Tlaxcala, Tlax.- Durante el mes de abril, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación del Estado (CCOM Tlaxcala), ha recorrido diversas zonas de la entidad para entregar el informe casa por casa el folleto “6203 nuevas grandes obras que transforman Tlaxcala”, con el propósito de difundir las acciones emprendidas por el gobierno de Lorena Cuéllar, centrando la narrativa principalmente en los llamados megaproyectos de infraestructura.
Estos recorridos buscan comunicar de manera directa a la población las acciones que ha realizado el actual gobierno. Dentro de esta estrategia, se destaca la importancia de que la ciudadanía acceda a información de “primera mano” y no se limite a lo difundido en los medios de comunicación, priorizando así el contacto directo con la población.
De acuerdo con el informe difundido, en la entidad se contabilizan 6 mil 203 nuevas obras, orientadas a sectores considerados prioritarios como salud, deporte, trámites administrativos, seguridad y bienestar social y que, en las primeras hojas del informe se afirma que “la nueva infraestructura […] no es sólo edificios o proyectos; son espacios que salvan vidas, protegen derechos, generan oportunidades y fortalecen la tranquilidad” de Tlaxcala.
No obstante, existen otros temas que el vocero de Gobernación podría informar a la población durante su jornada “casa por casa”, más allá de los megaproyectos enlistados en el documento. Se trata de asuntos de interés público que no han sido plenamente transparentados y que han marcado la administración actual en rubros como inseguridad, medio ambiente e infraestructura. Por ello, aquí se presentan ocho temas que Antonio Martínez debería incluir en este informe.
6 acontecimientos que el informe casa por casa omite informar en la entidad
1. Consecuencias ambientales en basurero a cielo abierto de Panotla y Huamantla
Uno de los ejes que ha priorizado el gobierno de Cuéllar Cisneros es la transición hacia un modelo de economía circular, anunciada en 2025 junto con el cierre de los tiraderos a cielo abierto de Panotla y Huamantla. Sin embargo, este proceso se llevó a cabo sin que se presentaran diagnósticos públicos sobre las posibles afectaciones ambientales y a la salud derivadas de la operación de estos sitios.
Pese a ello, el doctor Javier Gómez Maturano ha documentado desde 2019 las condiciones de operación del tiradero de Panotla y ha advertido, a partir de distintos estudios, la existencia de posibles vectores de contaminación asociados a estos espacios, información que incluso fue reportada directamente a la Secretaría de Medio Ambiente, lo que contrasta con la falta de información oficial sobre sus impactos.
“En Panotla, por ejemplo, la falta de cobertura provocó el escurrimiento de lixiviados hacia barrancas y posteriormente a un río utilizado para riego agrícola, evidenciando una cadena de contaminación ambiental y alimentaria”
Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino, reconoció que hasta diciembre de 2025 no se contaba con estudios que permitieran dimensionar las afectaciones ambientales y a la salud derivadas de estos tiraderos.
2. Detenciones sobre los tres narco-laboratorios en Tlaxco
En materia de seguridad, en enero de 2025 autoridades de los tres órdenes de gobierno resguardaron un inmueble en el predio conocido como “Rancho de Curandera”, ubicado en terrenos ejidales de San Antonio Atotonilco, municipio de Tlaxco. En el lugar se localizó un laboratorio con precursores químicos, un arma larga y 320 cartuchos de diversos calibres.
Para febrero del mismo año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el hallazgo de un segundo narco-laboratorio en el mismo municipio, el cual estaba destinado a la elaboración de anfetaminas. Meses después, en julio, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron un tercer laboratorio presuntamente vinculado con la producción de drogas sintéticas, lo que reforzó los indicios sobre la operación de este tipo de instalaciones en la región.
Estos tres casos evidencian un incremento en la presencia de redes delictivas vinculadas a la producción de estupefacientes en Tlaxco. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado con claridad quiénes operaban estos espacios, cuántas personas han sido detenidas ni cuáles han sido las consecuencias legales y sociales derivadas de estos hallazgos, lo que mantiene en incertidumbre el alcance real de esta problemática en la entidad.
3. Incendio en el cerro de San Gabriel evidenció graves daños ecológicos en Atltzayanca
Un incendio forestal que inició el 11 de abril en la comunidad de Libres, Puebla, se extendió hacia Tlaxcala y afectó cerca del 90% del cerro de San Gabriel, en Atltzayanca. Este hecho dejó al descubierto diversas irregularidades, que van desde la falta de atención oportuna para contener el siniestro hasta la existencia de intereses mineros e inmobiliarios sobre los predios afectados tras la quema.
Pese a la participación de más de 436 brigadistas de corporaciones como Protección Civil y la CONAFOR, el incendio no fue controlado sino hasta el 19 de abril, varios días después de su inicio. Durante ese periodo, surgieron señalamientos por una respuesta tardía de las autoridades estatales, en un operativo en el que incluso se utilizó el helicóptero “Malinche”.
El daño ecológico fue considerable, con una pérdida significativa de cobertura forestal que afectó especies como pino, encino y matorral, además de impactar directamente a la fauna que habitaba la zona. Días después, se difundieron imágenes de animales muertos y de otros que lograron huir en condiciones adversas, evidenciando la magnitud del desastre.
A ello se sumaron afectaciones en la calidad del aire por la emisión de humo derivado de la quema de pastizales, así como daños a viviendas en comunidades como Xaltitla y Las Cuevas. También se registraron impactos en el suelo, con procesos de erosión provocados por la pérdida de la capa fértil, lo que incrementa su vulnerabilidad ante la temporada de lluvias.
Pese a la magnitud de los daños ambientales y sociales, hasta ahora no se ha informado con claridad sobre las acciones emprendidas para la restauración del ecosistema ni sobre el presupuesto destinado a estas labores; asimismo, permanecen sin hacerse públicas las medidas que se implementarán para prevenir este tipo de incendios en el futuro.
4. Parque de la Juventud: entre irregularidades, una consulta cuestionada y falta de información oficial
Otra de las obras consideradas de primer nivel es la construcción de la Ciudad de la Juventud, un proyecto que contemplaba una inversión inicial de 122 millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año se dio a conocer que la obra no se realizaría, en medio de protestas ciudadanas, sin que hasta ahora se haya informado con claridad a qué dependencia o proyecto fue destinado ese presupuesto.
En este contexto, el colectivo ciudadano “Salvemos al Parque de la Juventud” ha denunciado una constante falta de transparencia, al señalar que las autoridades intentaron avanzar en el proyecto sin presentar un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ni un proyecto ejecutivo definitivo. A pesar de que en noviembre de 2025 se aseguró que estos documentos se darían a conocer en un plazo de 48 horas, hasta la fecha no han sido entregados.
Las inconsistencias también alcanzan el ámbito financiero y legal. De acuerdo con diversas fuentes, se habría otorgado un anticipo del 30% de la inversión a una empresa constructora desde octubre de 2025, sin que se conozcan con precisión las condiciones del proceso. Posteriormente, en febrero de 2026, se informó que el proyecto sería detenido y que los recursos serían redirigidos, aunque sin transparentar su nuevo destino.
A ello se suma la opacidad en torno a la consulta ciudadana, cuya legitimidad ha sido cuestionada. Mientras que en un primer momento se reportaron 929 respuestas sin acreditar su representatividad, posteriormente se afirmó que una nueva encuesta alcanzó 600 mil participaciones; sin embargo, tampoco se han hecho públicos los datos, la metodología ni los resultados detallados.
Desde el inicio, este proyecto ha estado marcado por una falta sistemática de información por parte de las autoridades, evidenciando vacíos en los ámbitos jurídico, ambiental, social y político que, hasta ahora, permanecen sin resolverse.
5. 74 vuelos sin explicación del helicóptero “Malinche” en la actual administración
En enero de este año, Escenario Tlaxcala dio a conocer los vuelos realizados durante 2025 por el helicóptero “Malinche”. A pesar de que el gobierno estatal ha sostenido que su uso se limita a tareas de seguridad y salud, el equipo de Escenario Tlx documentó, a través de plataformas como Flightradar24 y FlightAware, al menos 99 vuelos hacia la Ciudad de México. De estos, únicamente 25 corresponden a dichas funciones, mientras que 74 trayectos permanecen sin una justificación clara.
Tlaxcala cuenta con dos helicópteros: el “Tlahuicole”, donado en 2006, y el “Malinche”, adquirido en 2008, cuyo uso ha sido objeto de cuestionamientos. Con la llegada de Lorena Cuéllar al Poder Ejecutivo en septiembre de 2021, se anunció que ambas aeronaves se destinarían exclusivamente a labores de seguridad y salud, compromiso que fue formalizado en 2022.
No obstante, en respuesta a solicitudes de transparencia, el Comité de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las bitácoras de vuelo y los costos de operación se encuentran clasificados como información reservada, lo que impide conocer detalles sobre su uso y el gasto público asociado.
En enero de 2026, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo, atribuyó estos vuelos a labores de mantenimiento y a traslados por emergencias médicas durante el Diálogo Circular. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el presupuesto destinado a dichas tareas, señaló no contar con esa información. Hasta ahora, estas explicaciones no permiten esclarecer el destino ni la finalidad de los 74 vuelos restantes, que continúan sin transparencia ni rendición de cuentas.
6. Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento demuestro conflicto territorial y expone grietas en la gobernabilidad local
La construcción de la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento forma parte de los proyectos incluidos dentro de las 6 mil 203 obras anunciadas por el gobierno estatal. En el informe, esta obra destaca no solo por su magnitud, sino por haberse convertido en el centro de un conflicto territorial que ha reavivado tensiones entre los municipios de Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan, además de evidenciar fisuras en la gobernabilidad local.
El proyecto, que busca consolidarse como uno de los principales espacios para el desarrollo cultural en la entidad, ha generado controversia por su ubicación y por la falta de acuerdos entre autoridades municipales. Hasta ahora, no ha habido voluntad política suficiente para determinar con claridad si el predio corresponde a Yauhquemehcan o a Amaxac.
En este contexto, tanto Mauricio Pozos Castañón, de Amaxac, como David Vega, de Yauhquemehcan, no han logrado esclarecer la disputa, lo que ha contribuido a escalar el conflicto. A la par, ciudadanos han señalado la ausencia de una estrategia clara para contener la tensión social. Aunque se ha mencionado la realización de una consulta ciudadana, no existe certeza ni evidencia pública sobre si esta se llevó a cabo, lo que mantiene dudas sobre su existencia, alcance y resultados.
Si bien se han instalado mesas de diálogo, en las comunidades persiste un deterioro del tejido social, marcado por la desconfianza y la polarización entre habitantes.
El informe distribuido casa por casa documenta apenas el 3.18% de las obras anunciadas. Aunque el encabezado presume la construcción de 6 mil 203 proyectos, el contenido solo detalla 197 obras y menciona ocho más previstas para iniciar en 2026.
En paralelo, se identifican obras en distintas etapas de ejecución: algunas en fase final, como el puente de Chiautempan —con conclusión prevista para julio de 2026— y la remodelación del recinto ferial, proyectada antes de la festividad de octubre; mientras que otras continúan en proceso o sin una fecha clara de finalización.
También te puede interesar: Aguas negras de Mazatecochco afectan a Papalotla y agravan crisis de la cuenca Atoyac; ¿Qué dicen los ediles?
