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Política

Tlaxcala con un sistema de justicia de los peores calificados

Tlaxcala, Tlax. El documento Hallazgos 2017, seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, posicionó a Tlaxcala entre los estados peores calificados, no sólo porque invierte poco en estrategias de seguridad pública, además, no capacita a su sistema de justicia penal acusatorio y tiene el menor número de Ministerios Públicos.

La publicación realizada por México Evalúa, Centro de Evaluación de Políticas Públicas y Friedrich Naumann Stiftung Für Die Freiheit, advirtió que Tlaxcala se posicionó en antepenúltimo lugar de los estados que más invierten recursos públicos para concretar las estrategias de seguridad pública.

Lo anterior, porque la entidad tlaxcalteca recibe del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 118 millones, 887 mil 848 pesos, mientras que el gobierno local sólo invirtió 29 millones, 721 mil, 962 pesos, convirtiéndole en uno de los tres estados con menor recurso público de los dos órdenes en el país.

Asimismo, el informe dio a conocer que Tlaxcala no reportó haber capacitado a los integrantes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, colocándole en ese pequeño grupo de estados a los que pertenecen también Puebla, Chiapas, Aguascalientes, Morelos, Chihuahua y Nayarit.

Además, Tlaxcala destaca como el estado que menos Ministerios Públicos pone a disposición de su población, pues sólo tiene 2.4 por cada 100 mil habitantes y .4 facilitadores por la misma cantidad de tlaxcaltecas. Una vez más, el estado negó información pues no dio a conocer con cuántos policías de investigación cuenta.

También, es el estado con menor número de defensores: .8 por cada 100 mil habitantes, así como el segundo estado con menos jueces de control, pues asciende a .6 entre la misma muestra poblacional. Cabe destacar que el estado no cuenta con datos de la cantidad de asesores de víctimas ni jueces de ejecución.

Otro dato preocupante es lo concerniente a la especialización de los integrantes de las instituciones de justicia, pues para la Secretaría de Seguridad Pública y la Defensoría Pública, la ley tiene previsto que sus funcionarios cuenten con carrera judicial y servicio profesional de carrera y sin embargo, no se aplica.

En tanto que en el Poder Judicial y la Procuraduría ni siquiera está previsto el servicio profesional de carrera, como tampoco la carrera judicial para los funcionarios, con ello, se concluye que en el estado, incluso aunque la ley establezca la formación de los integrantes de las instituciones de justicia, se omite obedecerle.

Mucho incide el estado en negar las solicitudes de información, pues el informe también acusa que Tlaxcala no brindó respuesta ante el cuestionamiento respecto a si su poder judicial y su procuraduría utilizan en la actualidad algún sistema informático.

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