grave.
Aunque resaltó que dentro de la estructura del partido político contrincante también puede haber gente que tiene criterio propio y buscaría alzar la voz ante los diversas problemáticas en las que actualmente vive la entidad tlaxcalteca.
De igual modo, resaltó que si bien los debates son un ejercicio importante en donde se exponen las propuestas, es aún más significativo escuchar a la ciudadanía, pues actualmente no todos los candidatos a las diputaciones federales están realizando el toque de puerta.
«Las caminatas, los toques de puerta y las reuniones son de gran ayuda, no solo promueven el voto, también nos dan la oportunidad de escuchar a la gente. Yo te puedo decir que de cada diez casas a las que visito, al menos cuatro me han resaltado su malestar por las acciones que ha tomado esta administración, pero los candidatos no quieren enfrentarse a la realidad.»
Una de las situaciones que Torres Muñoz expuso fue que estas elecciones son una «elección de Estado», debido a que a pesar de que los candidatos de MORENA no asistan a los ejercicios democráticos como los debates o no hagan campaña, tienen el apoyo tanto del Estado Local como Federal.
«Es una elección de Estado están utilizando y van a utilizar todos los recursos que estén a su alcance para la elección del dos de junio.»
De igual modo, Eladia Torres refirió que las condiciones para los partidos políticos no son las mismas, debido a las fiscalizaciones que está realizando el INE.
«Están fiscalizando las campañas de esta coalición que yo represento. En este caso, no hay problema, pero sí exigimos que a todos los candidatos los revisen por igual, necesitamos que el piso sea parejo.»
Finalmente, Eladia Torres compartió que ante los diversos atropellos que se han suscitado por la ausencia de los candidatos de MORENA, «el ciudadano es crítico, es agudo, sabe cuando su autoridad le ha respondido con trabajo y cuando no», por lo que desearía que los debates pudieran darse con la presencia de todos los candidatos para que la población tome la mejor decisión en las urnas.
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Jorge Martínez del OCPA destaca la falta de respuesta de autoridades ante denuncias de maltrato animal, resaltando la necesidad de una repuesta rápida de la PGJE y la coordinación entre instituciones para garantizar la protección de un perro u otro animal.
Tlaxcala, Tlax. El pasado domingo 26 de mayo, un perro perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, luego de ladrar a dos jóvenes motociclistas.
El incidente, captado por una cámara de videovigilancia de un domicilio particular en la calle 16 de Septiembre, en el barrio de Texcacoac, ha generado indignación entre los habitantes locales.
En el video, se observa cómo el perro comienza a ladrar a los motociclistas, momento en el que uno de ellos saca un arma y le dispara, dejándolo sin vida en la vía pública.
Los agresores, cuya identidad aún se desconoce, continúan su camino rumbo a la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, mientras otro perro compañero del canino asesinado solloza a su lado en señal de auxilio, alertando a los vecinos del trágico suceso.
Aunque no se ha confirmado si el perro pertenecía a alguna vivienda cercana, este acto de violencia ha sido condenado por grupos de vecinos vigilantes de Texcacoac.
Denunciar maltrato animal: A dónde acudir y qué hacer según Jorge Ignacio Martínez Castro, representante del OCPA
Jorge Ignacio Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), compartió en una entrevista a Escenario Tlaxcala, mencionó las instancias a las que se debe recurrir para denunciar estos actos.
Para quienes presencian maltrato animal, Martínez Castro recomienda las siguientes acciones:
Denuncia Administrativa:
Ayuntamientos con reglamento vigente: Actualmente, solo 35 de los 60 municipios tienen reglamento vigente y ,de estos, pocos lo aplican correctamente.
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET): En municipios sin reglamento vigente o cuando no se recibe la atención adecuada del ayuntamiento.
Denuncia Penal:
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE): Para casos graves que requieren intervención inmediata. El maltrato animal, según el Código Penal, se persigue de oficio, y la PGJE debe actuar de inmediato sin necesidad de un tutor para el animal.
FOTOGRAFÍA DE ALEX SABERI
El representante del OCPA destacó la necesidad de una respuesta más rápida y eficaz por parte de la PGJE.
Citó un caso en Huamantla el 12 de abril, donde la falta de preservación de evidencias por parte de las autoridades municipales comprometió el proceso legal.
«Es urgente que la PGJE actúe sin demora y no delegue sus responsabilidades a la PROPAET, que está destinada a tratar temas administrativos menores», enfatizó.
En relación con la difusión de denuncias, Martínez Castro expresó que es esencial que las autoridades informen constantemente a la ciudadanía sobre cómo y dónde denunciar el maltrato animal.
Aconseja que las denuncias se presenten primero ante las autoridades antes de recurrir a redes sociales para evitar la desaparición de pruebas y asegurar una acción legal adecuada.
Martínez Castro también hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para mejorar la atención de estos casos y pidió a la PGJE que realice comunicados conjuntos con la PROPAET para delimitar claramente las competencias de cada institución.
«Es crucial que los ciudadanos sepan que la PGJE es la instancia adecuada para casos graves y que actúe de inmediato para preservar la justicia y la protección animal», concluyó.
Para más información sobre cómo presentar una denuncia de maltrato animal y la labor del Observatorio Ciudadano de Protección Animal, pueden visitar su sitio web dando clic aquí.
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La lluvia de oro, como es conocida comúnmente en la ciudad de Chilpancingo y en varios lugares de México, es un árbol exótico proveniente de Asia, introducido en nuestro país con fines ornamentales para adornar las calles con sus vistosas y hermosas flores amarillas.
Su nombre científico es Cassia fistula, pero en otras partes del continente americano también lo conocen como flor de santuario, caña fístula, flor de mayo, hoja sen, entre otros.
De acuerdo con la información del portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), este árbol es nativo de la India y es cultivado en las costas de México.
La lluvia de oro mide de 10 a 15 metros de altura y hasta 45 centímetros de diámetro, sus flores son color amarillo dorado, los que forman racimos colgantes y largos, también tiene vainas de 37 a 60 centímetros de longitud.
La principal finalidad que se tiene al plantar un árbol de esta especie es para adornar las calles, avenidas y parques de las ciudades.
La madera de este árbol es usada para carpintería, postes, mangos de algunas herramientas, construcciones, combustibles y más. Algunas personas utilizan la pulpa del fruto como laxante.
En la ciudad de Chilpancingo, como en muchas ciudades del país, plantaron árboles en las calles principales con la finalidad de que al florecer adornen la capital con su color amarillo dorado.
En el Andador Emiliano Zapata, en el centro de la ciudad, están plantados algunos de estos árboles y cuando florecen, capitalinos y foráneos posan para tomarse fotos junto a él. En el Parque de la Avispa también hay otros de estos árboles que adornan el lugar, otros más están en el Barrio de San Mateo, también en la colonia San Juan y en muchos puntos de la ciudad.
De acuerdo con la bióloga Marisol Castro, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), los árboles exóticos, como la lluvia de oro, afectan el ecosistema porque pueden convertirse en invasores, es decir, desplazar a especies de plantas nativas.
La lluvia de oro, como otros árboles exóticos, tiene la capacidad de adaptarse muy bien y su germinación es muy alta, esa es una de las razones por las cuales son usados para embellecer las ciudades, sin embargo, se corre el riesgo de que se vuelvan invasores.
Al sustituir las especias de plantas nativas por especies exóticas se rompe con las redes de interacción entre las especies ya que las plantas están relacionadas y asociadas a ciertas especies de animales, hongos, bacterias y virus, explicó la bióloga.
“Estas redes de interacción tienen millones de años de evolución y están adaptadas al medio. Entonces cuando quitas la vegetación nativa o natural, estás eliminando esas relaciones que hacen posible que los ecosistemas funcionen y nos provean de alimento, vestido, agua y todos los servicios ecosistémicos”.
La bióloga dijo que hay animales que se alimentan de los frutos o flores de plantas nativas, al sustituirlas por una especie exótica, ese animal podría adaptarse a otro alimento y al hacerlo podría enfermarse y morir e incluso existe el riesgo de extinguirse de manera local o general si su dieta es específica.
Eso puede suceder si en la ciudad se introducen más plantas exóticas, en el caso del lugar donde están plantados los árboles de lluvia de oro, anteriormente existían otros árboles, pero fueron sustituidos ya que las ramas alcanzaban los cables y rompían banquetas, cosas que la lluvia de oro no hace.
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Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del estado de Guanajuato reportó el hallazgo de restos óseos de un menor, mismos que corresponden con los del niño Javier Modesto de 3 años, desaparecido el 15 de mayo
Texto: Redacción Pie de Página, con información de Melissa Esquivias de Pop Lab
Fotos: Melissa Esquivias
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General del estado de Guanajuato informó que logró identificar los restos encontrados hace un día como pertenecientes a Javier Modesto, menor de 3 años que desapareció el 15 de mayo mientras sus padres realizaban trabajos agrícolas en los campos de León, Guanajuato.
«El día de hoy la familia, en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que la han acompañado en la búsqueda, participaron en el proceso de notificación de alto impacto emocional con perspectiva intercultural, diligencia en la que se dio a conocer que a través del trabajo interdisciplinario de los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de identificación de Personas Fallecidas se estableció que los restos óseos humanos localizados corresponden a Javier Modesto Moreno», dice un comunicado difundido por la Fiscalía de ese estado.
Según los análisis de la Fiscalía, Javier Modesto falleció por las heridas que sufrió al ser atropellado.
A sus escasos tres años de edad, Javier Modesto Moreno, originario del municipio de Cochoapa el Grande en La Montaña de Guerrero, había estado ya en dos ocasiones en Guanajuato, acompañando a sus padres y hermanos en su trabajo de jornaleros migrantes en los campos agrícolas de León y otros municipios colindantes. Pero esta vez la travesía de trabajo que continuaría en San Luis Potosí se vio abruptamente interrumpida por la desaparición de Javier.
La última vez que el pequeño fue visto esperaba a sus papás, Aura Moreno y Anselmo Modesto, bajo la sombra de un árbol a pocos metros del campo de tomatillo ubicado en la comunidad del Jagüey, donde la familia recogía los frutos de la tierra.
Sin días de descanso, con jornadas de trabajo que rebasan las 12 horas, sin seguro social y orillados a integrar a sus hijos e hijas a esta actividad económica en la que se les paga por destajo, es como cerca de 3 mil personas que migran desde sus comunidades de origen para incorporarse a actividades agrestes en Guanajuato laboran en la entidad.
Las fichas de búsqueda de Javier Modesto pueden verse en todos los postes de la comunidad del Jaguey. Foto: Melissa Esquivias
La brecha generada por las diferencias de idioma y la falta de un traductor -la familia Modesto Moreno es hablante de tu’un savi, (mixteco)- así como el desconocimiento u omisión de la policía municipal de Romita para aplicar el protocolo de búsqueda y coordinarse con los municipios vecinos de Silao y León, entorpecieron la investigación inmediata a la desaparición de Javier. Fue la propia familia y compañeros jornaleros quienes iniciaron las labores con sus propios medios aquel miércoles, cuando ya se se acercaba la noche.
Hasta el día 23 de mayo la familia de Javier no tuvo acceso a un traductor que les auxiliara en la comunicación de la investigación. La única intervención de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional se había limitado a acompañar a la familia del menor a presentar la denuncia ante el ministerio público un día después de su desaparición.
“Queremos seguir haciendo visible que Javier no está, que no está con su familia, están muy tristes, su mamá no ha comido desde que desapareció Javier, es mucha angustia la que tienen, no es su territorio, son lugares que no conocen, en una lengua que no conoce, necesitamos el apoyo de toda la comunidad”, pidió Mayo Meza ante los medios de comunicación el pasado martes. Este miércoles 22 de mayo tuvo lugar una tercera búsqueda en la comunidad de La Sandía.
El domingo 19 de mayo, con intervención de la célula municipal de búsqueda y la Comisión Estatal, tuvo lugar la primera búsqueda en la que se sumó a la ciudadanía y al colectivo Madres Guerreras de León, quienes recorrieron los campos, atravesaron los surcos, exploraron pozos y charcas de agua para encontrar a Javier. Este martes y miércoles las jornadas de búsqueda continuaron con la pega de fichas en los postes y comercios de las comunidades.
Campos agrícolas de Guanajuato, destino de jornaleros del sur del país. Foto: Melissa Esquivias
Familiares de la familia de Javier, compañeros jornaleros que hablan alguna variante del mixteco y redes de acompañantes han apoyado como intérpretes para Aura Moreno y Anselmo Modesto, padres del niño.
“En estos últimos días no hemos tenido información de acciones realizadas por la Secretaría del Migrante, y la falta de coordinación de las autoridades tiene que ver con la capacitación del personal y lala crisis del personal judicial que hay. Hay personas en León que no saben que aquí viven personas jornaleras, se piensa que en indígena cabe todo”.
Fue el pasado domingo 19 de mayo cuando, gracias a la presión y acompañamiento de la sociedad civil y ciudadanos solidarios que han encabezado las búsquedas en vida de Javier Modesto, la célula municipal de búsqueda así como la Comisión Estatal see movilizaron en las comunidades aledañas al Jagüey.
El martes 21, más de 70 organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la aplicación del El Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), que puntualiza la urgencia de una búsqueda inmediata, individualizada, diferenciada y especializada, que contemple la edad, la lengua, así como la condición de migración de Javier Modesto.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU exigió a las autoridades doblegar los esfuerzos para localizar al niño migrante.
“Entendemos la crisis de derechos humanos que vive nuestro estado y en ningún momento diríamos que Javier importa más que otras personas desaparecidas, pero sí que necesita acciones de búsqueda especializada al ser un niño migrante jornalero y su lengua materna no es el castellano”, declaró Mayo Meza Trejo, directora del Centro Indígena Loyola (CDIL), durante la jornada de búsqueda del pasado martes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 7 mil 900 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos.
Pobreza y violencia criminal: orígenes de la migración
Javier es pequeño para su edad, con tres años apenas alcanza los 70 centímetros y su peso oscila por los 9 kilos. Cochoapa y el resto de la Montaña de Guerrero que alberga a la mayor población de grupos originarios de este estado, se han caracterizado en los últimos años por sus altos índices de desigualdad y pobreza – según datos del Coneval en 2020, el 85 por ciento de los habitantes de este municipio viven en pobreza extrema- más una violencia que ha arreciado en las últimas dos décadas. Estas circunstancias han desembocado en desplazamiento forzado y flujos de migración intermitente en búsqueda de mejores condiciones de vida.
En Guanajuato, las empresas que poseen tierras fértiles o las rentan a ejidatarios para producir chile jalapeño, tomate y hortalizas, principalmente, son vistas como oportunidades laborales, usualmente temporales, para las familias campesinas que llegan desde el sur del país para trabajar, y donde esta actividad económica se convierte en su única fuente de ingresos.
Mural del CDIL refleja la labor de las familias jornaleras en el campo de Guanajuato
De acuerdo con el Centro Indígena Loyola, las empresas o propietarios de los cultivos pagan a los jornaleros en promedio 20 pesos por cubeta de recolección. A este tipo de pago se le conoce como destajo, donde el patrón paga de acuerdo a lo que se hace, produce u obtiene, sin tomar en cuenta las horas ni los días de la jornada, mucho menos derechos laborales como seguro social, días de descanso, fondos de ahorro ni contrato de trabajo.
“Hay muchos derechos de los que se complejiza el acceso y justamente la desaparición de Javier tiene que ver con todo eso, y con todo el contexto de violencia en Guanajuato”, explicó Mayo Meza Trejo. El Centro índigena Loyola es una organización que ha enfocado su labor en dar acompañamiento a personas de grupos originarios que viven o migran a León.
En León, como en otros territorios agrícolas del país, las empresas no han ofrecido condiciones laborales ni de vida dignas para los trabajadores que temporalmente llegan al campo a trabajar. Desde la brecha del idioma por pertenecer a grupos originarios, hasta la oferta de una vivienda digna para las familias, acceso a la salud y alternativas de educación para sus hijos e hijas, han sido las omisiones que mantienen en situación de desigualdad a estos grupos que han dejado sus comunidades.
Estas omisiones se extienden a los gobiernos municipal y estatal, que no han obligado a grandes y pequeños productores agrícolas a cumplir con la Ley Federal del Trabajo ni de cubrir las necesidades específicas de los jornaleros que pertenecen a los pueblos originarios y se desplazan con sus hijas e hijos.
Jornaleros camino a los surcos. Foto: Melissa Esquivias
En León, la familia de Javier Modesto vive en la comunidad leonesa La Sandía, vecina de la comunidad del Jagüey, que pertenece al municipio de Romita. Los cinco integrantes cohabitan una vivienda que rentan junto con otras familias, y donde viven más de veinte personas en total.
“Las familias que vienen al corte no están en una vivienda con servicios, muchas veces viven en campamentos o en bodegas donde guardan granos, agrotóxicos, y se las prestan y entonces hacen los niditos para vivir en un mismo lugar muchas familias, sin baño, sin cocina, preparan su comida afuera, a veces la gente de las comunidades les renta casas en obra negra”, relató Mayo Meza para POPLab.
Anualmente, Guanajuato recibe cientos de familias que provienen de pueblos originarios de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, quienes se emplean en los campos agrícolas de municipios como León, Dolores Hidalgo, Romita, Silao, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, en 2021 en medio de la pandemia de covid-19 arribaron a la entidad más de 1,900 personas a trabajar temporalmente en el campo guanajuatense.
El pago promedio por colecta de la cosecha ronda los 20 pesos por cubeta. Foto: Melissa Esquivias
En el caso de León, las familias se establecen cerca de los campos agrícolas de las comunidades de Barretos, Nuevo Lindero, Rancho Nuevo, San José de los Sapos, La Esmeralda, el Jagüey, La Cinta, El Maguey, San Cristóbal, La Arcina, Los Ramírez, donde permanecen entre los meses de abril y julio. Esta información fue documentada por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola y la Universidad Iberoamericana de León en el informe “Migración indígena jornalera a las zonas agrícolas de León Guanajuato: Análisis de acciones públicas 2019‐2020”.
Sin embargo, las acciones desde el municipio y el estado no han pasado de un modelo asistencialista que no garantiza el acceso pleno a derechos.
“Hemos insistido con otras organizaciones en caminar de las acciones asistenciales a aquellas que tengan un enfoque de derechos; es decir, caminar de pensar en dar una despensa a pensar en cómo garantizar el acceso a la alimentación, pensar de cómo vamos a llevar kits de gel antibacterial a pensar en cómo dar acceso a la salud (…) Creo que hay un camino que se está recorriendo pero hay una deuda histórica y las acciones que se realizan no solo en León sino en todo México, son las acciones asistencialistas, hay que dar, hay que dar este otro paso”, destacó Mayo Meza.
Una evaluación alimentaria realizada a 155 niñas y niños migrantes en 2019 por el Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, detectó que 1 de cada 3 infancias padecían un grado de desnutrición, y en más del 40 por ciento se trataba de desnutrición severa. Un efecto de la migración es el limitado acceso a alimentos de buena calidad en proporciones necesarias para cubrir las necesidades energéticas y de nutrientes.
Además del carente acceso a la alimentación digna, la falta de actividades educativas como escuelas móviles en las que puedan aprender en su propia lengua o estancias infantiles, propicia que desde muy pequeños, los hijos e hijas de jornaleros se sumen a esta actividad y padezcan la criminalización de las autoridades reguladoras del trabajo.
“La dinámica de trabajo es una dinámica familiar que es criminalizada por el Estado con las políticas de erradicación de trabajo infantil, porque nos ha tocado que llegan brigadas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los niños y niñas corren por sus vidas en el campo, se esconden, es una política de miedo en lugar de una polpitica de derechos”, lamentó Meza Trejo, quien advirtió que desde la federación se han recortado los recursos que llegaban al estado para programas de escuelas móviles.
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Migrantes abandonan Tlaxcala tras hostigamiento por agentes migratorios, reciben ayuda de pobladores y gobierno local en su camino hacia Hidalgo, escoltados por autoridades mexicanas.
Tlaxcala, Tlax. El pasado sábado 26 de mayo, personas migrantes provenientes de diversas naciones como Perú, Venezuela, Haití, Cuba, Honduras, Guatemala y Nicaragua, emprendieron una caminata que los llevó a abandonar a pie el territorio del estado de Tlaxcala.
Imagen: Gonzalo Perper / Nierika Images
Tras pernoctar en la estación del tren Soltepec, en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala, los migrantes se vieron obligados a dejar atrás esta región tras suopuestamente enfrentar hostigamiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
La situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estos migrantes, entre ellos niños, personas con discapacidad , mujeres y hombres, contrastó con la solidaridad mostrada por pobladores, quienes les brindaron ayuda alimentaria y apoyo durante su travesía.
Imagen: Gonzalo Perper / Nierika Images
Escoltados por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, los migrantes fueron conducidos hasta la comunidad de La Unión Tierra y Libertad, donde emprendieron su camino hacia Apan, Hidalgo.
A pesar de las dificultades y los desafíos en su camino, los migrantes continúan su búsqueda de mejores condiciones de vida.
Reprueban redada contra «Caravana Viacrucis Migrante» en Tlaxcala
La Universidad Iberoamericana, la Diócesis de Tlaxcala y la Arquidiócesis de Puebla han manifestado su rotundo rechazo ante la reciente redada perpetrada contra la Caravana Viacrucis Migrante.
El suceso aconteció mientras las personas en situación de movilidad humana transitaban por el territorio tlaxcalteca, específicamente en Tlaxco, a bordo del tren conocido como «La Bestia».
Cristihan Martínez / Nierika Images
Como consecuencia de esta acción, la caravana se vio obligada a detenerse en la estación de La Magdalena Soltepec el pasado sábado 25 de mayo.
A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones civiles han denunciado que las autoridades tlaxcaltecas y federales cercaron, emboscaron y amenazaron verbalmente a aproximadamente 300 personas migrantes, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con discapacidad física.
Se resalta que la caravana había transitado previamente por el estado de Puebla, siendo escoltada por las autoridades para utilizar el mencionado tren de carga, el cual fue detenido en una zona remota y de difícil acceso.
Cristihan Martínez / Nierika Images
Las organizaciones expresaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que estas personas sean detenidas, maltratadas, incomunicadas o deportadas sin la debida asistencia legal y humanitaria, poniendo en riesgo sus vidas al ser enviadas de regreso a países donde han enfrentado amenazas y violencia.
Este incidente se suma a las denuncias previas realizadas por los integrantes de la caravana, quienes reportaron agresiones a niños, embarazadas y amenazas por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) durante su paso por Puebla.
Cristihan Martínez / Nierika Images
La Jornada Oriente, en su editorial del 23 de mayo, destaca la discrepancia entre la actitud de la población y las acciones del INM frente a la vulnerabilidad de las caravanas migrantes, demandando una investigación exhaustiva de los hechos.
Finalmente, cabe recordar que esta caravana, conocida como «Viacrucis del migrante 2024», inició hace dos meses en Tapachula, Chiapas, como una movilización anual durante la Semana Santa para denunciar las políticas migratorias que son percibidas como «crueldad» por parte de los migrantes y sus defensores.
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Este país tiene el mayor número de presos por habitante en América del Sur, y una organización de familiares trabaja por sus derechos. Se calcula que unos 30.000 niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad.
Por Natalia Uval y Marina Santin
Es lunes y en el Espacio Colabora, en el centro de Montevideo, un grupo de mujeres y representantes de organizaciones sociales se reúnen para conversar sobre el impacto de tener familiares en la cárcel para los niños y niñas. Familias Presentes realiza estos plenarios mes a mes.
Están las mujeres que han liderado la conformación de la organización y también hay quienes llegan por primera vez. Una de ellas, vestida con ropa de trabajo ―son las seis de la tarde― y acompañada de una niña, dice que tiene a su hijo recluido en el Penal de Libertad. La emoción le impide seguir hablando.
Carolina Doglio, Gabriela Rodríguez, Martha Billares y Daniela Durán. Foto: Ernesto Ryan
No se sabe exactamente cuántos niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad en Uruguay, el país con más encarcelados por habitante de América del Sur y el décimo del mundo. Serán 30.000, estima alguien en el plenario. El Estado no dispone de esos datos y, por lo tanto, no existen políticas específicas para esa población, rehén de una situación que impacta en sus vidas y en su desarrollo. “El sistema penitenciario no reconoce el entorno afectado por la situación”, alertan. A veces los niños y niñas tienen vergüenza de decir que visitan a su padre o madre en la cárcel, y entonces mienten: “Voy a ver a mi papá al trabajo”, dicen, por ejemplo. Los adultos también lo hacen.
“No toda la familia reacciona de la misma forma. Para una parte de la familia es como si no existiera el tema”, contó a la diaria Carmen [nombre ficticio], una de las mujeres que se acercó al colectivo. Su hijo está privado de libertad, y si bien ella lo visita con regularidad, señala que sus dos hijos mayores “estuvieron seis meses sin ir a ver al hermano, sin preguntar cómo estaba”. “El único que me preguntaba era mi nieto, pobrecito, que me esperaba encontrar sola y me decía: ‘Abuela, no está en una jaula, ¿no?’”.
Lucía [nombre ficticio], otra de las familiares consultadas, plantea el desafío que implica “poder hablar y decir que tengo un familiar privado de libertad” y, a la vez, lo importante que es hacerlo para “visibilizar, porque a cualquiera le puede pasar, y hay que romper con el estigma”. “Yo tengo la alegría de que mis compañeros todos los domingos me preguntan ‘¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo estaba? ¿Qué está haciendo?’. Eso te reconforta, porque entonces vos sentís que no lo enterraron, que no está muerto”, agrega Carmen.
Marisa forma parte del colectivo Memoria en Libertad, integrado por niñas, niños y adolescentes que sufrieron las acciones del terrorismo de Estado en el siglo pasado. Ese día, en el plenario dice que hoy se siguen vulnerando los derechos de las infancias, que tienen que faltar a la escuela para asistir a las visitas, que no cuentan con preparación psicológica, que sufren estigmatización social.
Luisina trabaja en un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) que atiende a niños y niñas de entre tres meses y cuatro años que viven con sus madres privadas de libertad. Dice que no tienen recursos para atender toda la demanda, que hay niños y niñas aguardando ingreso. Que a veces la única salida que tienen esos niños son las consultas médicas y el CAPI. Un día hicieron una actividad de integración con los niños en La Floresta, en el departamento de Canelones, y sólo autorizaron a una madre a acompañarlos. A veces sancionan a la madre y la trasladan, y su hijo o hija debe interrumpir su proceso educativo.
En Familias Presentes hay un grupo que está trabajando específicamente en el impacto de la cárcel en los niños, niñas y adolescentes que tienen familiares privados de libertad. “Nos preocupan los niños en relación a la cárcel, tanto los que van como los que no van a visitar, porque, en realidad, hay muchas familias que toman la decisión por los niños de que no vayan, o los niños, cuando llega determinado momento, toman la opción de no visitar”, explicó en entrevista con la diaria Gabriela Rodríguez, una de las fundadoras de la asociación. A modo de ejemplo, apuntó que presentarán un proyecto al Instituto Nacional de Rehabilitación para “aliviar el tiempo de espera con alguna actividad recreativa o artística”.
Familias invisibles
En el plenario recuerdan que existen los Principios de Bogotá, que establecen derechos para los familiares de las personas privadas de libertad, y afirman que hay que tratar de eliminar esa visión de que los únicos afectados por la situación de privación de libertad son quienes están recluidos. Uruguay alcanzó, según cifras de 2023, la tasa de prisionización más alta de su historia: unos 400 privados de libertad por cada 100.000 habitantes (en el entorno de los 15.000 presos en todo el país). Esto implica que si hay entre cuatro y cinco familiares afectados por cada preso ―como estiman en el colectivo―, hay unos 70.000 uruguayos afectados directamente por la cárcel.
Pero Familias Presentes no nació de la preocupación de los familiares por su propia situación, sino para trabajar por los derechos de los privados de libertad. Fue con el correr del tiempo, al empezar a conversar entre ellos y conocer más experiencias, que se dieron cuenta de que el derecho de las personas presas “también están vulnerados”, recuerda Rodríguez. “Porque al principio decís ‘no me importa, yo me visto como sea, si quieren que me pare de mano me paro de mano, así puedo entrar, pero después pasan los años y uno se va dando cuenta de cómo eso va afectando y lo vas desnaturalizando’”, explica.
La diaria entrevistó a Rodríguez, Daniela Durán, Carolina Doglio y Martha Billares, integrantes de la organización. Consultadas sobre si en algún momento, desde que una persona es enviada a prisión, se les informa a los familiares sobre los derechos que tienen en su tránsito por el sistema penitenciario, las entrevistadas coincidieron en que no. “Para los familiares no hay nada, y eso es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo”, sostuvo Durán. Por eso, Familias Presentes trabaja, entre otros puntos, en el acceso a información para los familiares de las personas privadas de libertad.
“Desde la organización entendemos que el sistema contempla a la persona privada de libertad y hace un abordaje individual. La familia, o el entorno en donde repercute también el sistema penitenciario ―porque nosotros también lo transitamos―, queda a un lado”, afirmó Doglio. Este desconocimiento, cuentan desde Familias Presentes, muchas veces se traduce en abusos o violencia institucional: “La institución te trata como si vos también fueras un delincuente”, aseguró Durán.
La paradoja que marcan desde el colectivo es que las familias son las que se encargan de cubrir los vacíos que deja el Estado. Cuya responsabilidad es “acompañar, pensar el egreso y sostener económicamente y emocionalmente a la persona”, explicó Doglio. La tarea de cubrir las necesidades básicas de la población en prisión recae, principalmente, sobre las mujeres, porque las que hacen las colas generalmente son mujeres, dicen, algo que se ve reflejado en la integración de la asociación, que es mayoritariamente femenina. “Eso agrava la situación de las mujeres que están privadas de libertad, porque, de pronto, tienen a la mamá, pero la mamá se tiene que hacer cargo de los hijos”, acotó Durán.
Familias Presentes va a tener un lugar en la mesa convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario Penitenciario para la transformación del sistema carcelario. Foto: Camilo dos Santos
Sin embargo, tener un familiar en la cárcel no sólo incide en la economía de quien le lleva el paquete de comida o los productos de limpieza: hay que hacerse tiempo para visitar, lo que implica tener tiempo libre o flexibilidad laboral para adecuarse a los horarios de las visitas, y la preparación debida para ir, porque no se entra en cualquier condición. “Tenés que tener, como decimos todos, el ‘uniforme’”, explicó Martha. En general ―porque cada establecimiento tiene sus reglas― los colores prohibidos son el negro, el azul, el verde, el estampado camuflado, el blanco, el gris oscuro, el beige. “Tiene que ser pantalón largo, no puede ser bermuda, no puede ser pollera, no puede ser pantalón roto ni plataformas”, agregó Daniela.
“En el [ex] Comcar (una de las cárceles con peores condiciones de Uruguay) no se puede usar capucha ni gorro en invierno ni sombrero para el sol en verano. Las recomendaciones del Ministerio de Salud para los familiares de privados de libertad no corren”, apuntó Gabriela. Doglio agregó que las normas de vestimenta están atravesadas por la violencia de género: “Tenés que pensar qué es lo que te vas a poner para ir y también tenés que dejar de ser vos, porque si me pongo esta calza”, ejemplificó, “capaz que voy a provocar a alguien”. Y ante la necesidad, surge una respuesta del mercado: “En todas las cárceles hay gente que alquila ropa para que puedas entrar”.
Después de entrar está la revisión, y donde no hay escáner ―o los funcionarios entienden que no alcanza― hay que pasar a “la pieza”, apuntó Doglio, en referencia a una sala en la que el visitante se debe desvestir y se lo somete a una revisión más exhaustiva. “Tenés que descalzarte, sacarte la ropa, mostrar tus orificios, agacharte, toser”, explicó. Los elementos descartables, como pañales de bebés y de adultos o los protectores femeninos se desechan: “Hay que llevar un pañal de repuesto porque ese va para la basura y es a costo de la familia”, remarcó Rodríguez.
Con todo, Doglio apuntó que la frustración más grande es la de las familias que quieren pero no pueden acompañar materialmente a sus familiares privados de libertad: “Las cárceles están llenas de gurises que son, la mayoría, jóvenes y pobres, y eso también tiene mucho que ver, porque a veces las familias quieren acompañar, pero no pueden, capaz que no tienen recursos, que no tienen herramientas, que no tienen para mandar un paquete todas las semanas y para mandarle las cosas básicas”, lamentó.
Las cosas tampoco son fáciles a nivel emocional. “No hay nadie que te explique, que te diga ‘mire, va a pasar tal cosa, van a pasar dos semanas, lo van a evaluar y él va a estar en tal lugar’, o sea, vos vas averiguando medio que a los ponchazos”, señaló Doglio, y describió esa sensación como la “angustia de no saber dónde está la persona que querés, que, con suerte, te comunicaste una vez o le pudiste ir a alcanzar algo, y la incertidumbre. La incertidumbre te genera angustia y dolor”.
“Ahí vienen las madrecitas”
Familias Presentes se empezó a conformar en agosto de 2022. Rodríguez señaló que el “empujón” para su creación lo dio Graciela Barrera, hoy senadora por la coalición de izquierda Frente Amplio pero por entonces presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. “Ese impulso lo dio a partir de haber vivido como víctima. Desde ese lugar ella siempre comprendió muy bien, con mucha grandeza humana, que no hay dos veredas, que las personas estamos todas dentro de la sociedad y, por distintas circunstancias, nos tocan distintos roles”, reflexionó Rodríguez, que también mencionó como “otro gran impulsor” al exdirector de la Dirección Nacional del Liberado Jaime Saavedra.
Rodríguez sostuvo que lo que movilizó a las fundadoras fue que “desde la primera vez que nos paramos en una cola y desde la primera vez que tuvimos que decir ‘a dónde vamos a averiguar esto’” notaron que faltaba “una pata”, que eran “las familias organizadas, porque nadie más que nosotros va a estar interesado en que las familias tengan un trato digno, tengan la información que tengan que tener y en evitar abusos”. Asimismo, consideró que la idea “llegó en el momento en el cual nosotros, como familias, también estábamos en condiciones de asumir el trascender la situación individual para poder trabajar por lo colectivo”.
Plenario de Familias Presentes. Foto: Camilo dos Santos
Rodríguez entiende que la situación carcelaria, marcada por el hacinamiento, la violencia y la precariedad, es más visible ahora que “hasta hace dos, tres o cuatro años”, algo que favorece el reconocimiento que ha tenido Familias Presentes en los años que lleva trabajando. “Hoy por hoy es como una preocupación más cotidiana, y no decimos que sea obra de Familias Presentes, pero también por algo somos reconocidos y se busca nuestra voz para para conocer lo que pensamos, lo que sentimos; evidentemente porque era una voz que no existía, que no era visible”, apuntó.
Si bien confesó que “es difícil”, Rodríguez tiene la esperanza de que “como sociedad algún día terminemos de comprender” que el camino no es “gastar en cárceles, sino que si hacemos las cosas de otra manera, vamos a estar invirtiendo” en rehabilitación, y que eso se debe acompañar de más medidas alternativas a la prisión. “Nuestra sociedad durante muchos años ha pedido como solución a la seguridad más cárceles, más penas y más largas, y el sistema político, en parte, ha respondido, lamentablemente, con una inflación punitiva atroz que hoy creo que nadie puede sostener que haya sido la solución a algo”, subrayó.
Rodríguez resaltó que Familias Presentes va a tener un lugar en la mesa interinstitucional e interpartidaria que convocaron la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario Penitenciario “para la transformación del sistema carcelario”, y entiende que esto es “la consagración de que lo que hemos venido haciendo y la forma en que hemos venido trabajando genera el respeto necesario”.
Por su parte, Billares indicó que en el marco del año electoral la organización se planteó un “acercamiento a todos los partidos políticos y, seguramente, hacer alguna actividad en la que tengan que exponer públicamente su postura frente a ciertas cuestiones” vinculadas al sistema penitenciario. Asimismo, Familias Presentes trabaja en una guía de recursos para familiares de personas privadas de libertad, con el fin de “asesorar a la gente, a dónde puede llegar, cómo tiene que llegar, con la ropa, cuando uno precisa un traslado para dónde se tiene que dirigir” y otras dudas frecuentes.
Del otro lado
Por otra parte, Rodríguez señaló que “para los privados de libertad” es importante “saber que hay gente fuera que les importa” lo que pasa del otro lado de las rejas. “Lo vivimos con Martha: llegamos a la cárcel de Canelones y, cuando empezamos a pasar [por las celdas escucharon], ‘che, che, ojo, ahí vienen las madrecitas’”, ejemplificó Durán. Las demás integrantes coincidieron en que perciben el agradecimiento de los privados de libertad. “Agradecen en todo momento que alguien se importe por ellos”, afirmó Durán.
En diálogo con la diaria, un privado de libertad que se encuentra cumpliendo pena en la Unidad 4 de Santiago Vázquez contó que conoció Familias Presentes a dos semanas de haber llegado: “Les expliqué mi situación, ellos me escucharon y me vinieron a ver, me trajeron cosas que precisaba, de higiene, alimentos, y se pusieron a mi disposición. Me explicaron bien de lo que se trataba [la organización], fueron como un apoyo familiar”, aseguró. Dijo que lo ayudaron a conseguir “un lugar en los estudios”, algo que describe como “muy difícil en el sistema carcelario”, porque “es muy lento y trancado”.
“También es muy difícil la asistencia médica; por lo visto, acá si no estás grave no es una emergencia, y también me ayudaron en eso. Siempre están apoyándome y preguntándome cómo me fue, cómo me siento, me han dado un apoyo de una familia unida y lo han hecho con muchos de este establecimiento”, afirmó. “Al menos ya no siento que estoy solo”.
La CEDHT investiga presunto uso de arma de fuego por subdirector de policía en un mitin en Teolocholco, Tlaxcala, el suceso resultó en un herido y un individuo bajo custodia..
Durante el cierre de campaña de Valentín Meléndez, candidato a presidente municipal de Teolocholco por el Partido del Trabajo (PT), se activó un protocolo de atención en la localidad debido a detonaciones de arma de fuego en el evento político, según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) a través de sus redes sociales.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
Múltiples llamadas al 911 alertaron sobre disparos en el corazón del municipio, lo que movilizó a las fuerzas de seguridad hacia el lugar para abordar la emergencia.
La persona herida fue trasladada de inmediato al Hospital General de San Pablo del Monte, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.
El presunto responsable de los disparos fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para esclarecer su situación legal.
De acuerdo con relatos en plataformas digitales e informes de la zona, el tiroteo se inició luego de un altercado entre seguidores del PT y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Asimismo, mientras Valentín Meléndez, el candidato del PT, emitió una declaración oficial tras el incidente, mientras que la PGJE está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
El gobierno de Tlaxcala ha emitido un llamado a los actores políticos, candidatos y sus equipos de campaña para que se conduzcan con responsabilidad y en apego a las prácticas democráticas establecidas por la ley.
Asimismo, se les insta a cumplir con los acuerdos de civilidad durante el proceso electoral. El gobierno reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, candidatos y sus equipos, con el objetivo de mantener la paz en la entidad.
Incidente en Teolocholco: Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala inicia investigación
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) ha iniciado una investigación tras los acontecimientos ocurridos el 26 de mayo en el municipio de Teolocholco, donde, según reportes, el subdirector de la policía municipal habría herido a varias personas con arma de fuego.
Según información recabada durante la tarde del domingo, personal de la Visitaduría región sur se desplazó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al hospital de San Pablo del Monte, donde fueron atendidas las víctimas, con el objetivo de llevar a cabo las entrevistas pertinentes para determinar si se violaron sus derechos humanos y para evaluar la posible responsabilidad de las autoridades municipales.
Los medios de comunicación han informado que el incidente tuvo lugar frente a la presidencia municipal de Teolocholco durante un evento de carácter político, donde la intervención de la policía municipal en un incidente de tránsito desencadenó un altercado, culminando con el presunto uso de arma de fuego por parte del subdirector de la policía municipal contra civiles.
La presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, ha condenado enérgicamente cualquier forma de violencia perpetrada por autoridades de cualquier nivel de gobierno contra cualquier individuo, argumentando que dichas acciones constituyen una vulneración de los derechos humanos, los cuales están fundamentados en la dignidad e integridad de las personas.
Escenario Tlaxcala
Ordoñez Brasdefer afirmó que la CEDHT está llevando a cabo una investigación para asegurar que en todo momento se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas en los hechos, y que cualquier comportamiento delictivo sea juzgado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estado de Derecho.
Como resultado de estos acontecimientos, el agente de policía implicado en el incidente fue detenido por sus propios compañeros y, posteriormente, trasladado a la PGJE por elementos de las Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina para su resguardo.
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