Tlaxcala, Tlax.- Sandra Arana Aguilar, médica cirujana tlaxcalteca de 39 años de edad, enfrenta desde hace más de cinco años un proceso penal por secuestro agravado en Zacatecas, mientras organizaciones civiles, familiares y su defensa sostienen que fue víctima de detención arbitraria, tortura y tortura sexual durante su captura en Tlaxcala.
Actualmente permanece privada de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, bajo la causa penal 731/2020, sin que hasta ahora exista una sentencia en su contra, aunado a esto, el pasado 28 de mayo inició el juicio oral, una etapa que se encuentra próxima a resolverse.
De una detención en Tlaxcala a un proceso por secuestro en Zacatecas
De acuerdo con la información difundida por su familia y organizaciones acompañantes, Sandra Arana fue detenida el 25 de agosto de 2020 mientras viajaba en su vehículo junto con su entonces pareja. La aprehensión fue realizada por personas armadas vestidas de civil que no se identificaron ni presentaron una orden de captura. Posteriormente, Sandra supo que se trataba de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Tras su detención, se le inició un proceso penal por el delito de extorsión en Tlaxcala, el cual pudo enfrentar en libertad. Sin embargo, al momento de obtener su liberación condicional fue nuevamente detenida debido a una orden de aprehensión emitida por un juez de control de Zacatecas por el delito de secuestro agravado.
Desde el 2 de septiembre de 2020 fue trasladada a esa entidad y permanece recluida mientras se desarrolla el proceso judicial. Los defensores argumentaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solicitó una pena de hasta 90 años de prisión pese a que, afirman, no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en el delito.
Durante el juicio oral, la defensa ha cuestionado los elementos presentados por la Fiscalía para relacionarla con los hechos. Entre ellos se encuentra un dispositivo móvil que, sostienen, no pertenece a Sandra Arana y que además fue asegurado en el contexto de la detención que posteriormente fue señalada como arbitraria.
Mientras tanto, en mayo de 2025, el proceso penal por extorsión que enfrentaba en Tlaxcala concluyó sin que se encontraran pruebas en su contra.
Sandra Arana denuncia tortura y tortura sexual por parte de autoridades policiales
Además de enfrentar el proceso penal, Sandra Arana denunció haber sido víctima de violencia por parte de los agentes que participaron en su captura. Su testimonio asegura que tras ser obligada a subir al asiento trasero de su propio vehículo fue amenazada de muerte, golpeada, despojada de sus pertenencias y cubierta para impedir que identificara el lugar al que sería trasladada.
Posteriormente fue llevada a un baño donde, de acuerdo con la denuncia, varios hombres ejercieron actos de tortura y tortura sexual en su contra.
Dos años después de los hechos, en junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas emitieron un dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, en el que concluyeron que existe fundamentación para afirmar que Sandra sufrió tortura a manos de elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala.
Más tarde, en noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, en la que acreditó graves violaciones a los derechos humanos durante su detención.
El caso también ha sido documentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado la denuncia por tortura y tortura sexual y cuyos hallazgos fueron incorporados al proceso penal.
Ante la inminente resolución del juicio oral, familiares, defensores y organizaciones civiles hicieron un llamado al Poder Judicial de Zacatecas para que el caso sea analizado con perspectiva de género y se evite la revictimización de Sandra Arana.
A decir de la defensa, las pruebas presentadas durante el juicio no son suficientes para sostener la acusación en su contra, por lo que solicitaron que se dicte una resolución que le permita recuperar su libertad después de más de cinco años de prisión preventiva.
«He luchado muchos años por mi libertad. Soy una mujer que lleva más de cinco años presa sin una sentencia, he tratado de agotar todos los recursos que tengo para mostrar mi verdad, para mostrar que realmente soy inocente», expresó Sandra Arana.
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