El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca ha sido señalado por presuntamente interferir en el proceso judicial de Jazmín N., víctima de desaparición y muerte el pasado 10 de agosto de 2023, impidiendo el acceso a la justicia para sus familiares. Esta acusación fue expuesta en una rueda de prensa organizada por el movimiento «Exigimos justicia y poder», donde participaron los padres de la víctima, el activista Efrén López, fundador de la Red Estatal de Víctimas en Tlaxcala, y Laura N., víctima de violación.

Durante la conferencia, los padres de Jazmín N. denunciaron que, a casi dos años de la desaparición y muerte de su hija, el caso permanece en la impunidad. A pesar de contar con evidencia suficiente para que el responsable sea sometido a juicio, no se ha asignado un juez ni un tribunal para llevar a cabo el proceso. Además, mencionaron la aparición del nombre del diputado Caballero Yonca en el expediente, sin relación aparente con el caso, lo que consideran un posible obstáculo para la impartición de justicia.

«Le exigimos que saque las manos de este caso para que se nos imparta justicia»,

manifestaron los padres de Jazmín, haciendo un llamado al Poder Judicial y a la gobernadora del estado para que se asignen nuevos jueces que resuelvan el caso, ante el temor de que el culpable quede en libertad en los próximos meses.

En la misma rueda de prensa, Laura N., quien fue víctima de violación en 2018, relató que tras siete años de lucha, su proceso legal ha sido interrumpido en cuatro ocasiones, resultando siempre en sentencias absolutorias para su agresor. Según el Poder Judicial, «no existió delito porque no se consumó el acto», una declaración que ha dejado a Laura en un estado de indefensión.

«El Poder Judicial me ha negado la justicia», expresó Laura, subrayando la falta de sensibilidad y compromiso de las autoridades en la atención a las víctimas.

Por su parte, Efrén López señaló que las autoridades suelen presionar a las víctimas para aceptar procesos abreviados, tergiversar información verídica y desestimar agravantes que podrían llevar a sentencias condenatorias. Afirmó que el sistema judicial prioriza los derechos humanos de los delincuentes sobre los de las víctimas y sus familias.

Finalmente, Yeni Charrez, integrante del movimiento «Exigimos justicia y poder», criticó la asignación de cargos públicos a personas sin las competencias necesarias, como el caso del chofer de la gobernadora, propuesto como candidato a juez. También anunció que el próximo 8 de marzo se llevará a cabo una movilización bajo el lema: «No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio».