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Agricultores de Nanacamilpa acusan que fueron detenidos con uso de la fuerza por elementos de la policía estatal, pese a ello, vocero dio a conocer que hubo saldo blanco durante el operativo.
Tlaxcala, Tlax.- La noche del lunes 6 de abril, el bloqueo carretero en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, terminó en un operativo de desalojo por parte de fuerzas estatales que, de acuerdo con testimonios de los propios manifestantes, se ejecutó con uso de la fuerza, afectando a infancias, mujeres, personas adultas mayores y agricultores. Los reportes refieren que los asistentes fueron rociados con agua y sometidos físicamente para liberar la vialidad, tras más de 24 horas de cierre en el marco de un paro nacional del campo.
Durante la mañana del 7 de abril, Emilio Taboada y su padre, Adrián Taboada, integrantes del movimiento agropecuario de la región, denunciaron haber sido privados de su libertad por elementos de seguridad estatal. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando fueron retenidos en el contexto del operativo y trasladados al C2 de Santa Cruz, para posteriormente ser liberados.
Emilio Taboada afirmó que durante el proceso fue agredido físicamente y sostuvo que los elementos policiacos le indicaron que la acción respondía a instrucciones superiores, por lo que responsabilizó directamente a la gobernadora Lorena Cuéllar por estos hechos.
Pese a la ola de violencia que vivieron, Emilio Taboada advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno atienda de fondo las demandas del sector.
Exigencias de agricultores de Nanacamilpa
Los productores que participaron en el bloqueo han reiterado que su movilización responde a una serie de exigencias que consideran estructurales y no atendidas. Entre ellas destacan la necesidad de establecer precios justos para los productos del campo, particularmente granos básicos, así como la regulación de prácticas comerciales que consideran desfavorables dentro de esquemas como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A ello se suma la exigencia de condiciones de seguridad en carreteras, ante hechos de violencia que han afectado a transportistas y productores, incluyendo apoyos para familias de víctimas. De acuerdo con los propios manifestantes, estas demandas no son nuevas y forman parte de un reclamo sostenido que ha escalado ante la falta de acuerdos concretos.
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Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores tras no haber seguido la vía del dialogo
En respuesta a los hechos, el vocero de comunicación del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló durante el “Diálogo Circular” del 7 de abril que el operativo se realizó tras la negativa de los manifestantes a liberar la vialidad, pese a los llamados reiterados al diálogo, y afirmó que la intervención se llevó a cabo conforme a protocolos institucionales.
«Ya la Federación había dialogado con este grupo, el viernes se reunirían la Secretaria de Gobernación con Rosa Icela Rodríguez y el lunes con la gobernadora del Estado y sin embargo decidieron no seguir en esa vía del dialogo y construcción de acuerdos»
De acuerdo con el posicionamiento emitido por el Gobierno de Tlaxcala, el bloqueo se prolongó por más de 24 horas y generó afectaciones significativas a la movilidad, con filas vehiculares de varios kilómetros, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer la circulación.
En ese mismo pronunciamiento, la administración estatal subrayó que el uso de la fuerza se realizó bajo criterios de proporcionalidad y en apego a protocolos establecidos, mediante el empleo de recursos disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la concentración y recuperar el control de la vialidad.
En este sentido, el Gobierno de Tlaxcala reiteró que el objetivo del operativo no fue confrontar a los manifestantes, sino garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones a terceros, como el acceso a servicios básicos y el traslado de mercancías.
El gobierno estatal, a través del vocero, aseguró que la operación concluyó con “saldo blanco”, sin personas detenidas, aunque sí con individuos presentados a comparecer en el marco de denuncias relacionadas con la obstrucción de vías de comunicación, razón por la que fueron llamados Adrian y Emilio Taboada.
Sin embargo, Martínez Velázquez ha señalado en ocasiones anteriores que las personas que se manifiestan por esta causa son oportunistas, que no pertenecen al sector agrícola y que el movimiento tiene tintes partidistas, situación que volvió a referir, al mencionar lo siguiente:
«Sobre el tema de la afiliación partidista de estas personas, no es algo que sea un secreto, ahí hay fotos y es normal que los opositores también se organicen políticamente, y yo creo que en ese sentido hay total libertad de la manifestación de las ideas, inclusive afectando los derechos de otros como lo que sucedió»
Pese a ello, Martínez Velázquez negó que exista persecución política o social en contra de los manifestantes, al tiempo que subrayó que cualquier consecuencia legal derivaría únicamente de denuncias presentadas ante instancias competentes por posibles delitos del ámbito local o federal. Asimismo, se hizo hincapié en que que las autoridades actuaron tras reportes por la obstrucción de una vía federal, situación que incluso fue notificada a instancias como la Fiscalía General de la República.
El episodio ocurrido en Nanacamilpa se inserta en un contexto más amplio de inconformidad del sector agrícola en Tlaxcala, que desde finales de 2025 ha mostrado signos de tensión que van en incremento.
Hasta el momento se han registrado cinco bloqueos; si bien en meses previos no se habían documentado cierres de gran magnitud en ese municipio, sí existían antecedentes de afectaciones en tramos del Arco Norte y otras vías estratégicas dentro de la entidad, en el marco de movilizaciones nacionales que han tenido eco en distintas regiones del país.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, aseguró esta mañana que la actuación de la dependencia respondió a una obligación institucional para intervenir y evitar afectaciones a terceros, subrayando que no podía permitirse que el bloqueo derivara en un impacto mayor a la economía, al advertir que este tipo de cierres paraliza el flujo de millones de pesos.
«No podemos permitir que todo esto vaya en decremento de la economía del país, porque se paran millones de pesos»
Añadió que la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio como respuesta a un reclamo ciudadano y en el marco de sus atribuciones, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades económicas.
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