Las únicas declaraciones que han hecho las autoridades sobre el delito de feminicidio han sido para minimizar los casos que se han presentado, para colocarlos como casos aislados, para decir porqué no se puede investigar como feminicidio, dejarlos en cifras mínimas, en números disfrazados para “cuidar la imagen”, de un estado cómplice, impune, feminicida.
Esto ha llevado a invisibilizar una realidad nacional del que Tlaxcala no escapa, de la que las mujeres del estado también están siendo víctimas y que además se les niega el acceso a la justicia. Poco se habla además del impacto de quitarle la vida a una mujer, en las formas en las que se llevan a cabo estos feminicidios; así como las luchas que tienen que enfrentar las familias para no dejar en la impunidad otra vida arrebatada.
En 10 años, el Observatorio de Violencia de Género en el estado de Tlaxcala ha identificado 107 feminicidios, de los cuales 73 son de marzo de 2012, mes en que se tipificó el delito en Tlaxcala, a la fecha. De estos, solo de dos se ha dado conocimiento que se haya iniciado investigaciones por este delito, el resto han sido calificados como homicidios dolosos, quitando las razones de género y de los cuales tampoco han habido detenidos o sanciones con perspectiva de género.
Si bien ya todo esto es bastante grave, aún sigue sin hablarse de todos los impactos que quedan después de estos hechos; no se habla de las niñas y niños que quedan en orfandad, ya que muchas de ellas fueron madres independientes, o quienes les quitaron la vida fueron sus mismas parejas o exparejas; tampoco se habla de las madres y padres que siguen exigiendo justicia, quienes muchas veces buscan las formas para obtener información sobre lo sucedido a sus hijas. Las familias no cuentan con atención psicológica, quienes quedan afectadas de por vida en sus emociones.
No se visibilizan los mensajes que con las omisiones el Estado envía a las mujeres, ya que nunca ha sido prioridad contar con las políticas públicas efectivas de prevención ni los mecanismos suficientes para el debido proceso y por tanto el acceso a la justicia; no existe una reparación del daño mínima, ni mucho menos integral que se brinde a la familia inmediata al perder a una mujer en estas condiciones.
No hablamos de números y cifras, no se trata de un conteo para determinar en qué estado se encuentra más o menos grave la situación, sino de visibilizar la realidad que vivimos las mujeres en todo el territorio nacional y comprenderlo desde los contextos locales para poder hacer frente. Lo que requiere a personal especializado en la atención de la violencia de género, las formas en las que los cuerpos y vidas de las mujeres son tratados, bajo una lógica de poder y dominación; lo que parece no ser importante en las instituciones, pues una gran parte de servidores y servidoras públicas no cuentan con la capacidad mínima para brindar la atención necesaria o generar acciones para difundir la información que permita colocar en lo público los impactos que la violencia feminicida deja en las familias, las comunidades, en todos los espacios en general donde las mujeres contribuimos.
La violencia en sus diversas expresiones no puede seguir siendo un tema que nos corresponda únicamente a las mujeres comprender y contribuir a su prevención y disminución (cosa que hemos hecho durante siglos), ya que quienes nos violentan cotidianamente son hombres, de todas las edades, quienes de diferentes formas continúan normalizando los tratos violentos, desiguales, machistas y misóginos que vivimos las mujeres, minimizándolos, coludiéndose e incluso justificándolos. De esta manera, podemos seguir mirando un marco legislativo insuficiente, un ejercicio de poder en contra de las mujeres y las familias de las víctimas de feminicidios por parte de las instituciones impartidoras de justicia, recursos escasos etiquetados para implementar política pública eficaz, especializada y de manera coordinada para modificar las conductas machistas y la violencia estructural que mantiene las desigualdades y vulnerabilidades que nos colocan en riesgo permanente de perder la vida a causa de las estructuras sociales que nos relega a ciudadanas de segunda; mujeres que a menudo son jefas de hogar, desempeñándose en condiciones laborales precarias, muchas veces son quienes sostienen a una familia entera, por lo que el impacto también es económico, dejando a su familia en condición de vulnerabilidad e incluso destruyendo a la familia, pues no siempre las abuelas o abuelos tienen la posibilidad de responsabilizarse de estas niñas y niños.
Además de la gran indiferencia y falta de sensibilización hacia los feminicidios por parte de las autoridades y también de una gran parte de la ciudadanía, quienes se han unido a movilizaciones y exigencias de otras tantas realidades y no a exigir el derecho a la vida de las mujeres, o el de vivir libres de violencia; se observa un gran número de medios de comunicación que siguen haciendo uso amarillista de los feminicidios, o que sus encabezados siguen promoviendo la justificación del hecho o responsabilizando a las mujeres.
Son necesarias todavía muchas acciones para dejar de normalizar las violencias feminicidas, generar un mecanismo que fiscalice el actuar de las autoridades de procuración de justicia, que las investigaciones se hagan con perspectiva de género, que haya un debido proceso para judicializar y sancionar a los culpables; así como generar los mecanismos para reparar a las familias víctimas de la violencia feminicida; no nos basta su “buena voluntad”, tampoco que firmen “compromisos” ya que es su obligación, pues como problemática social, continúa siendo uno de los desafíos más grandes de nuestra época, y mientras no se intervenga con la implementación de programas y planes sostenibles desde las políticas públicas, incluyendo la medición de su impacto con evaluaciones periódicas, no se podrá afirmar que se están logrando progresos reales hacia la búsqueda de la equidad social.
