Tlaxcala, Tlax.- La Red Nacional de Abogadas Indígenas-Puebla realizó una transmisión en vivo el pasado 11 de agosto para exponer el caso de Saúl Rosales, originario de Tlalcuapan y privado de la libertad desde hace más de tres años, en donde la licenciada Andrea del Centro PRODH, Yuteíta de la Red de abogadas indígenas y Joaquín Sánchez de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla; aportaron información para el seguimiento del caso de Don Saúl.
Distintas organizaciones, activistas, familiares y amigos de Saul Rosales han mantenido manifestaciones pacíficas para que su caso sea absuelto. Pues desde el momento de su detención hubo irregularidades que a pesar de ser presentadas con sustento jurídico, no han hecho efecto al caso.
En este sentido, integrantes de la Red señalaron que en el momento de su detención no se le garantizó el derecho a una defensa adecuada.
Se explicó que la acusación en su contra surgió a partir de un conflicto en su comunidad, y que en el proceso no se consideraron testimonios que podían favorecerlo. Señalando que el verdadero motivo por el que lo detuvieron fue por la laborar que realizaba, restaurar La Malintzi.
“Hay personas que estuvieron presentes y que pudieron declarar a su favor, pero no fueron llamadas por el juez”, señó la Red
En la revisión del caso, la Red también detectó omisiones en la valoración de pruebas al no tomar en cuenta peritajes y evidencias que muestran inconsistencias en la versión de los hechos que lo implican.
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Y a pesar de demostrar su inocencia, fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión por un linchamiento suscitado en la comunidad; lo cual ha afectado a su familia.
“Han sido 3 años de estar luchando, de ir y venir, y sin que nos den una respuesta justa”, comentó doña Alicia
Como resultado, la hija de Don Saúl dejó la universidad para solventar los gastos de la casa, y su hija la menor, concluyó su vida estudiantil al terminar la preparatoria y adquirir los gastos económicos.
El contexto de la sentencia de Saúl Rosales corresponde en parte, a la polarización de comunidades indígenas que son violentadas social y ecológicamente. Cabe recalcar que de acuerdo con la Red, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 4300 sentencias de diciembre del 2023 a noviembre del 2024, de las cuales únicamente entre cinco y siete sentencias hablaron sobre derechos indígenas de manera explícita.
Finalmente, Red Nacional de Abogadas Indígenas-Puebla informó que continuará con el acompañamiento legal y social del caso. Siendo el próximo 29 de agosto la fecha en la que el tribunal colegiado dé respuesta de la próxima junta del 4 de septiembre para determinar en qué sentido viene la sentencia.
