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La reforma al Poder Judicial que entró en vigor tras las elecciones del 1 de junio de 2025 no solo reconfigura cargos, también amenaza con reiniciar procesos legales en curso, aplazando resoluciones urgentes y perpetuando injusticias. El caso de Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, es un ejemplo de ello.
Chiautempan, Tlax. Saúl Rosales Meléndez, defensor del bosque y autoridad comunitaria, fue sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no cometió. El 24 de marzo de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala lo declaró culpable de homicidio calificado por su presunta participación en un linchamiento ocurrido en abril de 2022, cuando fungía como presidente de comunidad en Tlalcuapan, cargo otorgado bajo el sistema de usos y costumbres. Hoy, su situación legal pende de un hilo, ya que el equipo jurídico que lo acompaña dejará de operar el último día de agosto de este año, tras las elecciones al Poder Judicial.
Durante una manifestación pacífica realizada el pasado 14 de julio llevada a cabo en Ciudad Judicial—a tres años de su detención—, familiares y amigos reiteraron la exigencia de libertad para Saúl Rosales Meléndez. En ese contexto, Neftaly Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y representante legal de Rosales, señaló que la sentencia fue dictada sin considerar principios fundamentales como los derechos humanos y la perspectiva intercultural, elementos que —afirma— eran indispensables, dado que Saúl ejercía un cargo como autoridad comunitaria indígena reconocido bajo el sistema de usos y costumbres.
Tras la sentencia, el equipo jurídico de Saúl Rosales interpuso en diciembre de 2024 un amparo directo, con el objetivo de que su caso fuera revisado a nivel federal, como último recurso para impugnar la condena. Según Jacobo Rosales, hermano del Saúl, la defensa se vio obligada a acudir a instancias federales debido a las múltiples irregularidades que se presentaron durante el proceso judicial en Tlaxcala.
No obstante, han pasado más de siete meses y el Segundo Tribunal Colegiado —responsable de resolverlo— aún no emite una sentencia. De no hacerlo antes de septiembre, el cambio de magistraturas producto de la reciente elección judicial obligará a reiniciar el análisis desde cero, lo que implicaría atrasar aún más la liberación de Saúl Rosales.
Al respecto, el licenciado Neftaly Pérez externó:
«Es como si los nueve meses desde que se presentó el amparo directo no hubieran servido de nada. Es condenarlo a seguir en prisión de manera injusta»
Ante este contexto, sostuvieron una reunión con el magistrado ponente Francisco Ballesteros, quien se comprometió a presentar el proyecto de sentencia antes de que concluya agosto, a fin de que el tribunal —compuesto por tres magistraturas— pueda sesionar y votar a tiempo.
Para Neftaly Pérez, la reforma al Poder Judicial representa una amenaza directa para las personas privadas de la libertad, ya que los cambios de magistraturas derivados de las elecciones podrían alargar injustificadamente los procesos judiciales. Esto implica prolongar la reclusión de personas que no deberían estar en prisión, como es el caso de Saúl Rosales, o mantener en espera a quienes aún no reciben una sentencia definitiva.
Para el caso de Tlaxcala, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dio a conocer al cierre de diciembre de 2024 que el 66.6 % de las personas privadas de la libertad en Tlaxcala no contaban con una sentencia.
A esto se suma que, de acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F) 2024 del INEGI, el 54.8 % de las personas sin sentencia en la entidad se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, lo que implica que las personas acusadas de ciertos delitos considerados graves sean privadas de su libertad de forma automática, sin que un juez evalúe de manera individual si existen razones suficientes para mantenerlas en prisión mientras enfrentan su proceso.
Frente a este contexto, familiares y pobladores de Tlalcuapan han iniciado una campaña pública para exigir justicia y la liberación de Saúl Rosales, con la esperanza de que no pase un año más en prisión por un delito que, aseguran, no cometió.
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