• Aunque Tlaxcala cuenta con una ruta interinstitucional para atender embarazos en menores de 15 años, el SEDIF no informó cuántos de los casos registrados en 2025 activaron medidas de protección o cuentan con un plan de restitución de derechos.

Tlaxcala, Tlax.- En 2025, al menos 64 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Tlaxcala, de acuerdo con registros del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud del Estado. Aunque el estado cuenta con una ruta interinstitucional para atender embarazos en menores de 15 años, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) no precisó cuántos de estos casos activaron una ruta de protección por posible violencia sexual.

El dato fue planteado por Escenario Tlaxcala durante la presentación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Atención y Prevención de Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaxcala y Uruguay, realizada este martes en el patio central de Palacio de Gobierno.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como intercambiar experiencias y buenas prácticas entre ambos países. Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre qué ocurrió con las niñas menores de 15 años que fueron madres durante 2025, las autoridades no proporcionaron una cifra sobre cuántos casos activaron la Ruta NAME ni cuántos cuentan con un plan de restitución de derechos.

En el encuentro participaron la directora general del SEDIF Tlaxcala, Flor de María López Hinojosa; Carlos Acosta Montoya, director general de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ciencia y Tecnología; y Martín Clavijo, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), quienes expusieron los alcances de esta iniciativa de cooperación internacional.

Durante la rueda de prensa, Escenario Tlaxcala cuestionó a las autoridades sobre cuántos de los 64 casos registrados activaron una ruta de protección por posible violencia sexual y qué cambios concretos contempla el proyecto para garantizar que una niña menor de 15 años que llega embarazada a una institución de salud no reciba únicamente atención médica, sino que se investigue el origen del embarazo y se garanticen sus derechos.

SEDIF asegura que existe una ruta, pero no precisa cuántos casos fueron atendidos

Durante el cuestionamiento realizado por Escenario Tlaxcala, Rubén Fernando Hernández Mejía, jefe de la Oficina de Protección y Asistencia Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, explicó que Tlaxcala cuenta con un esquema interinstitucional para atender estos casos, en el que participan el sector Salud, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial.

Hernández Mejía señaló que la entidad implementa desde hace tiempo la Ruta NAME, denominada “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años”, la cual contempla la activación inmediata de una alerta cuando se detecta que una niña o adolescente menor de 15 años está embarazada.

El funcionario explicó que la atención debe ser prioritaria e inmediata, particularmente cuando se identifica que el embarazo es resultado de una relación sexual con una persona adulta, debido a que puede configurarse la presunción de un delito y una posible situación de violencia sexual.

“Cuando esta niña menor de 15 años fue embarazada por un adulto, se constituye de manera inmediata esta atención que debemos de tener en todo el sistema de protección”.

De acuerdo con Hernández Mejía, el personal de salud es uno de los primeros actores en identificar estos casos y, una vez detectado el embarazo, debe activar la ruta para garantizar que la menor no reciba únicamente asistencia médica, sino también protección integral.

La ruta contempla además analizar el contexto en el que ocurrió el embarazo para determinar las acciones correspondientes. El funcionario explicó que deben diferenciarse los casos ocurridos entre adolescentes de aquellos en los que está involucrada una persona adulta, con el propósito de evitar procesos de revictimización y, cuando corresponda, atender el hecho como un posible delito.

Hernández Mejía sostuvo que la Ruta NAME “es algo que ya se está logrando” en Tlaxcala y destacó que la Procuraduría de Protección trabaja en protocolos más amplios para que la intervención institucional no se limite a la apertura de una carpeta de investigación.

En este sentido, afirmó que para la Procuraduría de Protección el objetivo es “saber cómo vamos a llevar de la mano” a las infancias y restituirles sus derechos. Agregó que uno de los puntos centrales será establecer un plan de restitución de derechos para cada niña, niño o adolescente cuya integridad haya sido vulnerada, a fin de determinar las medidas necesarias para su protección y atención integral.

No obstante, al ser cuestionado sobre cuántos de los 64 casos registrados en 2025 activaron una ruta de protección por posible violencia sexual, el funcionario no precisó la cifra ni proporcionó mayores detalles al respecto.

Tlaxcala reconoce falta de información homologada para detectar riesgos

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Atención y Prevención de Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Tlaxcala y Uruguay se desarrolla mediante una cooperación bilateral entre México y Uruguay, con la participación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala y el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU).

La iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como intercambiar experiencias y buenas prácticas entre ambos países.

Por su parte, Flor de María López Hinojosa, titular del SEDIF, destacó que Tlaxcala pasó de contar con tres equipos multidisciplinarios que atendían a una población superior a 300 mil niñas, niños y adolescentes, a un esquema de mayor coordinación con los municipios que actualmente permite alcanzar hasta 11 mil atenciones anuales.

La funcionaria señaló que este incremento en las atenciones no necesariamente representa un aumento de la violencia, sino una mayor capacidad institucional para identificar, atender y prevenir vulneraciones de derechos.

Asimismo, explicó que Tlaxcala ha impulsado reformas para fortalecer las procuradurías municipales y la Subprocuraduría de Protección, además de trabajar en la apertura del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, reconoció que persiste la falta de un sistema homologado de información que permita identificar riesgos y casos de violencia de manera oportuna.

Esta falta de información contrasta con la necesidad de dar seguimiento individual a niñas menores de 15 años embarazadas, particularmente cuando se trata de posibles casos de violencia sexual.

El proyecto fue seleccionado entre más de 100 propuestas presentadas en la convocatoria de cooperación México-Uruguay, de las cuales únicamente 12 fueron aprobadas. Para su desarrollo contará con un presupuesto de 100 mil pesos, dividido entre México y Uruguay para las actividades de cooperación e intercambio técnico.

Más que presentar nuevos mecanismos de atención, el proyecto plantea fortalecer la coordinación entre instituciones y establecer herramientas para la prevención, detección y atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

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