Tlaxcala, Tlax.- El día de hoy, la LXV Legislatura del Congreso del Estado concentró una amplia agenda de reformas enfocadas en materia electoral, educativa, laboral, fiscal y de derechos humanos, con iniciativas que buscan desde incorporar el lenguaje incluyente en la legislación electoral hasta sanciones por discriminación laboral por embarazo y reforzar la autonomía sindical en la entidad.
Lenguaje incluyente, entornos seguros y sanciones por discriminación, temas que llegan al pleno
A la asamblea llegaron las diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT), Maribel Cervantes Hernández y Silvano Garay Loredo, quienes propusieron reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para erradicar el uso del masculino genérico en la normativa local.
La propuesta plantea sustituir conceptos tradicionales como «consejeros», «magistrados» o «candidatos» por términos neutros como «consejerías», «magistraturas» y «candidaturas», además de eliminar disposiciones que justificaban el uso exclusivo del masculino por razones gramaticales.
La iniciativa también busca actualizar conceptos administrativos para armonizarlos con las recientes reformas constitucionales, incluyendo la denominación del Órgano Interno de Control y nuevas referencias a las figuras de representación política y cargos de elección popular. El proyecto fue recibido el pasado 26 de mayo por la Secretaría Parlamentaria para iniciar su análisis en comisiones.
Mientras tanto, en materia educativa, el diputado Jaciel González Herrera presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de establecer la orientación vocacional como una política obligatoria y permanente para estudiantes de secundaria y nivel medio superior.
La propuesta contempla evaluaciones institucionales para detectar aptitudes y talentos desde etapas tempranas, así como una coordinación directa entre escuelas, sectores productivos y asociaciones de profesionistas.
El legislador argumentó que la medida busca reducir la deserción escolar y vincular las capacidades de las juventudes con las necesidades económicas de Tlaxcala, especialmente en sectores como el artesanal, agrícola, industrial y de servicios. Además, incorpora un enfoque de igualdad de género para evitar que los estereotipos condicionen la elección profesional de mujeres y hombres.
A esta agenda se sumó la diputada priista Sandra Guadalupe Aguilar Vega, quien presentó una iniciativa para incorporar formalmente la perspectiva de género dentro de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar.
La reforma pretende tipificar la violencia de género dentro de los entornos educativos y obligar a las instituciones de nivel básico y medio superior a utilizar lenguaje incluyente y no sexista tanto en actividades académicas como administrativas.
La propuesta también contempla mecanismos de protección para la identidad y expresión de género del alumnado, además de fortalecer acciones frente a nuevas modalidades de agresión como el ciberacoso. El documento fue turnado a la Mesa Directiva el pasado 26 de mayo para su integración al proceso legislativo.
La bancada de Morena sube al pleno
En paralelo, la bancada de Morena presentó una iniciativa de armonización constitucional en materia de austeridad republicana y control del gasto público. El proyecto busca limitar el presupuesto anual del Congreso local a un máximo equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal, además de reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y restringir privilegios económicos dentro de organismos electorales como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
La propuesta establece que las medidas presupuestales entrarían en vigor a partir de la instalación de la LXVI Legislatura en 2027 y contempla que los ahorros generados sean destinados a obra pública municipal.
Avanza autonomía sindical y sanciones por intervención gubernamental
Por otra parte, los diputados Engracia Morales Delgado y Bladimir Zainos Flores, de Nueva Alianza Tlaxcala, impulsaron una reforma para blindar la autonomía sindical y sancionar cualquier acto de intervención gubernamental en procesos internos de sindicatos. La iniciativa adiciona el artículo 50 Bis a la Ley Laboral de los Servidores Públicos y tipifica como faltas graves prácticas como condicionar prestaciones, coaccionar votos o utilizar recursos públicos para influir en elecciones sindicales.
El proyecto ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales y será sometido próximamente a votación del Pleno.
Lo que se aprobó en el Congreso de Tlaxcala
Dentro de los trabajos parlamentarios también avanzó el dictamen impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. La iniciativa propone ajustar los plazos de entrega de informes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en años de transición gubernamental y obliga a los entes públicos a digitalizar la documentación comprobatoria de sus cuentas públicas.
Las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización, así como la de Puntos Constitucionales, emitieron un dictamen favorable al considerar que la medida fortalece la eficiencia administrativa y agiliza la revisión de expedientes financieros.
En la sesión de este 28 de mayo también se formalizó la creación de una Comisión Especial encargada de sustanciar la solicitud de Juicio Político promovida contra Emmanuel Ávila González, consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El órgano será presidido por el diputado Vicente Morales Pérez y contará con un plazo de 15 días hábiles para recabar pruebas y presentar un informe preliminar sobre el expediente parlamentario.
Finalmente, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la iniciativa promovida por la diputada Maribel León Cruz para sancionar la discriminación laboral por embarazo y puerperio. La reforma modifica el Código Penal local y otras disposiciones estatales para imponer penas de prisión a quienes nieguen empleo, ascensos o derechos laborales por motivos de maternidad.
El dictamen también prohíbe la solicitud de certificados de no gravidez y obliga a las instituciones públicas a desarrollar políticas de prevención y atención contra este tipo de violencia laboral. La propuesta toma como referencia cifras de la ENDIREH 2021, que ubican a Tlaxcala entre las entidades con mayor incidencia de discriminación laboral contra mujeres embarazadas.
Con este paquete de iniciativas y dictámenes, el Congreso local mantiene abierta una agenda legislativa centrada en derechos humanos, austeridad, fiscalización, igualdad de género y reconfiguración institucional, en medio del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.
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