Tlaxcala, Tlax. El pasado octubre del 2019 ciudadanos denunciaron a la presidenta municipal de San Lorenzo Axocomanitla Martha Palafox Hernández por supuestos casos de falsificación, despojo y fraude de más de 34 millones de pesos, por lo que este día autoridades congresistas solicitaron en un lapso de 7 días a los denunciados presentarse para conocer el expediente de juicio político que procede en su contra, así como para presentar sus pruebas.
El congreso del Estado de Tlaxcala este lunes 9 de marzo estableció el derecho de audiencia que por ley tienen los servidores públicos acusados en Axocomanitla, audiencia en la que podrán conocer el expediente con las acusaciones y pruebas en su contras, así como el proceso de juicio político a investigar.
La comisión Instructora de Juicio Político, Declaraciones de Procedencias, Desafuero y Responsabilidad de Municipios del Congreso del Estado está encabezada por el Diputado José María Méndez Salgado.
Mientras que de los servidores que se encuentra dentro del proceso de juicio político están el Síndico, Segundo y Cuarto Regidor de San Lorenzo Axocomanitla, José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Daniel Meneses Tuxpan y Guísela Flores Tuxpan, respectivamente.
Así como Yuridia Zamora Hernández, Isela Flores Ajuech y Víctor Hugo Espinoza Escobar, en su carácter de presidenta, tesorera y regidores, respectivamente y la presidenta municipal Martha Palafox Hernández.
De acuerdo con Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Para el Estado de Tlaxcala los acusados una vez conociendo su expediente contaran con otros 7 días hábiles para comparecer personalmente o por escrito, para designar a su defensor, señalar domicilio para ser notificado y realizar cualquier manifestación que considere necesaria, así como mostrar cualquier prueba a su favor.
Una de las principales causales para la procedencia del juicio político en contra de la servidora pública y su administración, son con las pruebas presentadas por ciudadanos del municipio donde acreditan que el predio denominado “Tapia” les pertenece a ellos ya que fue adquirido con recursos de los ciudadanos que se organizaron para comprar dicho inmueble y ahí realizar un espacio deportivo.
Sin embargo, según las mismas pruebas la presidenta municipal altero documentos públicos ejerciendo el uso ilícito de dicho predio, haciendo posesión del inmueble para utilizarlo a su conveniencia.
De consumarse dicho juicio político podría ser el primero que se suscita en el Estado de forma legal y los acusados podrían pagar condenas de hasta 20 años de prisión.
