- De 138 Plantas Tratadoras de Agua Residual (PTAR), sólo 15 plantas funcionan en la entidad; en 45 años se han invertido $10,895,626,166.38 para acciones entorno al Río Zahuapan pero sin políticas públicas claras.
- Actualmente, la reingeniería de una PTAR tienen un costo de $180 millones de pesos y una durabilidad de 20 años.
Desde hace 45 años el Río Zahuapan ha tenido una inversión de $10,895,626,166.38 (Diez mil ochocientos noventa y cinco millones seiscientos veintiséis mil ciento sesenta y seis pesos) para el saneamiento, encauzamiento, desfogue de residuos domésticos, Plantas Tratadoras de Agua (mantenimiento-operatividad) e investigación del río. Sin embargo, hasta la fecha la contaminación continúa en el Zahuapan tras la falta de políticas públicas hacia empresas contaminantes.
Tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlaxcala el pasado 14 de febrero, donde supervisó diversas obras y revisó, junto con el gobierno estatal, el proyecto de saneamiento del río Zahuapan, la gobernadora Lorena Cuéllar informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó para este año una inversión de mil millones de pesos destinada al saneamiento del río Zahuapan en la zona de Apizaco al señalar la atención prioritaria en el municipio debido a altos índices de insuficiencia renal.
Además, invitó a la ciudadanía a no arrojar basura, llantas, colchones u otros desechos al río, así como impedir descargas residuales clandestinas. Sin embargo, desde la emisión de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (1994) hasta la inversión de millones de pesos, no se ha logrado evitar la contaminación en el río Zahuapan.
La intervención gubernamental moderna en el río Zahuapan comenzó con la administración de Tulio Hernández Gómez de 1981 a 1987. Durante este periodo, el desafío en el río era la planeación urbana y seguridad civil tras las inundaciones recurrentes que significaba peligro para el crecimiento de la mancha urbana, lo que llevó a la realización del Proyecto de Desarrollo Turístico del Río Zahuapan en 1983, con una inversión de 289 millones de pesos.
Las autoridades estatales anunciaron la urbanización de la zona ribereña en los tres kilómetros del proyecto y su rescate de la contaminación. A la par, también se construyó un sistema de drenaje colector de lado derecho del río, el estudio de viabilidad de agua potable y regeneración urbana en los márgenes del Zahuapan. Aunado a ello, en su administración, 168 empresas se instalaron en el Estado, comenzando con nuevas formas de empleo y cotidianidad.
Durante la administración de Beatriz Paredes en Tlaxcala (1987-1992), las acciones en el Río Zahuapan se centraron en la gestión de residuos sólidos, destacando la transferencia del relleno sanitario Tonsil (Panotla) a cargo del gobierno estatal en 1991 para su administración, buscando mitigar el impacto ambiental en la zona.
Además del mantenimiento a 9 PTAR con una inversión de $8,056.5 millones de pesos como parte del Presupuesto de Desarrollo Social, y la instalación de 116 empresas lo que significó el cambio de una economía rural a manufacturera y con ello, los corredores industriales.
En la administración de José Antonio Álvarez Lima (1993-1999), los trabajos se centraron en la creación de espacios públicos en las riberas del río y cambios institucionales como Parque Artesanal Lineal Río Zahuapan. Al inicio de su gestión, desapareció la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala (CAPAET).
Sin embargo, creó la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala para la prevención y la responsabilidad compartida del medio ambiente, y la regulación de las descargas de contaminantes en el río así como sus sanciones para las industrias infractoras.
Se establecía que la forma más eficaz de proteger el ambiente era evitar el daño antes de que ocurriera. Dando origen a los primeros mecanismos de Impacto Ambiental en el estado. Sin embargo, este principio se aplicó a las nuevas construcciones que a las industrias.
Posteriormente, en la administración de Alfonso Sánchez Anaya, se reformó la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que el estado y los municipios colaboraran en la localización de terrenos para infraestructura ambiental y sistemas de tratamiento.
Y se impulsó el proyecto FOMIX TLAX-2004-C03-27, para el análisis espacio-temporal de los contaminantes del río Zahuapan, con una inversión de $557,000.00 pesos para identificar las fuentes de degradación por actividades industriales y agropecuarias.
El incremento de la inversión a plantas de tratamiento de aguas residuales se dio durante la administración Hector Ortíz (2005-2011). Donde se invirtieron $84 millones de pesos para la construcción de las PTARs en Tlaxco, Xicohtzinco y San Pablo del Monte.
Además, impulsó la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala el cual incluye un apartado específico para sancionar el incumplimiento de las normas ambientales, aunque con distinciones sobre la jurisdicción de los mantos acuíferos.
La ley estatal de Ortiz Ortiz se enfocó en sancionar a las industrias que vertían residuos prohibidos en las redes municipales de alcantarillado sin tratamiento previo, dejando las descargas directas al cauce federal bajo vigilancia de la federación (Profepa/Conagua). Aunado a ello, estas leyes no respondieron a crear los mecanismos financieros y técnicos para que los municipios pudieran sostener el costo de la energía eléctrica y su mantenimiento.
Para la administración de Mariano González Zarur (2011-2017) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017, donde organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés y Coordinadora por un Atoyac con Vida, habían documentaron las causas de la contaminación en el río y enfermedades crónico-degenerativas en los pobladores de Tlaxcala.
González Zarur continuó con la apuesta a las PTARs como una política de construcción y no de saneamiento al río Zahuapan con una inversión de $286 millones de pesos para la reingeniería de la planta San Hipólito Chimalpa y la Planta «Apizaco B».
En 2017-2021, Marco Antonio Mena Rodríguez invirtió $160 millones de pesos iniciales para el rescate del río Zahuapan, enfocada en la construcción y rehabilitación de infraestructura tratadora.
Para 2022 se programó una inversión de 106 millones de pesos para el saneamiento del río Zahuapan, de los cuales 97% será destinado a colectores de agua y plantas tratadoras de aguas residuales.
Actualmente, y tomando como ejemplo el Manifestación de Impacto Ambiental de la PTAR de Atlamaxac, la reingeniería de una PTAR tiene una vida útil proyectada de 20 años para los nuevos proyectos de infraestructura hídrica, y una inversión que asciende a los $180 millones de pesos.
Eduardo Andrés Galván Torres, director general del Organismo de Cuenca del Balsas, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo durante una participación en el Foro Regional sobre la Cuenca del Alto Atoyac en octubre de 2022, que la inversión millonaria en plantas de tratamiento resulta paradójica siendo que de las 118 plantas de tratadoras instaladas en la cuenca del río Atoyac (en 2022), el 52% no operaba. Además, las que sí están funcionando tienen una capacidad de 4 mil 819.37 litros por segundo, pero sólo están tratando el 87%.
Por su parte, Alejandra Méndez colaboradora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha mencionado que la mayoría de plantas tratadoras son para residuos biológicos y no para residuos industriales. De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, parte de estas problemática se debe a las actividades económicas que han cambiado los ecosistemas naturales.
«DURANTE ESTOS AÑOS, EN EL ESTADO SE HAN ASENTADO MILES DE EMPRESAS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE SE HAN CONVERTIDO, JUNTO CON LA AGRICULTURA, EN LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO. ESTE CAMBIO EN LA
COMPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS HA GENERADO, ADEMÁS DE UN
IMPULSO IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA URBANIZACIÓN EN LA ENTIDAD,
UNA FUERTE PRESIÓN Y EFECTOS IMPREVISTOS Y NO DESEADOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS NATURALES, LA POBLACIÓN, LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES Y LOS CUERPOS Y CORRIENTES DE AGUA DE NUESTRO ESTADO».
Leyes ambientales que deberían aplicarse en el Estado
A pesar de que existen leyes a nivel federal y estatal, investigaciones como «Saneamiento en ruinas» señalan que la corrupción y la falta de presupuesto para vigilancia operativa en las descargas del Río Zahuapan aún son obstáculos para que las sanciones se apliquen a las empresas infractoras.
Tras la creación de la primera Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, también han habido otras 3 leyes:
-
Ley de Cambio Climático (Lorena Cuéllar):
Se involucra de forma indirecta a través de la adaptación, si un río contaminado emite gases de efecto invernadero (metano por descomposición orgánica) y destruye ecosistemas que regulan la temperatura.
-
Ley de Residuos
Prohíbe y regula plásticos de un solo uso y la gestión de rellenos sanitarios, en ese sentido, muchos de los lixiviados (líquidos tóxicos de la basura) y plásticos terminan directamente en el cauce del Zahuapan por mala disposición.
-
Ley de Áreas Naturales Protegidas
Muchas de las zonas donde nace el agua que alimenta al Zahuapan (como la zona de la Malinche o áreas boscosas) necesitan protección estricta. Si el origen del agua está protegido y el suelo está sano, el río tiene una mayor capacidad de «autolimpieza» o filtración natural. Por lo que esta ley busca prevenir que la mancha urbana e industrial siga devorando las zonas de recarga que alimentan la cuenca.
Sin embargo, estas leyes no señalan soluciones para que las industrias no contaminen el río Zahuapan, sino que únicamente las sancionan. Aunque estas leyes existen, el Zahuapan sigue bajo la Recomendación 10/2017 de la CNDH. Esto significa que, más allá de las leyes estatales, existe una obligación federal para garantizar los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano para los habitantes de la región.
