El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, fue concebida como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Así, los derechos humanos son, todos ellos, indivisibles e interdependientes, entre los que se encuentran los derechos civiles y políticos; económicos, sociales, culturales y ambientales; los derechos de los pueblos o de solidaridad y justicia.

Han pasado ya 75 años desde el momento en que nuestros derechos humanos fueron plasmados en ese documento, y de que, a partir de entonces, han sido reconocidos en tratados internacionales, interamericanos, en la legislación nacional y en las estatales. Pero a nivel local, ¿qué pasa con nuestros derechos humanos? ¿Realmente disfrutamos del pleno goce y acceso a ellos?

Este año, 2023, fue el segundo año en el que el poder Ejecutivo de nuestro estado, junto con los representantes populares en turno y los integrantes del poder judicial son los encargados de garantizar a cada una de las y los habitantes el acceso a la justicia, la seguridad y la paz, y, para esto, de hacer cumplir cada una de las leyes existentes en nuestra legislación local. Sin embargo, en la realidad, Tlaxcala no ha pasado desapercibido este año debido a diversas situaciones que pusieron de relieve la crisis que enfrentan aquí los derechos humanos. Recordemos algunas de estas situaciones:

En la marcha del 8 de marzo, el gobierno nuevamente respondió con represión a las exigencias de justicia, de poner freno a los feminicidios y desapariciones forzadas y al acoso en sus diferentes formas, que día a día más de una mujer, niña, adolescente o mujer envejecida enfrenta en sus comunidades.

El 8 de mayo, habitantes de la comunidad de Calpulalpan, en su mayoría mujeres, fueron reprimidas cuando se manifestaban para denunciar que hasta ese momento llevaban dos años padeciendo escasez de agua, situación que las y los obliga a comprar pipas de agua. La manifestación fue reprimida de manera brutal por autoridades municipales en conjunto con el gobierno estatal: gas lacrimógeno y agresiones hacia mujeres, niños, niñas y personas envejecidas, fue la respuesta ante la exigencia del ejercicio de un derecho humano fundamental.

Aquí mismo en Tlaxcala, el 17 de marzo, Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y saneamiento dijo claramente ante más de 400 personas que está prohibido cortar el agua; que “cada comunidad debe establecer una administración responsable, con responsabilidad sobre la cantidad que se requiere como derecho de vida para todos y todas y no sólo para los que lo pueden pagar.” Pero estas palabras y las de la sociedad civil y las comunidades no hicieron eco en las autoridades quienes prefirieron reprimir antes de buscar la forma de garantizar el derecho humano al agua de aquella comunidad.

Contradictoriamente, la titular del poder ejecutivo acudió a Colombia a dar una conferencia denominada: “Liderazgos del gobierno en los desafíos del agua, como elemento vital del hábitat y del bienestar del pueblo.”

Tampoco puede olvidarse que, el 27 de noviembre, las y los integrantes del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, nuevamente salieron a las calles exigiendo libertad y justicia para Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, quienes se encuentran detenidos desde el pasado 14 de julio de 2022 acusados injustamente de homicidio calificado. Defender y proteger a la Malintzi, no es un delito, pero intentar frenar un movimiento que sólo busca la protección de un ser sagrado, como es considerada la Matlalcueyetl, es una grave violación a los derechos humanos.

De acuerdo al informe general denominado México habla sobre derechos humanos, elaborado por el Colectivo EPUmx en razón del Examen Periódico Universal México 2024, entre diciembre de 2018 y finales de 2022, 106 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas. Entre 2018 y mayo de 2023, 10 buscadoras de sus familiares desaparecidos fueron asesinadas; y entre 2019 y mayo de 2022, 82 personas defensoras del medio ambiente fueron también asesinadas.

La situación de los derechos humanos a nivel nacional es grave; día a día el contexto muestra la crisis, la violencia, la impunidad y la criminalización de quienes sólo buscan la defensa de los derechos de todas y todos. Y parece que no es muy diferente a lo que se enfrenta a nivel local, cuando no se cumple la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de cada una de las personas y de todos los sectores de la población.

Hacemos presente esta situación en memoria de todas y todos los activistas y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, personas que han sido aprehendidas injustamente, desaparecidas, torturadas o ejecutadas en el país.

 Reyna Soledad Santiago Castillo

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y    Desarrollo Local, A.C.