Tlaxcala, Tlax. La comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura local propuso al Pleno Legislativo la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de incluir la perspectiva de género, el respeto de los derechos humanos y medidas para erradicar el acoso y la violencia sexual en el sistema educativo.
Las cinco diputadas que integran la Comisión iniciadora señalaron que es necesario armonizar las leyes locales en materia de derechos humanos de las mujeres para garantizar la igualdad sustantiva y “dotar a la sociedad tlaxcalteca de un marco jurídico para una educación de cobertura suficiente y de calidad con perspectiva de género”.
La propuesta busca incorporar la categoría de “genero” a la Ley de Educación que ayudará a comprender y analizar los comportamientos y formas de pensar tradicionalmente atribuidos a los roles de género.
“Buscamos establecer no solo la igualdad formal sino la igualdad sustantiva, la modificación de las circunstancias que impiden a las mujeres el acceso pleno de sus derechos, establecer medidas afirmativas en el sector educativo y acabar con el acoso y la violencia sexual al interior de las instituciones. Buscamos además que la educación se imparta con perspectiva de género y no discriminación, que otorgue las mínimas oportunidades de igualdad para que mujeres y niñas no sean excluidas. Si bien la educación es un factor determinante para la adquisición de conocimientos, también debe serlo para la adquisición de valores libres de estereotipos para el fortalecimiento de la igualdad genérica y no discriminación”, refirieron las diputadas Guadalupe Sánchez Santiago (PAN), Sandra Corona Padilla (PANAL), Aitzury Sandoval Vega (PVEM), Floria Hernández Hernández (PRD) y Yazmín del Razo Pérez (independiente) durante la exposición de motivos.
La iniciativa propone reformar 15 artículos de la Ley de Educación y adicionar un capítulo Primero Bis “Sobre los derechos de los educandos” para que sea un derecho de los y las alumnas el de conocer oportunamente los criterios de evaluación y sus resultados parciales y finales; asimismo, se podrá solicitar la revisión del resultado por parte de un cuerpo colegiado a fin de evitar que las calificaciones sean un medio de presión que utilicen los maestros para acosar o someter a las alumnas.
El personal docente, alumnos y padres de familia tendrán la obligación de presentar la denuncia cuando tengan conocimiento de que un educando vive violencia, acoso o abuso sexual; además se propone el respeto al derecho a la seguridad física, psicológica y a la dignidad en las escuelas públicas y privadas.
En caso de que funcionarios de las escuelas no denuncien los casos de violencia sexual, acoso o discriminación, se les impondrá infracciones por no dar aviso de esas prácticas.
Los ayuntamientos estarían obligados a estimular y coordinar la realización de programas de salud, prevención de las adiciones y el alcoholismo, y campañas para prevenir la violencia de género y propiciar, junto con el sistema educativo, los procesos de socialización para el desarrollo de la autonomía y el respeto de las mujeres.
La propuesta fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.
