Tlaxcala, Tlax.- El presidente de comunidad de San Miguel del Milagro, Alfonso Benítez Sartillo, denunció que el alcalde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, se niega a reconocerlo como autoridad, pese haber sido electo por segundo año consecutivo en asamblea comunitaria. A la par, acusó que el Tribunal Electoral de Tlaxcala ha solicitado repetir el proceso con la presencia del ayuntamiento y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), esto pese a que su nombramiento ya fue validado el pasado 29 de diciembre de 2025.
El líder comunitario señaló que las autoridades municipales desconocen la voluntad de la asamblea, considerada la máxima autoridad de la población, la cual ratificó por segunda ocasión a Benítez Sartillo como presidente de comunidad. Dicha elección —aseguró— quedó asentada en el libro de actas, documentos que Murias Juárez se rehúsa a validar bajo el argumento de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no estuvo presente durante el proceso.
Benítez Sartillo aseguró que, desde enero de 2026, el ayuntamiento ha retenido los recursos correspondientes al gasto corriente y las remuneraciones de la presidencia de comunidad. Este bloqueo económico ha representado un obstáculo para el desarrollo local; no obstante, afirmó que la comunidad ha logrado sostenerse de manera autónoma.
La asamblea comunitaria como máxima autoridad
En entrevista para Escenario Tlx, Alfonso Benítez comentó que la comunidad forma parte de las 94 comunidades nahuas y equiparables que se rigen por usos y costumbres, teniendo como base central la asamblea comunitaria como figura de máxima autoridad y que es reconocida por el propio pueblo por encima de cualquier instancia externa. Es en este espacio donde los pobladores “toman las decisiones fundamentales” que rigen la vida colectiva y las normas internas de San Miguel del Milagro.
Relató que el proceso de elección inicia con la emisión de una convocatoria dirigida a toda la comunidad, realizada con al menos tres días de anticipación al 29 de diciembre de cada año. Durante la asamblea se instala la mesa de debates, encargada de dar fe y legalidad al proceso, incluidos los conteos de votos, así como a las decisiones y acuerdos que de ella emanen.
Asimismo, explicó que el método de votación utilizado por la comunidad consiste en la formación de filas frente al candidato y, en algunos casos, mediante voto a mano alzada y señaló que el “libro de actas” es el documento central e histórico que ha otorgado legitimidad a las decisiones comunitarias, integrado por actas foliadas que datan desde 1902.
Este registro —explicó— es fundamental para la comunidad, ya que contiene el listado de todos los presidentes que han servido por más de un siglo y funciona como prueba de la continuidad de la representación comunitaria, así como de la voluntad colectiva en la toma de decisiones.
Lo que el alcalde de Nativitas niega
Tras la asamblea general celebrada el 29 de diciembre de 2025, en la que Alfonso Benítez Sartillo fue electo por segunda ocasión, el líder comunitario denunció la existencia de una “mano negra” en el proceso. Señaló que, pese a que su nombramiento fue legitimado mediante el libro de actas, se intentó invalidar el resultado con base en una “hoja suelta” de libreta presentada por un grupo opositor que, afirmó, está vinculado al Partido Alianza Ciudadana (PAC).
Durante el conteo de votos de dicha jornada, en la que contendieron Ángel Vega y Alfonso Benítez, este último obtuvo al menos 88 votos a su favor, frente a los 32 alcanzados por Ángel Vega. El resultado derivó en su reelección para un segundo periodo de gobierno comunitario; sin embargo, Vega manifestó su inconformidad, lo que generó tensiones entre integrantes de la comunidad e incluso intentos por interrumpir la asamblea.
Ante este escenario, el presidente de la mesa de debates —máxima autoridad durante la asamblea comunitaria— procedió a formalizar el nombramiento de Benítez Sartillo como presidente electo y a entregarle en resguardo el libro de actas.
El líder comunitario subrayó que, al tratarse de una comunidad regida por usos y costumbres, no existe la obligación de solicitar la presencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y aunque en ocasiones se ha requerido de su intervención, insistió en que su participación no es determinante para validar los consensos alcanzados por la asamblea.
En este contexto, calificó como “increíble” e “incongruente” que las autoridades den mayor valor probatorio a una “libreta común”, misma que fue presentada ante las autoridades municipales y electorales antes que al contenido del libro de actas, documento histórico que respalda las decisiones comunitarias.
Asimismo, denunció que el alcalde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, se ha negado a reconocerlo como autoridad comunitaria bajo el argumento de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no estuvo presente para “dar fe de la asamblea”. Para Benítez Sartillo, esta postura institucional desconoce años de registro comunitario y privilegia documentos sin formalidad, lo que —afirmó— evidencia una falta de perspectiva intercultural por parte de las autoridades municipales y electorales estatales.
El presidente electo argumentó que el tribunal falló al no aplicar una perspectiva intercultural, la cual, sostuvo, obliga a los jueces a investigar y respectar los sistemas normativos comunitarios en lugar de imponer criterios estatales o administrativos como la presencia obligatoria del ITE.
Las consecuencias tras la negación del reconocimiento de San Miguel del Milagro
Elia Díaz Ramírez, tesorera de la comunidad, señaló que, tras la negativa de reconocimiento por parte del alcalde, han enfrentado el bloqueo de recursos financieros, lo que ha afectado a la población desde enero, particularmente en el gasto corriente y las remuneraciones personales.
Por su parte, el presidente comunitario indicó que el monto retenido por mes de aproximadamente 25 mil pesos mensuales, cantidad que calificó como insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la comunidad. Subrayó que San Miguel del Milagro requiere una inversión constante en infraestructura, debido al alto flujo de peregrinos y visitantes que acuden a la basílica local.
La “asfixia”, señalaron, no se limita al ámbito económico, sino que también se extiende al plano administrativo. Benítez Sartillo denunció que no ha sido convocado a sesiones de cabildo —espacio en el que debería contar con voz y voto—, además de que se le ha negado el acceso al techo financiero destinado a obra pública. A pesar de estas limitaciones, aseguró que la estructura comunitaria no ha colapsado y continúa operando de manera independiente.
“Se ha estado trabajando con normalidad… realizándose las festividades, los rondines, el aseo y el pago de la luz para el sistema de agua potable”, afirmó.
Esta versión es respaldada por la tesorera Elia Díaz Ramírez, quien sostuvo
“Nuestro pueblo está en calma, estamos trabajando como se debe, atendiendo a la comunidad… no hay ningún reporte que diga que no estamos cumpliendo con nuestros cargos”.
No obstante, reconocieron que el bloqueo comienza a generar afectaciones en sectores clave. Entre ellos, mencionaron recortes en apoyos a preescolares y jardines de niños, así como a expresiones culturales como el grupo de “moros” de San Miguel del Milagro y celebraciones comunitarias, entre ellas el Día del Niño y el Día de las Madres.
Finalmente, Díaz Ramírez subrayó la conciencia comunitaria sobre sus derechos y advirtió:
“No rebasen nuestra ignorancia porque no somos ignorantes. Sabemos nuestros derechos… estamos en una comunidad muy rica en historia”.
Ante un Estado impositivo que frena la autonomía
Para Parastoo Anita Mersi —doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañante legal de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala—, asegura que estas comunidades se enfrentan un “Estado impositivo” que, históricamente, ha buscado la homogeneización mediante políticas que, afirma, “inducen al etnocidio”, al despojar a los pueblos de sus formas de organización y de conocimiento que han perdurado hasta la actualidad.
En el caso de San Miguel del Milagro, este “etnocidio” se traduce en la imposición de requisitos ajenos a la comunidad, como la exigencia de la presencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) durante la asamblea.
En ese sentido, el presidente comunitario señaló que, tras el juicio SCM-JDC-12/2026 emitido por la Sala Regional Ciudad de México, el instituto local le solicitó repetir el proceso electivo, condicionándolo a la presencia del ayuntamiento, Protección Civil y del propio ITE, con el fin de validar un nombramiento que —subrayó— ya había sido legitimado por la comunidad.
El testimonio de Benítez Sartillo también apunta a la intervención de actores políticos externos, particularmente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), al que señala como un factor de desestabilización. Según su versión, este tipo de injerencia ha propiciado la organización de grupos al interior de la comunidad para intentar reventar la asamblea y generar actas paralelas en documentos que no forman parte del libro de actas.
Así, lo que en apariencia podría interpretarse como un conflicto interno, en realidad refleja una disputa más amplia entre la comunidad y las instituciones del Estado. En ese contexto, Mersi advierte —como lo expone en El derecho electoral indígena en México: retos y desafíos (2020)— que, en ocasiones, las autoridades “parecieran estar coludidas con partidos y organizaciones políticas para generar divisionismo, competencia, violencia y miseria en las comunidades”.
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